Credibilidad

Aitor Riveiro

La trama (o tramas) de espionaje destapada(s) por el diario El País en los últimos día presenta dos vertientes muy interesantes. Por un lado, la netamente política, el fondo de la cuestión y las consecuencias que tiene y tendrá el hecho de que en el partido con más afiliados de España ciertos militantes se estén espiando los unos a los otros.

En la otra cara de la moneda se puede analizar el tratamiento informativo que de la noticia están dando los diferentes medios y que revela, a las claras, quién es quién en el panorama periodístico español.

Primero, veamos los hechos. El País reveló el pasado lunes la existencia de una trama de espionaje que tiene sus raíces en lo más profundo del Gobierno regional de Madrid y del partido que lo sustenta. El PP vive desde marzo del pasado año una guerra interna por la sucesión de un líder, Mariano Rajoy, al que todos dan ya por amortizado y que, hasta ahora, sólo se ha salvado por la impaciencia de los llamados a sucederle.

Según lo publicado por Francisco Mercado en el diario líder de España, al menos dos grupos de ex miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han dedicado en los últimos meses (¿años?) a espiar a los miembros del Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre.

Uno de esos grupos se ha dedicado a recopilar información para realizar dossieres comprometedores de los enemigos políticos de Aguirre: el vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero de Justicia de la propia CAM,  Alfredo Prada, quien cayó en desgracia cuando mostró su apoyo a Rajoy en el último congreso del PP celebrado en Valencia.

Enfrente, otro grupo ha espiado a miembros del PP afines a Aguirre, como el vicepresidente de la CAM, Ignacio González, y candidato a presidir Caja Madrid, uno de los muchos ‘qui prodest’ que se  barajan para explicar los hechos.

No está claro, de momento, quién ha montado los distintos operativos, ante quiénes respondían ni con qué objetivos. Tampoco se sabe, y es muy importante, quién paga los servicios prestados, habida cuenta que Madrid no cuenta entre sus partidas con ‘fondos reservados’, lo que hace más difícil que el dinero haya salido directamente de las arcas públicas, aunque la economía creativa a la que nos tienen acostumbrados ciertos políticos puede facilitar mucho las cosas.

En cualquier caso, la cuestión política del caso comienza apenas a vislumbrarse. Mariano Rajoy ya ha iniciado, vía Dolores de Cospedal, una investigación interna cuyos primeros resultados demuestran su nula ascendencia sobre el partido que él mismo dirige: dos de los principales implicados en la trama. Un tal Gamón, que ya estuvo implicado en el robo de un ordenador en la Consejería de Justicia cuando el mencionado Prada fue destituido; en dicho ordenador se almacenaban unos dossieres que podrían resultar muy interesantes y que resolverían, o aclararían, asuntos tan turbios de la Comunidad de Madrid como la corrupción en Ciempozuelos, de donde Francisco Granados, actual secretario general del PP en Madrid y consejero de Presidencia, fue alcalde. Casi nada. Y un tal Peña, que ya hizo sus pinitos al inventarse una relación entre Afinsa y Zapatero que le valió a El Mundo su enésima sentencia por inveraz.

Y es que en todo este asunto del que nada parece claro sí hay algunas cosas muy claras. El diario El País tuvo acceso antes del verano a las informaciones que ha publicado estos días. En un primer momento, tanto desde El Mundo como desde la Cope se tildaron las exclusivas del periódico de Prisa de “invención”. Ese mismo calificativo han lanzado Aguirre, Granados, González o el nunca suficientemente ponderado Juan José Güemez, a la sazón consejero de Sanidad y yerno de un señor de Castellón que se apellida Fabra.

En Miguel Yuste siguen esperando la primera denuncia del Gobierno de Madrid o de alguno de sus miembros a título personal. Pero no parece que tal cosa se vaya a producir, mucho menos tras lo que han publicado los medios antes citados. Y es que donde antes veían “invenciones” ahora tienen informaciones.

El primero en abrir fuego fue El Mundo, destapando una supuesta organización parapolicial en el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el  ‘popular’ Alberto Ruiz-Gallardón, y cuyos miembros, agentes de la Policía Municipal, tienen encomendada la misión de vigilar a los cargos del municipio. Lo que viene siendo unos escoltas, pagados del erario público según la legislación vigente, con luz y taquígrafos.

La denuncia de esta ‘no trama’ la realizó un sindicato policial que se quejaba de que los miembros de dicho grupo han sido objeto de abusos laborales: no librar cuando les toca, por ejemplo. Para ser unos espías “parapoliciales” tienen unas exigencias que poco tienen que ver con lo que aprendimos en las películas de James Bond.

Pero es que, para más inri, la misma denuncia ya se publicó en LaNación.es, un periódico digital del grupo Intereconomía que les invito a no visitar. La exclusiva no sólo era una nimiedad, sino que tenía de exclusiva lo mismo que los acontecimientos que dieron lugar a las Guerras Púnicas.

En un segundo capítulo, El Mundo publicó ayer que otro miembros del PP, este parte de la dirección nacional y hombre de confianza de Aznar en su época, mostró unos ‘dossieres’ (¿otros? ¿los mismos?) a Rajoy que implicaban en asuntos turbios a medio Gobierno regional de Madrid. Rajo avisó a Aguirre, que se dio por enterada y trasladó el recado a sus consejeros. Éstos acudieron por orden a Génova a rendir cuentas y santas pascuas.

Federico Jiménes Losantos, y la Cope con él, han ido a remolque no sólo de El País, sino también de El Mundo en todo este asunto. Sin embargo, ávido de protagonismo como siempre, el director de La Mañana de la Cope ha tratado de acaparar la atención y ha acusado a Prada de conspirar para asesinar a Rajoy y a Aguirre en el famoso accidente de helicóptero que ambos sufrieron en Móstoles hace ya unos meses. Ahí es nada.

A partir de ahora, veremos cómo la información se intoxica, se entremezcla y se desvía. La clave está en la credibilidad de quien nos lo cuente.