Con un pan bajo el brazo

Jelloun

El anuncio hecho por el Presidente Zapatero de la ayuda de 2.500 euros que se va a conceder por cada nuevo hijo nacido, aplicable desde ya mismo (pese a que su definición legal no vaya a concretarse hasta la próxima semana cuando el Consejo de Ministros apruebe el correspondiente Real Decreto), ha sido sin duda el que, de modo bien comprensible,  mayor interés social ha generado tras el Debate sobre el Estado de la Nación. En un debate caracterizado por la escasez de aportaciones concretas o novedades de cara al futuro inmediato,  un Zapatero que, “sacando pecho�, ha transmitido seguridad y convicción respecto al balance económico, político y social de su gobierno, se permitía esta especie de “guinda� extraordinaria frente a un plano y reiterativo Rajoy, empeñado en hacer sangre a cuenta de la política antiterrorista. Algunos comentaristas han cuestionado que tal anuncio de ayuda a la natalidad hubiera sido necesario en un debate que Zapatero ganaba con solvencia.

En realidad, el éxito del presidente ha consistido, creo, en que ha sido capaz de fijar de manera contundente los elementos de su política, su agenda, frente al intento de Rajoy de llevarlo al terreno más propicio de la crispación en torno a las calamidades que amenazan a nuestro país, según sus agoreras profecías. Que el anuncio ha pillado a contrapié tanto a socios como a opositores –y ello es ya en sí un éxito-, lo demuestran algunas reacciones de indisimulada contrariedad no por la medida en sí misma sino, precisamente, por lo difícil de su cuestionamiento y por tanto por el tanto que se apunta el Gobierno.

Se ha criticado por algunos el carácter “electoralista� del anuncio, el que se publicite en medio del debate –con lo que tiene de eco mediático garantizado-, una medida que no formaba parte del programa electoral del gobierno actual y que aún no ha sido objeto de discusión en el seno del Gobierno (lo que explicaría la imprecisión de los detalles de la medida en cuestión que sólo en las próximos días se irán perfilando). Parece contradictoria tal prevención cuando ha sido unánime –tanto en medios de comunicación como entre las fuerzas políticas más diversas-, la consideración de que este Debate sobre el Estado de la Nación abría, de hecho, una larga campaña electoral.

Por otra parte, el formato de este debate parlamentario anual no suele ser propicio a una sesuda discusión sobre los datos reales que, ejercicio a ejercicio,  definen la situación de España, sino que es un pretexto para el intercambio de golpes dialécticos entre gobierno y oposición cuyo balance se mide en encuestas de opinión de urgencia y titulares de prensa sobre el “ganador� del combate; es decir, más que otra cosa es como un debate de campaña electoral escenificado en el salón de plenos del Congreso. Así las cosas, nadie debería escandalizarse o sorprenderse porque el Presidente -en este caso-, se saque un conejo de la chistera (si es que así se quiere ver) concitando la atención de los ciudadanos y descolocando de paso  a un opositor obsesivamente pendiente de no se sabe qué actas de reuniones con ETA sobre las cuales lo único seguro es que no debe haber muchas personas normales (como le gusta decir a Rajoy)  a las que tal majadería les interese o les quite el sueño.

Otra crítica oída en las primeras horas posteriores al anuncio ha cuestionado el carácter lineal de la subvención, aduciendo que  el que se vayan a beneficiar de la misma pobres y ricos por igual –si así se lleva a la práctica-, sería injusto desde un punto de vista social. Una medida  “de derechasâ€? dijo apresuradamente un correoso diputado de Izquierda Unida. “En vez de dinero, prefiero derechos. ¡Educación garantizada de 0 a 3 años!”, pidió a Zapatero. Pero ni una cosa es contradictoria con la otra, ni tiene mucho sentido impugnar desde el punto de vista de la redistribución de renta una medida cuya finalidad es, únicamente, estimular la natalidad de manera generalizada en la sociedad española.

Ciertamente, la ayuda económica a cada nuevo niño –el “pan bajo el brazoâ€? con el que vendrán al mundo los nuevos españolitos-, es sólo un apoyo puntual, ensayado ya en otros muchos países. No es una panacea que vaya a estimular por sí sola la fertilidad de las españolas (que, por otra parte, se estaba ya recuperando respecto a la tónica de la última década y media), ni guarda relación alguna con lo que realmente “cuestaâ€? criar a un hijo, pero nadie puede discutir seriamente su carácter positivo. Si en España es factible acometer este plan ahora es –como ha declarado el Ministro Caldera-,  gracias a los “recursos suficientes” que tiene el Estado por la buena marcha de la economía, por su gestión solvente, y se enmarca en la “política de familiaâ€? desarrollada por los socialistas durante la legislatura, con normas como la ley de dependencia, la de igualdad, la ampliación del permiso de maternidad, la creación de un permiso de paternidad o el incremento de las ayudas por hijos discapacitados, el incremento de las becas, etc…

Desde la derecha se ha apuntado que ellos también son partidarios de tal medida y desde alguno de los gobiernos del PP se han apresurado a anunciar imprecisos complementos autonómicos que supondrán un incremento de la subvención natalista. Más panes bajo el brazo. Las consabidas objeciones nacionalistas por supuesta invasión competencial –pero eso dependerá, en realidad, de la vía que se establezca para hacer efectiva esa subvención-, han completado el elenco de reacciones.

Me parece que esta medida anunciada por Zapatero tiene un alto interés político añadido  porque consigue poner el foco de la atención ciudadana en esa “política familiar� que habiendo sido realmente  uno de los rasgos distintivos de la actividad del Gobierno a lo largo de la legislatura,  sin embargo,  –al igual que ha ocurrido con otros elementos de su agenda política-, a duras penas consigue abrirse paso –informativamente hablando -, y hacerse reconocible por los ciudadanos.

Es paradójico que en España hayan sido las fuerzas conservadoras las que históricamente se hayan presentado como las grandes defensoras de la familia. Es bien sabido que el nuestro es uno de los países de la UE (de la UE-15 para ser más preciso)  que tienen menor desarrollo de servicios y transferencias públicas a las familias, realidad que se reproduce en los países del sur de Europa, gobernados durante la mayor parte del siglo XX por gobiernos conservadores de impronta católica. Todos ellos tienen unos servicios de ayuda a las familias muy poco desarrollados con escaso apoyo del Estado, reflejo histórico de una visión generalizada en la cultura de nuestros conservadores  que han considerado siempre  las cargas familiares como una responsabilidad de la mujer. Esta constatación debería ser suficiente para cuestionar su autodefinición de partidos defensores de la familia.

En Europa han sido los países escandinavos (que han estado gobernados por partidos progresistas de tradición socialdemócrata, bien solos, o  aliados con otras fuerzas también identificadas con las políticas públicas de naturaleza socialdemócrata)   los que, como parte de su Estado de Bienestar, han desarrollado con mayor intensidad los servicios y transferencias a las familias, estableciendo amplias redes de escuelas de infancia y de servicios domiciliarios, permitiendo una real conciliación de vida familiar y laboral y facilitando la integración de la mujer en el mercado de trabajo. Son por ello estos países los que tienen un porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo más alto (en Suecia, el 78%; en España, el 44%).

Bienvenida sea, pues, esta iniciativa. Siempre que no se quede en una mera medida efectista y autolimitada y refleje la voluntad política de impulsar más aún el desarrollo de los servicios públicos de apoyo a las familias, y en particular de   una red extensa y de alta calidad de centros de infancia,… Para que lo del pan bajo el brazo deje de ser noticia y España converja con la mejor Europa también en desarrollo (y gasto) social.