Cinco cuestiones sobre la prohibición de Bildu

Alberto Penadés

Aprovecho la tribuna para retomar el asunto del lunes y el oportuno artículo de Barañain (me disculpo con quien le parezca que abuso de la misma, por madrileña ausencia en ese día). Me gustaría proponer cinco cuestiones que creo que se combinan en la polémica.

Una primera cuestión –al menos en orden temporal- es la de si, como afirman las instancias del poder ejecutivo que han solicitado la impugnación, Bildu es una estrategia de ETA. A mí me ha soliviantado un poco este razonamiento, que calca el de quienes decían, y volverán a decir, que la victoria de Zapatero fue parte de la estrategia islamista. No veo la diferencia, por el lado de la acusación. Aunque toda por el lado de los acusados, pues los promotores de Bildu me parecen de una estulticia política considerable, o de un oportunismo realmente bajo en un paisaje muy llano.

La segunda cuestión es si la decisión del Supremo es una aplicación transparente y clara de la ley de partidos (ya de por sí chocante, lo admito).  A mí me parece que mal se compadece con lo que recita su exposición de motivos, “evitar la ilegalización por conductas aisladas, exigiéndose por el contrario una reiteración o acumulación de acciones que pongan de manifiesto inequívocamente toda una trayectoria de quiebra de la democracia…”. La respuesta para quien no esté cegado por prejuicios es que no parece que nos encontremos en un caso así, y que no puede ser esta la ley que se ha aplicado. En la práctica, se han apisonado los derechos al sufragio de un montón de ciudadanos a cuenta de la dudosa conducta individual de algunas personas; lo demás son juicios de intenciones y especulaciones policiales, cosas que deberían avergonzar a un tribunal.

La tercera cuestión es si es tan raro, digamos “antidemocrático”, que los jueces no apliquen estrictamente la ley (si es que eso tiene un significado claro, que no lo creo). Me temo que no lo es. En los EEUU muchos mantienen el punto de vista de que los jueces son “legisladores con toga”, que se diferencian del resto de los políticos en sus oportunidades e incentivos, dado que su sueldo es fijo y la duración de su empleo indefinida, y en sus restricciones –aquí está lo difícil, pues deben ajustarse a razones estrictas más que otros agentes- pero no en sus preferencias. ¿Por qué habrían de tener motivaciones distintas que el resto de los responsables de la política pública? No llamar a las cosas por su nombre y perorar sobre la independencia y profesionalidad de los jueces de forma oportunista –cuando nos conviene- no nos hace más demócratas. El sistema político democrático es como es, y los jueces son uno de los poderes públicos. El problema del TS es la ideología de su presidente, y nada más. La mayoría de un tribunal ha decidido, en la práctica, ir más allá de la ley de partidos y es, en primera instancia, legítimo –y previsible, con ese presidente- que lo intente, por cabreante que resulte. Contra eso cabe una decisión del Constitucional, o un nuevo TS, o cambiar la ley.

Entiéndase, defiendo que la latitud de los jueces debe ser escasa, deben estar cercados por sistemas de garantías y exigencias de razones, pero es absurdo pensar que no existe y que no se usa con fines políticos tan admisibles como los demás. Azaña dice en algún lado que España es el país donde una comisión puede decidir, por votación, que 50 votos más 30 votos suman más de 100 votos (refiriéndose al conteo electoral durante la monarquía alfonsina). Eso es lo que no pueden hacer los jueces, y para eso los queremos  en política. Como creo que en este caso el TS ha estado cerca de sumar cien, confío en que otros tribunales lo corrijan en el corto plazo (estoy seguro, a la larga).

La cuarta cuestión es si la medida sirve eficazmente a acercar el fin de ETA. A mí me parece que sí, y supongo que esto es lo que el gobierno está priorizando por encima de todo lo demás. Yo no lo habría hecho, porque ya he dicho que creo que es un abuso, pero esto pone a ETA en una situación aún más difícil. En cierto modo, puede encontrarse un término de comparación útil en las sucesivas ilegalizaciones de las distintas marcas electorales del islamismo en Turquía. El Tribunal Constitucional turco, fuertemente presionado por el ejército, proscribió a los sucesivos partidos islamistas, desafiando, como aquí, a la opinión pública y a lo que se diría que era el mínimo sentido democrático y de justicia, hasta que el último partido ya no era ni sombra del primero. Los islamistas “pasaron por el aro” y se convirtieron en un partido demócrata-musulmán genuino, dejándose atrás a líderes y conexiones con grupos radicales. La presión electoral es muy fuerte cuando la vía revolucionaria está descartada. Graciasadiós. Si ETA no quiere que sus acólitos políticos huyan de ella tendrá que seguir cediendo. El que aguanta gana, y ETA necesariamente va a perder.

 La quinta cuestión es si los efectos políticos a largo plazo serán mejores o peores, y en ese sentido, si los laicos pecan de miopía. La analogía turca me vuelve a la mente, pues los islamistas gobiernan hoy en Turquía con un partido muy sólido. No sé si los partidos no nacionalistas quieren que los nacionalistas hagan un frente común, que los radicales se integren como ala de un partido o coalición, y que se vuelvan fuerza hegemónica. Para quienes no lo somos, la perpetua división de los nacionalistas en torno a la custodia y creación de esencias patrias, es una de las pocas bendiciones que acompaña a sus movimientos.