Campana…

 Jon Salaberría

Finalmente, se confirmaron los pronósticos. Tras una breve y fría conversación telefónica en la tarde del pasado viernes con Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida, Susana Díaz Pacheco confirmaba la convocatoria anticipada de Elecciones Autonómicas para el domingo 22 de marzo. Extremo que se hizo oficial el lunes, apurando los plazos para que la convocatoria no se solapase con el maratón de mayo y acompañando la convocatoria con el cese de los tres consejeros de la coalición de izquierdas durante el Consejo de Gobierno del martes, cuyas funciones son asumidas de inmediato por los consejeros socialistas. El gobierno autonómico, ya en funciones y con la provisionalidad que le da la campaña inminente, adquiere un peso político importante de cara a los dos meses de guerra abierta que se abren. María Jesús Serrano asume desde Medio Ambiente las competencias de la consejería estrella de IU, Fomento y Vivienda, dirigidas hasta el lunes por Elena Cortés y protagonista de la peor crisis afrontada por la coalición PSOE-IU hasta el momento de la ruptura, la polémica en torno a las ocupaciones en la Corrala Utopía. Dos pesos pesados del socialismo andaluz, Luciano Alonso y Manuel Jiménez Barrios asumen, respectivamente, Turismo y la Vicepresidencia, ocupada la primera hasta ahora por el malagueño Rafael Rodríguez (en mi opinión, con una gran gestión en un sector vital para la economía andaluza y en el que están centradas grandes esperanzas de cara a la recuperación económica) y por Diego Valderas la segunda. Jiménez Barrios, responsable de Relaciones Institucionales y de Administración Local, se convierte transitoriamente en el hombre fuerte del ejecutivo socialista que ejercerá en solitario hasta la constitución del nuevo gobierno que salga de las urnas del 22-M, uniendo su flamante número dos a sus responsabilidades en las relaciones con el Gobierno central, diputaciones y con los ayuntamientos que, como sabemos, están en manos populares en las ocho capitales y en municipios mayores-medianos de las ocho provincias.

Comienza la batalla. Y la misma parte tanto de un balance de situación como de una evaluación de perspectivas.

En cuanto al balance de situación, tengo formada una opinión clara al respecto: sabor absolutamente agridulce. El Acuerdo por Andalucía se constituyó en 2012 como un experimento pionero en la gestión institucional conjunta de las fuerzas españolas de izquierda tras años de desencuentro. Si bien desde 1999 los acuerdos postelectorales permitieron a PSOE e IU la gobernación de numerosos municipios y otras instituciones locales, y los acuerdos de coalición en Catalunya y Galicia entre fuerzas nacionalistas de izquierda y socialistas eran precedente autonómico, el acuerdo de gobierno aparecía como auténtico prototipo de alternativa en una España que salía de la marea azul de 2011 con un Partido Popular omnipotente en todos los órdenes institucionales. Por supuesto, y esta era su misión primera, el Acuerdo señalaba las bases de un gobierno de resistencia. En este sentido, podemos estar satisfechos. La aprobación de los últimos presupuestos en diciembre de 2015 asegura un años más los instrumentos de esa resistencia, y pese a que ninguno de los aprobados desde el comienzo de la legislatura ha tenido una génesis sencilla, han conseguido cumplir razonablemente las expectativas. El equilibrio de las cuentas públicas andaluzas es uno de los tantos mayores a anotar en el activo, con un difícil juego entre el mantenimiento de servicios básicos en sanidad, educación y dependencia y los recortes que venían impuestos desde un tratamiento económico-financiero injusto por parte del Gobierno central. Tomando como base ilustrativa el documento presupuestario aprobado para 2015, el aumento de un 2% del gasto para el departamento de Educación, Cultura y Deportes, y de un 1,8% para Igualdad, Salud y Políticas Sociales son indicativos de las prioridades de los hasta ahora socios, superando las expectativas de crecimiento, que no llegan al 1,5%. Esos departamentos suman un total de 16.324,2 millones de euros en sus partidas, un volumen muy superior al resto. Ha sido la tónica de estos años.

La labor legislativa, a pesar de alguno de sus hitos como la Ley de Transexualidad y la Ley de Transparencia, queda en el debe de este gobierno. Se han quedado en el cajón las iniciativas (en fase ya de proyecto de ley) sobre Memoria Democrática, participación ciudadana, deporte,y sobre protección a consumidores de productos bancarios e hipotecarios, esta última en el punto de mira del Partido Popular, que ha hecho de esta materia casus belli desde el minuto uno de la legislatura. El abuso del decreto-ley, por lo menos hasta el ejercicio de 2014, es otro de los vicios relevantes de una forma de legislar más propia de gobiernos con sólida mayoría que en la precariedad y la vigilancia mutua de los acuerdos de coalición. Blanco y negro, también, en lo que se refiere al desempleo, el terrible y estructural drama de Andalucía. Más de 1.000 millones de euros en planes de empleo son un esfuerzo sin precedentes y el camino iniciado prevé buenos resultados en el medio plazo, pero la realidad es que la barrera psicológica del 30% de paro parece imbatible, y las cifras de paro juvenil son sangrantes. Seguirá siendo el gran reto de la siguiente legislatura, y necesitará de un esfuerzo de consenso entre instituciones y partidos para el que no existe un clima propicio.

En cuanto a las perspectivas, no cabe duda de que este primer duelo electoral del año viene adornado por dos notas que le hacen diferente a todos los anteriores dentro del proceso de autogobierno comenzado por Andalucía en 1981. Si durante años los comicios andaluces estaban caracterizados por la fuerza arrolladora de la máquina electoral socialista, con la sola excepción de 1995 (la legislatura de la pinza) y 2012 (con la primera e insuficiente victoria del Partido Popular), en este marzo lo serán la incertidumbre y su carácter de campo de ensayo para las citas que vendrán a lo largo del año, para las que puede ser determinante.

Susana Díaz ha jugado fuerte. Siendo en la actualidad el mayor valor político de un Partido Socialista al que se le hacen largas las horas bajas, su apuesta es la más arriesgada de todos los competidores en liza. Luis Barbero resume en pocas palabras su particular situación en El País: si gana y recupera el primer puesto que Arenas obtuvo en 2012, habrá dado un golpe de autoridad con resonancia nacional; habrá demostrado que el Podemos que campea en las encuestas no es imbatible y dará un golpe duro a un Partido Popular que nunca volvería a tener tan cerca la alternancia, aunque la política de pactos posterior (aún con una victoria, no se prevé una mayoría absoluta ni en el mejor de los escenarios posibles) será muy complicada. Audaz y resolutiva, su golpe sobre la mesa con la decisión de dar por terminado el cogobierno es una muestra más, quizá la definitiva, de que lleva la voluntad política por bandera en el ánimo de comenzar un tiempo nuevo, su afortunado eslogan que ha sido fotocopiado por otras organizaciones políticas. Su meta: un resultado contundente que le permita el gobierno en solitario mediante pactos puntuales con las demás formaciones políticas con representación parlamentaria. Un órdago a la grande. El fracaso en este empeño no sólo llevaría a un relevo de dimensiones históricas y protagonistas desconocidos, sino a un terremoto político (uno más) a nivel federal dentro del PSOE que pondría a la formación del genuino Pablo Iglesias al borde del derribo.

Para el Partido Popular y su ignoto candidato, Juan Manuel Moreno Bonilla, esta convocatoria ha constituido un durísimo golpe: es cuestión de simple tiempo. El dedazo de Mariano Rajoy ha resultado un terrible fracaso a nivel de imagen. Moreno no ha sido el soplo de aire fresco que los populares andaluces preveían con la sustitución del incombustible campeón Javier Arenas. La inconsistencia del máximo dirigente de los populares es conocida dentro de sus propias filas, que viven la convocatoria con una angustia a veces indisimulada. El agotamiento de la legislatura era clave para dotar de otro barniz político a un candidato que tiene en la falta de nitidez de su discurso y en su escaso conocimiento público sus dos principales hándicaps. Pasar alternativamente de pedir elecciones anticipadas en momentos de euforia a criticar el adelanto apenas un mes después, o presentar sus credenciales como aliado parlamentario serio frente a la radicalidad de IU para pasar en días a pedir dimisiones son muestras del discurso errático del candidato. Al PP andaluz le ha pillado el gong de la campana electoral a contrapié. Intentar que su más que previsible derrota sea lo menos dolorosa posible será su meta, para lo cual la estrategia de campaña será un mezcla de bofetadas y caricias: dureza con el argumento de la corrupción y el Caso ERES (*) y sugerencia amable de pactos, de una posible gran coalición que intentará crear confusión en el electorado socialista y que será igualmente usada por otros partidos. De hecho, Izquierda Unida, despechada por el despido, ya lo hace con intensidad en las redes sociales y en las declaraciones de numerosos dirigentes.

Izquierda Unida es la gran perjudicada por el adelanto. Por motivos obvios, como lo es su pérdida del poder, especialmente una Vicepresidencia y una consejería, Fomento, a la que habían conseguido dotar de gran contenido político. La apuesta particular de Izquierda Unida, marcar con varios golpes de efecto legislativo la agenda final de la legislatura con la espada de Damocles del referéndum interno sobre la cabeza de Susana Díez, ha fracasado rotundamente, y les obliga a un replanteamiento de la estrategia. La impresión es que IU no esperaba el gesto de firmeza de la Presidenta. El trabajo que les espera es grande: poner en valor ante la opinión pública sus logros en el cogobierno y defenderse de la ofensiva de Podemos, a punto de fagocitarles, no serán labor sencilla.  

Podemos será el gran aliciente de estos comicios. Para ellos será la ocasión de confirmar que las buenas expectativas demoscópicas se pueden materializar tras el espectacular resultado de las Europeas. Si lo consiguen, su camino definitivo a una posible victoria en Generales quedaría expedito. Si el resultado es discreto y no pasa de sustituir a IU como tercera fuerza política con más o menos opciones de determinar la gobernabilidad se pondría cierta sordina a toda la trompetería mediática que les asiste. Su principal arma es la capacidad de seducción de sus omnipresentes y bien valorados líderes nacionales, aunque las dificultades objetivas que enfrentan no son nada desdeñables: la convocatoria les sorprende sin un estructura estable y sin una maquinaria engrasada y deben afrontar en días un proceso de designación de candidatos/as que solapa su proceso orgánico. Su más que presumible candidata, la eurodiputada Teresa Rodríguez, deberá pulir en tiempo récord tanto su perfil institucional de baja intensidad como su discurso agresivo, y para más inri, el protagonismo que la dirigente ungida por Iglesias Turrión pretende dar a los escindidos de IU procedentes de la Candidatura Unida de Trabajadores y del Sindicato Andaluz de Trabajadores (antiguo SOC) con Diego Cañamero al frente promete dar cierto juego en las localidades de la Sierra Sur y la Campiña sevillanas, feudo tradicional de esos colectivos en el que batallarán con IU hasta por el último voto, pero no promete resultados en las zonas urbanas ni en los territorios rurales que han sido habitual granero de votos socialistas en el resto de la Comunidad. El carácter animoso de las gentes de este nuevo partido-movimiento garantiza que intentarán suavizar aristas, aunque también asegura (como en mi anterior artículo comentaba), una crispación que nunca es deseable. 

En el ámbito de las demás formaciones, no existe en mi opinión mucho margen de posibilidad de acceso al nuevo Parlamento. Estas elecciones pueden certificar la definitiva desaparición del histórico Partido Andalucista (dos legislaturas ya como formación extraparlamentaria) y la aparición de Ciudadanos podría ser el finiquito de la posibilidades de una UPyD que quedó ya en 2012 a las puertas de la Cámara andaluza. Siempre quedan la esperanza del outsider y la sorpresa de última hora: son uno de los alicientes del proceso electoral. 

Sobre pactos hablaremos a finales de marzo. No serán sencillos en ninguno de los escenarios posibles y tendrán, igualmente, carácter decisivo tanto de cara a las citas de mayo y de noviembre-diciembre. Por medio, una campaña electoral histórica. 

(*) La jueza Mercedes Alaya vuelve a hacerse presente. Con la perfecta sincronización que sólo ella sabe determinar entre sus tiempos procesales y los tiempos políticos en la Comunidad, responde a la convocatoria electoral con puntualidad británica. Es algo con lo que cuentan  los actores políticos andaluces, especialmente el Partido Popular, en cuanto avala sus tesis sobre corrupción, y el Partido Socialista, en cuanto principal damnificado. Desde lo concreto, sigue siendo sorprendente el silencio del Consejo General del Poder Judicial ante algunas de estas maniobras que ponen en cuestión tanto el principio de imparcialidad como el derecho al juez natural. Desde el punto de vista general, una muestra más de cuáles son los efectos de la politización del Poder Judicial. La decisión de hoy de imputar a todo un gobierno de Manuel Chaves (2004) es una intromisión más en el proceso democrático andaluz: el combate contra la corrupción no puede tener sesgo electoral ni caracteres de causa general instruida a golpes de efecto político.