De nuevo, el regionalismo

Jon Salaberría

En los tiempos que nos toca en suerte vivir, si hay algo que sorprende  servidor es la excesiva importancia cualitativa que, dentro del debate político y de la contienda partidaria sigue teniendo la pulsión territorial. Siempre he pensado que, dejando al margen las cuestiones puramente sentimentales, el identitarismo, el exquisito gusto (¿o es culto?) por la historia que derrochan tanto los nacionalistas periféricos como los centralistas, las cuestiones territoriales deberían ceñirse a la optimización de una estructura administrativa, que a todos y todas interesa que sea funcional y práctica. De ahí mi sorpresa: ante las gravísimas derivadas sociales que tiene la recesión, episodios como el del reto soberanista catalán son capaces de hacer gravitar sobre sí el interés y poner en jaque la fortaleza del sistema constitucional más de lo que puedan hacerlo las cifras insoportables de desempleo o, en la Comunidad Autónoma de Catalunya, los efectos de los recortes presupuestarios que CiU lleva ejecutando ya desde fines de 2010 y en dos legislaturas diferentes, con la anuencia antes del PP, ahora de una ERC que ha subordinado su “alma social” a la soberanista.

Pues por si lo veía lejano, de una forma igualmente sorprendente, en la mitad oriental de la Comunidad en que habito, la pulsión territorial acaba de hacer aparición, desenterrando argumentos y pretensiones que desde la lejanía del proceso autonómico de 1979 habían desaparecido, o simplemente habían ocupado un lugar puramente anecdótico en los medios y en las discusiones. Sin las mismas características que en las demás “nacionalidades históricas”, eso sí. La aparición de una pulsión regionalista que propugna la secesión de las provincias orientales andaluzas tienen rasgos e historia propios, y la reaparición en el debate político no es casual: obedece a la especial conformación demoscópica de las provincias orientales: dominadas por el Partido Popular frente a la todavía pujanza del voto socialista en la cuatro provincias orientales. El enfrentamiento institucional entre las Administraciones locales regidas por el PP en las provincias orientales (Diputaciones y grandes Ayuntamientos, que incluyen a las capitales de provincia) con la Junta de Andalucía empieza a derivar por la pendiente del agravio comparativo y las acusaciones de centralismo. La apelación al espíritu de pertenencia a la “patria chica” viene a ser un medio de intervenir en la contienda política más eficaz que el debate presupuestario. Mucho más simplificador. El “Sevilla nos roba” y el victimismo consecuente comienzan a considerarse potenciales generadores de rédito político frente al debate ideológico en una Comunidad que antes fue granero inexpugnable y hoy modelo de alternativa gracias al acuerdo PSOE-IU.

La pulsión regionalista de Andalucía Oriental pretende fundamentarse en un argumento “fuerte” que, curiosamente, está puesto en duda por buena parte de la doctrina administrativista y una parte igualmente importante de la ciencia histórica: la casi “perfecta” correlación entre la división provincialista de 1833 y los territorios que conformaron, hasta entonces, los Reinos de Granada y de Jaén. El nuevo regionalismo andaluz-oriental reivindica la existencia de una región histórica previa al proceso descentralizador del Título VIII de la Constitución: una región conocida históricamente como Región de Granada, Alta Andalucía o Andalucía Oriental, denominaciones todas que fue recibiendo en los diferentes intentos de regionalización a partir del siglo XIX, y que en diferentes etapas ha tomado forma en la organización militar, universitaria, eclesiástica, gremial y administrativa. Estas nuevas instancias de opinión consideran la reivindicación del papel de las Diputaciones Provinciales como entes públicos que encarnan a la perfección el papel de instrumentos de descentralización política administrativa, justo en un momento en el que se debate el papel de las mismas. Casualmente en el momento en el que la reforma local podría darles nueva vida frente a las opiniones que piden su reducción a simples redes de municipios para la gestión de servicios, aunque adelgazadas en competencias y medios o defienden su desaparición a favor de mayor protagonismo de las Comunidades o de nuevos “Consejos Municipales”. Desde Granada, la “Plataforma por Andalucía Oriental”, entidad asociativa que, desde una posición política totalmente minoritaria y desde sus resultados “residuales” en sus intentos electorales de 2011 y 2012 comienza ahora a tomar protagonismo en el mundo de las redes sociales y con vocación de “lobby granadinista”, sugiere, en este sentido, “una descentralización eficiente sin multiplicidad de cargos entre administraciones, reduciendo el gasto actual sin rebajar el nivel de representación institucional. Para ello, como propuesta de futuro, valoramos que el parlamento regional esté integrado por los diputados de las Diputaciones Provinciales, suprimiendo el gasto del conjunto de diputados autonómicos y de delegados provinciales, a la vez que se mantiene la representación institucional y las competencias de la región y de sus provincias”.

El nuevo regionalismo andaluz-oriental se posiciona en el ámbito de la oposición frontal a las pretensiones de los nacionalismos. Su vocación de “solidaridad” dentro de la unidad del Estado español, como lema, le llevó ya en su momento a una oposición frontal al proyecto de “Estado Libre Asociado” de Ibarretxe y a la promulgación del nuevo Estatut catalán. De ahí que pese a la pretendida alineación en términos de transversalidad política, todo apunta a una clara línea ideológica. El recurso de referencia, el proyecto de Mancomunidad de Andalucía Oriental de 1921, deja a las claras la que sería la meta: la constitución de una “región (Comunidad) con autonomía plena”, ya en el horizonte de una reforma constitucional, ya en el iter constitucional previsto y vigente.

¿Tiene rostro este regionalismo de nuevo cuño? Su rostro político no pasa de la anécdota, por lo menos en lo que se refiere a siglas electorales. Su expresión pionera, la URAL (Unión Regionalista Almeriense), casi extinta, no pasó de porcentajes ínfimos (apenas 1.520 votos en las elecciones autonómicas andaluzas de 2000, su mayor “éxito”); el Partido Regionalista de Andalucía Oriental obtuvo guarismos similares en 2011 en su “plaza fuerte”, Granada. El Partido de Almería, PdeAl, fundado por el ex alcalde ejidense Juan Enciso, que llegó a cogobernar la Diputación almeriense con el PSOE, decía beber de fuentes doctrinales similares, si bien, como saben, era una operación personalista de final abrupto.

Si su rostro político es menos que testimonial con siglas propias, no así su traslación al debate de los partidos con representación y al citado enfrentamiento institucional. Y ello tiene su reflejo tanto en la opinión pública como publicada. Así, expresaba Antonio Méndez en “Málaga Hoy” que “existe una Málaga rebelde, casi sin órganos representativos de la región, y el que tenía, la Confederación Hidrográfica del Sur, lo perdió”. Los escasos periodos de tregua han sido insuficientes para que amaine una tormenta perfecta de quejas y de sentimiento de agravio ante lo que el Partido Popular llama centralismo. Un caldo de cultivo ideal que ha alimentado los localismos en Málaga, Granada y Almería. “La centralización enorme, brutal, en una región tan grande ha sido un gran error”, asegura el alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre. La cohabitación durante 17 años entre un ejecutivo del PP en la principal ciudad de la provincia y uno regional del PSOE explican muchas disputas de las suscitadas. Este patrón se repite en las grandes ciudades de los territorios citados, y es el que explica la nueva oleada localista.

Concluye el Profesor Fernando Fernández-Llébrez (Universidad de Granada) aportando razones adicionales por las que este debate vuelve a emerger desde 1979-1980: la falta de desarrollo de “cierta cultura abierta y cosmopolita” y apunta que el mantenimiento de la mentalidad localista “no ha sido discutido ni social ni políticamente lo suficiente como sería necesario”. En su opinión, “la débil conciencia de Andalucía como un único territorio, lo que se vincula con la escasa vertebración del transporte público ferroviario en Andalucía, y la excesiva definición de dicho proyecto desde concepciones de agravio comparativo son armas de doble filo. Ni son buenas para la configuración de la propia comunidad autónoma, ni tampoco para su articulación interior”.

Por lo tanto, y aunque líderes como el socialista granadino Álvarez de la Chica restan importancia al fenómeno, la actual Administración de la Junta no deberá perder de vista, junto al combate contra la exclusión social que ha caracterizado sus medidas políticas de más cuño en este período, los intentos de que se sume un factor de desestabilización (con no poca artificialidad) territorial a la fractura social con la que la recesión económica castiga a la Comunidad.