Cómo son

Lobisón

Un lugar común es que los empresarios son gente con un sexto sentido, capaces de ver por dónde sopla el viento, de descubrir las demandas del mercado y los giros de la opinión pública. Puede ser, pero hace un par de días Arturo Fernández, el conocido empresario, se lamentaba de las acusaciones sobre el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid alegando que los usuarios debían suponer que era la Caja quien respondía fiscalmente por los gastos, y que no cabía pedirles a ellos por tanto responsabilidad. Este puede ser un buen argumento para defenderse de acusaciones judiciales, pero revela que Fernández no ha comprendido los cambios en la opinión pública y cómo afectan estos cambios a los usuarios de las tarjetas.

En primer lugar el argumento no es muy verosímil: una tarjeta opaca para ‘gastos de representación’, sin ningún control, malamente puede ser aceptada como tal y dejar de ser vista como un sobresueldo que habría sido obligación de los beneficiarios declarar. Pero además el problema fiscal no es para la opinión pública lo más importante, sino la guinda en un pastel de remuneraciones y gastos excesivos. Me pregunto lo que dirían los usuarios de estas tarjetas cuando se descubrieron los sobresueldos del PP: supongo que pensarían que eran unos pardillos.

Porque durante años la empresa privada era el campo del verdadero dinero, mientras los políticos se disputaban unos pocos miles de euros excepto si entraban en connivencia con los empresarios, de la construcción, del tratamiento de aguas y basuras o cosas así. Por ello quienes estaban por encima de esas miserias despreciaban a los políticos corruptos no por ser corruptos, sino por ser miserables que necesitaban corromperse para alcanzar los niveles de vida (de gasto) que los empresarios tenían por sus propios méritos. Lo que no cabía pensar era que se pudiera exigir a quienes se movían en la empresa privada los mismos criterios de austeridad y limitación de las remuneraciones que se demandaban airadamente a los políticos.

Todavía recuerdo cuando el superministro argentino Domingo Cavallo confesó que recibía un generoso sobresueldo de la Fundación Mediterránea porque el sueldo del gobierno no le alcanzaba para sus gastos: hubo un cierto escándalo. Pero aquí tenemos ahora al consejero de Sanidad de Madrid diciendo que a él no le importa si tiene que dimitir porque es rico por su casa. Le debería importar por su parte en la mala gestión de la crisis del ébola, o por el carácter miserable de sus acusaciones e insinuaciones contra Teresa Romero. Pero no, lo que le preocupa es que alguien pueda pensar que depende de su sueldo, que es uno más de esos políticos que no tienen dónde caerse muertos. Cómo son: esto sí que es una casta.