Contra los escraches

Barañain

Con significativo retraso editorializa hoy El País sobre los “escraches” horrible término con el que se designa el acoso callejero a los parlamentarios u otras personas significadas políticamente por uno u otro motivo (¡la palabreja tenía que proceder del no menos horrible populismo argentino!). Es significativo el retraso, digo,  porque llevamos ya varias semanas en las que, pillada por sorpresa, la izquierda (política, mediática o intelectual) apenas ha sido capaz de argumentar a la defensiva, contemporizando con el acoso callejero y limitándose a criticar el reproche de esa estrategia  por parte del gobierno y el PP por lo que tendría de “criminalización” de lo que esa izquierda ha considerado una justa movilización ciudadana.

Dice El País: “…es hora de decir que ese método es inaceptable. La protesta en ningún caso debe llevarse al ámbito privado, porque los electores no eligen a los familiares ni a los vecinos de los políticos y no se puede implicar a terceros en formas de presión que conlleven gritos, abucheos, escarnios o un afán de señalamiento público.” Creo que sigue sin entenderse que ese acoso o “señalamiento” es en sí mismo  rechazable por lo que supone de intento de intimidación personal al político en su espacio privado, en su ámbito más personal. No se trata de que con ello se moleste a familiares y vecinos; es igualmente rechazable si el diputado carece de familia y vive en un descampado, sin vecinos potencialmente perturbables.

 ¿De verdad es exagerado referirse a “kale borroka”? Muchos se escandalizaron por esa ocurrencia. Pero, de hecho, se trata de “lucha callejera”, guste o no. Cuando se insiste en desligar esa modalidad de acoso de la famosa “kale borroka” que padecimos en Euskadi se está criticando el exceso (interesado) en la respuesta por parte de los acosados pero no conviene, tampoco en eso, pasarse de listos. Cierto que la kale borroka en su última fase era criminal porque formaba parte de la estrategia de ETA y podía suponer el señalamiento de futuras víctimas de los asesinos y, en ese sentido, es absurda e injusta la pretensión de asimilar ambos fenómenos. Pero mucho antes de que ETA iniciara esa pendiente demencial (en base a aquella estrategia que llamó de “socialización del sufrimiento”), cuando políticos, periodistas y jueces no iban escoltados, ya existía esa “violencia de persecución”, ese gusto del fanatismo abertzale por adueñarse del espacio  público –incluso invadiendo la privacidad familiar del “señalado”-, que perseguía la intimidación de los adversarios. Y ya se denunciaba por parte de los demócratas vascos.

Aquí, ahora, se trata también de eso, de torcer la voluntad de unos diputados a base de promover su escarnio en su entorno más personal, aunque no haya estrategias terroristas por medio. Y esto nada tiene que ver con las libertades de expresión y de manifestación.  Las instrucciones emitidas por el Fiscal General del Estado son bastante razonables. Como lo es, en Euskadi, la actuación de la Ertzaintza para impedir el escrache a los diputados del PP (que bastante currículum de acoso acumulan ya). Que, llegados a este punto, algunos ocurrentes  hayan querido  replicar a la “represión” del Gobierno –muy comedida por otra parte-,  proclamando que “¡todos somos ETA!” sólo añade una dosis más de imbecilidad e insensibilidad, a partes iguales.

El caso es que, incluso si  es excesivo vincular el escrache a estrategias de fanáticos violentos, ¿acaso eso lo convierte, sin más, en  una práctica democrática? Ayer mismo Toxo, el secretario general de CCOO, aseguraba que sí, que el escrache era una fórmula democrático. Pero, por si acaso, no discutía los argumentos en su contra.  ¿Es que no es obvio que lo que se persigue es, simplemente, amedrentar? ¿Qué tiene de democrática la intimidación personal? ¿Lo aceptaríamos si las víctimas fueran otras, en otro contexto político? (El País ejemplifica a propósito de las concentraciones de fundamentalistas cristianos frente a clínicas abortistas, y no es difícil imaginar lo que nos parecería un hostigamiento frente a los domicilios particulares de quienes trabajan en esos centros). ¿Tanto cuesta reconocer lo obvio? Me parece que estamos ante una muestra más de sectarismo, ese empeño en no querer quitar la razón, ni criticar siquiera,  a quienes se enfrentan al adversario político (el PP), no vaya a parecer que nos identificamos con él.

Particularmente absurdo me parece el argumento –que no he dejado de escuchar estos días de destacadas voces progresistas-, de que el PP con su respuesta a los escraches quiere “desviar la atención” sobre el problema de fondo de los desahucios y de la tramitación de la legislación sobre las hipotecas. Es obvio que eso puede ocurrir, que está ocurriendo ya, pero es que se lo han puesto “a huevo”. Si alguien ha conseguido que se hable menos de las enmiendas que se barajan en torno a esa legislación que de los problemas de orden público derivados de los escraches es quien tuvo la fantástica idea de poner en marcha tan estúpida (además de antidemocrática)  iniciativa.

Lo curioso en los intentos de defender esa “forma de movilización ciudadana” es que me cuesta muchísimo imaginar que quienes se prestan ahora a dar cobertura al despropósito –invocando la desesperación ciudadana o la cerrazón de los gobernantes o cualesquiera otros agravios previos-,  hubieran apadrinado semejante fórmula o que hubiera sido suya la ocurrencia.  Es decir, no me imagino hace unos meses a los Toxo, Lara, Valenciano, o cualquiera de los intelectuales de la izquierda que han mostrado su comprensión hacia los acosadores,  proponiendo a los  integrantes de la plataforma de afectados por las hipotecas (PAH) asumir esta forma de lucha porque les pareciera muy democrático intentar abochornar a los diputados en sus domicilios para que cambien el sentido de su voto. Sin embargo ahora lo defienden aparentando convicción.

Ideología subyacente: aunque nos disguste, o no nos entusiasme, dado que “ha surgido del pueblo” no podemos cuestionarlo. Ya se sabe, siempre con los de abajo aunque disparaten. Y esta condescendencia se lleva hasta el extremo de pasar por alto una concepción preocupante que aflora en las declaraciones de los promotores de los escraches: dicen que han de actuar así porque no se les hace caso. Como si el pretender –legítimamente- un determinado cambio legal  y creerse asistidos por la razón (y por miles o millones de firmas) e investidos de una supuesta “superioridad moral” fueran títulos suficientes para que los representantes de la mayoría ciudadana cambiaran su opinión, y justificaran en caso contrario romper la baraja. Y que además se les comprenda y ensalce por ello.

No sería la primera vez que una obsesión monotemática – en cuyos cálculos no entra la posible frustración de sus expectativas-, llevara al fanatismo. Ojala no ocurra eso; pero, por si acaso, haría bien la izquierda en no dejarse arrastrar por esa corriente tóxica.