De nuevo sobre las descargas

Lobisón

El nombramiento de Ángeles González-Sinde como nueva ministra de Cultura ha provocado una inmediata reacción hostil de los defensores de las descargas P2P en internet, ya que se la considera portavoz de la línea dura de autores y productores que quieren ilegalizarlas. La idea, ya adelantada por el anterior ministro, es introducir en España (y en la UE si se puede) una legislación como la que se halla en trámite parlamentario en Francia.

 

Trámite de momento infeliz, porque a la hora de votar en comisión algunos diputados no se presentaron, otros dos se rebelaron, y la ley no fue aprobada. Ahora deberá pasar de nuevo por la Asamblea y el Senado, y quizá eliminen algunos aspectos que han suscitado discusión, pero no es probable que dejen de sacarla adelante.

 

En los mismo días se ha conocido en España la primera sentencia condenatoria (en Logroño) contra el creador de una página de descargas. El argumento es que había ánimo de lucro porque los usuarios debían registrarse en la página y recibir publicidad, por la que el responsable de la página recibía ingresos. Hasta ahora la ausencia de lucro había llevado a la absolución de los acusados de promover las descargas P2P.

 

Algo en lo que conviene hacer hincapié es que cualquier legislación ‘prohibicionista’ va a provocar una fuerte resistencia, porque las descargas son ya una cultura y un uso social muy extendido entre los jóvenes con acceso a internet. Se podría pensar que éste es un costo necesario para restablecer los derechos de los autores, pero hay razones para pensar que el objetivo está mal planteado.

Como argumenté en un artículo anterior (http://www.debatecallejero.com/?p=875, 2 de enero), la caída de las ventas de DVDs y CDs se debe más a un cambio en los hábitos de consumo que a la competencia ilícita de las descargas. Sus precios han subido considerablemente más que el poder adquisitivo medio, y como soportes son incómodos y a menudo dejan bastante que desear. Para colmo de males, los DVDs suelen publicarse varios meses después del estreno de la película, con la idea de no restar espectadores a las salas.

 

Esta idea es probablemente equivocada, ya que si la gente va menos al cine es por razones sociológicas, comenzando por la disponibilidad de la televisión y su propia oferta de series y películas: el retraso en la aparición de los DVDs sólo fomenta las descargas y la aparición de DVDs piratas entre quienes en ningún caso van a las salas. Cabe pensar así que la estrategia defensiva de las productoras las está llevando a una crisis doble, ya que no sólo ven disminuir sus ingresos sino que ponen en su contra a un sector significativo del público.

 

Por su parte, la SGAE, a la vez que pretende cobrar derechos de autor por casi cualquier forma de reproducción —hasta extremos un poco grostescos—, impulsa un canon sobre los equipamientos que permiten no sólo la reproducción sino muchos otros usos informáticos. Hay un riesgo cierto de que la hostilidad que está provocando el canon (sobre todo entre los jóvenes) termine provocando una reacción contraria a sus intereses.

 

Sin embargo la imagen de los autores esquilmados por las descargas provoca simpatía, y está llevando a los gobiernos a una espiral prohibicionista que puede ser tan equivocada como la estrategia defensiva de las productoras o la estrategia ofensiva de la SGAE. Las leyes que se apuntan son muy discutibles e irritantes en lo que respecta a las libertades personales, y pueden resultar inaplicables en la práctica, por razones técnicas y jurídicas, más allá del coste político que pueda suponer su introducción.

 

Como sabemos, la experiencia histórica de la ilegalización de usos sociales extendidos no es muy positiva. La prohibición del alcohol en Estados Unidos (1919-1933) fue un claro fracaso, y cualquier persona con dos dedos de frente sabe ya que la prohibición de las drogas no sólo no ha reducido el consumo sino que ha creado formidables poderes paralelos que corrompen a los gobiernos cuando no les disputan abiertamente el monopolio de la violencia.

 

¿Por qué insistir entonces en legislaciones prohibicionistas como respuesta al auge de las descargas? La principal razón es la incapacidad de las productoras para lanzar un nuevo modelo de negocio a través de internet, capaz de competir con las descargas gratuitas, pero no parece fácil que esa incapacidad se resuelva pronto. El deseo de las productoras de desarrollar plataformas propias y su obsesión por evitar copias ilegales —que complica la vida de forma innecesaria al comprador—, chocan con la alternativa más racional y simple, el pago por suscripción (por tramos de volumen de descarga, incluidos en la tarifa de acceso a internet) a una plataforma común o a varias de acceso general.

 

Postdata. Comentando mi anterior artículo sobre este tema don Cicuta me atribuyó una algo misteriosa defensa del ‘comunismo de consumo’. En realidad se trata de una propuesta de biblioteca virtual que tenga un precio de suscripción suficientemente bajo como para atraer a la mayoría de los usuarios de internet, y que por estar siempre disponible reduzca las descargas obsesivas y el coleccionismo maniaco. Pero don Cicuta tampoco cree en las bibliotecas, ay.