Compromiso de tod@s

 Jon Salaberría

Creo que, sin el menor atisbo de duda, existe una cuestión que concita un consenso social generalizado: la peor derivada de la crisis económica en la que vivimos es la precariedad de las condiciones materiales de vida de las personas y de las familias, con especial incidencia en los sectores más vulnerables, cuales son la infancia y nuestros mayores.  Sin tapujos: hablamos de pobreza. Consecuencia que afecta ya no sólo a aquellas personas damnificadas por la crisis en forma de desempleo, cosa previsible en cualquier caso, sino que alcanza también a personas que están empleadas o son titulares de prestaciones por jubilación o por incapacidad. Retribuciones que ya no alcanzan para afrontar el coste de las obligaciones cotidianas, incidiendo gravemente en las más básicas, relativas a alimentación, salud e higiene. La brecha de la desigualdad ha significado el hundimiento y empobrecimiento generalizado de todos los estratos sociales desde la clase media y en sentido descendente, tanto en condiciones reales de vida como en expectativas. Antonio Ariño (Universidad de Valencia) habla ya de “fracturas sociales”, en plural, cuando “… de un factor con efecto multiplicador en todos los frentes que afecta, como punto de partida, a la renta, pero que se extiende a la sanidad, al abrir un doble modelo de aseguramiento o entre quien puede permitirse un seguro y quien no; la educativa, la cultural, la digital o la que afecta a la cobertura de las pensiones, de nuevo la dualidad pública o privada”.

Los ejemplos son numerosos. Desde el porcentaje en aumento de ciudadanos/as que no pueden hacerse cargo del pago de los suministros de electricidad o gas necesarios para el normal consumo de agua caliente o de calefacción, la denominada “pobreza energética”, que señala el “Informe de la Sostenibilidad en España 2012” del OBSE. Pasando por las carencias nutricionales que comienzan a hacerse dramáticamente patentes en edad escolar: los recortes en las prestaciones de comedor escolar, desde fines de 2011, se estiman entre el 30% y el 50%; para algunas familias con niños/as en edad escolar, la principal comida del día para los mismos/as era precisamente la que se dispensaba en los comedores escolares; esto es lo específico, porque en términos generales UNICEF certifica un índice de pobreza infantil del 25%, seis puntos superior al de la media europea. Y llegando a un repunte sin precedentes de la tradicional “pobreza vergonzante” que denuncia José Chamizo, Defensor del Pueblo de Andalucía, al señalar: “Veo cómo familias típicas con dos hijos universitarios están bajando la escalera hacia la exclusión y entrando en depresiones terribles porque creen que su vida ha sido un fracaso”. Pudor que lleva a pasar auténticas calamidades que no pueden tolerarse.

El desempleo y los recortes presupuestarios, que están en la base de esta situación, exigen la construcción de una alternativa política, de un discurso “macropolítico”. Previamente a esto, que es el núcleo fundamental de la contienda política (junto al debate sobre el descrédito del sistema y la corrupción), está la situación descrita, calificable como de auténtica emergencia social. Situación calificada así, días atrás, por el secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Con base en los datos, lapidarios, de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (22 de octubre de 2012), que resumen la situación que he esbozado en un aterrador 21% el porcentaje de compatriotas que viven bajo el 60% de la mediana de ingresos, esto es, bajo el umbral de pobreza, el Partido Socialista ha lanzado al ruedo político una propuesta osada y urgente de compromiso contra la pobreza y la exclusión. Se trata de implicar a todas las Administraciones Públicas, en todos sus niveles, y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se agrupan en la denominada “Plataforma del Tercer Sector”, en una campaña inaplazable basada en la constitución de un Fondo dinerario de emergencia, para el que no pueden existir excusas, ni tan siquiera justificadas en las exigencias de control presupuestario y en los rigores exigidos desde dentro y desde fuera. Un fondo para apoyar las políticas de renta mínima de inserción por parte de las Comunidades Autónomas y los mecanismos asistenciales de las Corporaciones Locales, fundamentalmente, como entes más cercanos a las concretas (y dramáticas) realidades personales y familiares.    

Efectivamente, sería fundamental, y desde la base de un amplio consenso, dotar a nuestros Ayuntamientos de nuevos fondos para que los centros municipales de servicios sociales comunitarios puedan convertirse en instrumentos de vanguardia en la resolución de los casos perentorios. La ayuda directa para el pago de suministros energéticos, arriba comentados, y de agua corriente, los programas de alimentación (paquetes de alimentos básicos, vales de compra, etc.) y de higiene, de promoción del empleo mediante programas como los de “renta básica” o los de autoempleo y economía social. Recursos para recuperar de nuevo la ayuda en dependencia a los casos inaplazables y extremos, y financiar el pago de tratamientos farmacológicos excluidos tras los recortes de Mato. Fundamental fortalecer los recursos de las Comunidades Autónomas para las campañas de renta de inserción. Y dotar de más recursos a las ONG’s de acción social que trabajan en ayuda alimentaria, domiciliaria y orientación para el empleo.

El Partido Socialista ha cuantificado en un total de 1.000 millones de euros la cantidad que integraría este auténtico “Plan Marshall cívico”, divididos en sendas partidas de 400 millones para Ayuntamientos y Comunidades, y una tercera de 200 para ONG’s: significaría un esfuerzo asumible, pese a que implica multiplicar por más de cuatro la asignación del Estado a los municipios para el mantenimiento de la red de servicios sociales de atención primaria. Un esfuerzo cuyos resultados potenciales también ha cuantificado el primer partido de la oposición. Rubalcaba estimaba el pasado lunes que este plan supondría una ayuda casi inmediata y materializable para más de 500.000 personas en situación extrema de pobreza y exclusión, así como la creación de más de 30.000 empleos, eso sólo en el ámbito local. Imaginen lo que significaría doblar la asignación que gestionan las ONG’s con su encomiable labor o la cifra de 85.000 personas que podrían verse beneficiados con el apoyo presupuestario a los programas de renta mínima de inserción.

Es imprescindible, para llevar a cabo estas pretensiones, un buen nivel de consenso y de voluntad política, así como una dosis generosa de sensibilidad, sustituible, si no se tiene y a efectos meramente prácticos, por la inteligencia suficiente para evitar más dolor y sus perniciosos efectos: avivar más, si cabe, la pira del estallido social y la explosión del régimen de convivencia. El “Pacto contra la Pobreza” de 2007, rubricado bajo la inspiración de los “Objetivos del Milenio” por ONG’s de acción social de las más diversas extracciones doctrinales, y el acuerdo de bases (unánime) de 19 de junio de 2012 en el Congreso, declarando la “lucha contra la pobreza infantil como objetivo prioritario de esta legislatura” (2011-2015), son estímulos para autoconvencernos de que no sólo es necesario, sino que es posible. En aquellas fechas, Ana Oramas (Coalición Canaria) hacía hincapié en que cualquier medida que afecte a la acción social, sobre todo cuando se recortan derechos y prestaciones, debe evaluarse “calculando siempre el impacto en la infancia”, mientras que Eduardo Madina, uno de los valores emergentes del Partido Socialista, afirmaba que “hay que mantener la inversión a una dimensión pública pero con rostro humano, teniendo en cuenta que la inversión en niños y niñas es también una inversión de futuro; el horizonte: debemos avanzar siempre en cotas de solidaridad”.

Solidaridad, lejos del maniqueísmo del debate “caridad vs. Solidaridad”. Solidaridad como fuente de derechos. Horizontal, lejos de la dependencia de la arbitrariedad y el providencialismo ocasional del “benefactor” de turno. Ciudadanía acreedora de la protección de una sociedad a cuya prosperidad han cooperado en los buenos tiempos. Solidaridad antesala de justicia y cargada de moral pública. Estímulo necesario en tiempos de penumbra. Optimismo para el rearme y para el cambio. Compromiso con mayúsculas.

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