Contradicciones migratorias

Mimo Titos

El Grupo parlamentario socialista pone hoy en marcha la reforma acordada en el reciente Congreso del Partido por la que se pretende permitir el voto de los inmigrantes en las elecciones municipales. ¡Bien! Me alegré cuando escuché la propuesta y me alegra todavía más que el Presidente Zapatero haya decidido que ésta sea la primera de las reformas a poner en práctica. Es de justicia que todos los vecinos tengan voz y voto en los asuntos vecinales, algo que la Unión Europea ya impuso en el pretérito Tratado de Maastricht para los nacionales de los Estados Miembros con residencia en otro Estado Miembro distinto del de su nacionalidad. ¿Por qué los europeos sí habrían de poder votar sobre los impuestos locales y no los no europeos que están igualmente obligados a pagarlos?

Cabría ir más allá y extender el derecho al sufragio activo también a las elecciones autonómicas e incluso a las generales. Ya puestos… Sin embargo, la prudencia aconseja ir paso a paso, especialmente respecto a las elecciones legislativas en las que se dilucidan cuestiones en las que los inmigrantes deberían tener derecho a votar pero también otras en las que sus intereses como nacionales de otros países podrían, al menos teóricamente, chocar contra los intereses nacionales de España. En todo caso, lo mínimo que cabría exigir para permitir que un extranjero de un país concreto votara en las elecciones generales españolas sería que los españoles que habiten en dicho país gozaran del derecho recíproco. Exigencia que, al parecer, también se va a plantear para la extensión del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales, algo que a mi juicio carece de todo sentido.

De alguna manera hay que medir el arraigo y estará bien que la subcomisión parlamentaria que estudie el asunto defina algunos criterios restrictivos tales como una antigüedad de vecindad legal mínima antes de poder votar, quizás incluso la propiedad de un bien inmueble en la localidad, etc. Pero no hay ninguna razón por la que se deba condicionar tal derecho a que el país de origen permita que los españoles voten en las elecciones locales recíprocas. ¿El paquistaní que lleva diez años residiendo en Barcelona sólo podrá votar si Pakistán acuerda la extensión de tal derecho a los escasísimos residentes españoles en sus ciudades? ¿Y qué decir del chino que vive legalmente en Usera (Madrid) y cuyo derecho dependería de un irrealizable derecho recíproco de los españoles en las inexistentes elecciones locales en, digamos, Shanghai?

Tal condición convertiría la propuesta en algo bastante parecido a un brindis al sol, especialmente sabiendo que algunos países, como Ecuador que tiene a varios cientos de miles de nacionales asentados legalmente en España, no podrán nunca acordar tal derecho para los españoles allá al estar prohibido por la Constitución.

El 37 Congreso del PSOE también acordó la entrada en la Ejecutiva Federal de una dominicana, otro paso a aplaudir dado que las estructuras políticas deberían adaptarse con prontitud a la nueva realidad ciudadana española, en la que más de un 10% de la población es de origen extranjero, algo que supone un cambio radical para nuestro país pero que es la norma en Europa desde hace décadas. Las calles de nuestras grandes ciudades empiezan a llenarse de árabes, latinos, mestizos, negros y asiáticos de variados pelajes, corrigiendo la asombrosa y empobrecedora homogeneidad racial y cultural que caracterizaba nuestra sociedad hasta la última década. Sería por ello muy deseable que nuestros parlamentos empezaran a reflejar ese mestizaje étnico y cultural, como también nuestros consejos de administración, nuestros medios de comunicación, nuestros bancos, nuestras universidades, etc, como ya lo han hecho nuestros bares, restaurantes, taxis, comercios, alumnados y equipos deportivos.

Es posible que sea prematuro plantearse la imposición de cuotas de discriminación positiva. Nuestro mestizaje es demasiado incipiente como para declarar de antemano el fracaso de los mecanismos espontáneos de integración social de los nuevos ciudadanos. Pero está claro que la inclusión de una latina en el órgano máximo de dirección de uno de los partidos políticos principales es una buena noticia, un paso en la dirección correcta que los dirigentes socialistas han publicitado, con toda la razón, como una prueba de que el PSOE es el partido que mejor refleja la realidad española.

Hace no tanto el PP respondía con desprecio a las cuotas de género asumidas e impuestas por el PSOE, y sin embargo, es notable el acelerón que ha registrado el ascenso de las mujeres conservadoras en los órganos de dirección peperos. No parecen haber aprendido la lección de que la extensión de derechos y la inclusión de los diferentes colectivos sociales son imparables y no tienen vuelta atrás. Pese a que con respecto a la inmigración el PSOE ha optado por predicar con el ejemplo antes que por la imposición de cuotas, la respuesta de Rajoy fue igualmente despreciativa, declarando que nadie en España perdía el sueño con la cuestión del posible voto inmigrante en las elecciones locales. ¡Cómo si mucha gente lo perdiera a propósito del ácido bórico y “la verdad del 11-M”!

En fin, está claro que no cabe esperar una crítica razonable a la política sobre inmigración del PSOE por parte del PP. De hecho, es casi mejor que guarden silencio porque sus propuestas sobre el particular han sido hasta la fecha nefastas además de ridículas. Me refiero, por supuesto, al absurdo “contrato del inmigrante” que Rajoy defendió, con la inestimable ayuda de Arias Cañete y su “manteca colorá” en la última campaña electoral. Resulta ahora que el Presidente Sarkozy, primer artífice de una propuesta parecida, acaba de ceder a las propuestas de la diplomacia española para acordar un principio de Acuerdo Europeo sobre la Inmigración que no menciona el referido contrato y que permite las legalizaciones de los inmigrantes ilegales aunque limitándolas al examen caso por caso (como fue la española de 2005, todo sea dicho).

Formamos parte de la UE y concretamente del espacio Schengen de libre circulación de personas por lo que, ineludiblemente, no podemos decidir unilateralmente sobre el permiso de entrada para extranjeros, como tampoco queremos que puedan decidir por su exclusiva cuenta y riesgo nuestros socios, alguno de los cuales ha empezado a “fichar” a algunos ciudadanos en función de su origen étnico, en concreto a los gitanos. Es cierto que la Unión Europea está basada en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, como también que el liberalismo económico imperante a nivel internacional ha incorporado las tres primeras libertades, pero no así la cuarta, como sería de recibo.

Pero es evidente que por duro e inhumano que resulte, las condiciones actuales de tremenda desigualdad económica internacional no permiten abrir completamente las fronteras españolas o europeas a todo aquél que pretenda escapar del hambre o la dificultad para subsistir. Por añadidura, el brusco cambio de ciclo económico que estamos empezando a soportar obliga a extremar las precauciones para evitar que el desempleo y la competencia por recursos sociales limitados provoquen tensiones sociales xenófobas y racistas.

La intensificación de los flujos migratorios en un único sentido, de sur a norte, es un fenómeno complejo que requiere de soluciones sofisticadas, multi disciplinares, que combinen medidas de integración social, de control policial y de incentivación del desarrollo económico en los países en vías de desarrollo. Se trata de encontrar fórmulas equilibradas que permitan conciliar intereses contrapuestos, a corto y a largo plazo.

Debemos ser plenamente conscientes de que Europa, y España en particular, le debe mucho a la inmigración en términos de crecimiento económico, y más que le deberá puesto que se calcula que será preciso importar varios millones de trabajadores en las próximas décadas para mantener las actuales cotas de bienestar. Al mismo tiempo, es injusto pero ineludible, efectuar una distinción entre los inmigrantes que ya viven entre nosotros, de una parte, y cuyos derechos sociales hay que garantizar en la misma medida que los de sus vecinos españoles de origen, que no han cotizado ni más ni menos para hacerse merecedores de ellos, y de otra, aquéllos que desearían inmigrar pero cuya entrada es necesario limitar temporalmente para ajustarla estrictamente a las necesidades de los mercados laborales.

Es posible que el símil no sea del todo apropiado pero pensemos en la balsa que está llena y que empieza peligrosamente a hacer aguas por el peso de los náufragos que quieren subirse a ella para evitar morir ahogados. Seguramente mi perspectiva sería diferente si yo fuera uno de esos náufragos pero resulta que estoy en la barca y quiero no sólo preservar mi vida sino también la de los náufragos a los que ayudé a subir cuando había espacio de sobra. Lo que desde luego no admite duda es que es más humano impedir la entrada de más inmigrantes antes que recurrir a medidas coercitivas para expulsar a los que se han ganado con su trabajo una plaza en nuestra sociedad, por mucho que su piel o su lengua puedan justificar a ojos de algunos su menor derecho a las prestaciones sociales.

De ahí que mi análisis de las posiciones adoptadas por el Gobierno y el PSOE sobre la inmigración en los últimos tiempos sea bastante benévolo. Sí, me horripilan las concesiones a la xenofobia subyacente a las posiciones más restrictivas de algunos de nuestros socios europeos. Igualmente, rechazo de plano criterios cuantitativos referidos a la expulsión de inmigrantes ilegales, como los adoptados por Francia. ¡Si las legalizaciones deben hacerse caso por caso tanto más las expulsiones! Y por supuesto, exijo que la normativa profese un escrupuloso respeto a los Derechos Humanos y evite adoptar criterios étnicos o subjetivos.

Por todo ello, creo que es muy saludable que cada vez más inmigrantes empiecen a participar de nuestra vida política, tanto en los órganos de dirección de los partidos como en puestos de representación pública, empezando por el derecho al sufragio pasivo en las elecciones locales, sin condicionantes que lo reduzcan a un mero discurso hueco. Pero dados los tiempos que corren no parece tampoco muy responsable, por inviable, mantener un discurso progresista tradicional, que descarte medidas indispensables para el control de los flujos migratorios irregulares, discurso que, a mi juicio, sería contraproducente para el objetivo en principio pretendido, que no puede ser otro que el de la plena inserción social de los millones de extranjeros que ya viven entre nosotros y que deben tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos de pleno derecho lo más rápidamente posible.