Camelos de hogaño (y III)

Andrés Gastey

 

Con esta tercera entrega me propongo concluir la serie dedicada a los camelos contemporáneos. No es que se haya agotado el muestrario, créanme. Al contrario, esta es una época de bonanza para los camelos, que florecen en un biotopo caracterizado por la general ofuscación y la carencia de certidumbres a las que aferrarnos. Proliferan los mercachifles, trapisondistas y estraperlistas de ideas y de bienes.

 

Caen algunas caretas, sí. Resulta que los genios de las altas finanzas internacionales se han revelado como toscos y conspicuos practicantes de nuestro entrañable timo del nazareno. Quien no lo supiera ya, aprende estos días en sus propias carnes y cuentas que los hombres trajeados que se dedican a actividades subversivas como el tráfico de BMWs, la tenencia de rólex, el trasiego de alijos de palos de golf o el trapicheo de tirantes son gentes de poco fiar.

 

Hay, en definitiva, mucho camelo con el que alimentar una didascalia que podría ser infinita (como, en rigor, todas deberían serlo). Pero, a fin de no abusar de la paciencia de la que ya han dado ustedes prueba cumplida, pongo hoy punto final trayendo a colación otro de los camelos de frecuente circulación en nuestra vida política patria: aquél que reza que cualquier proyecto político puede ser defendido por vías democráticas.

 

Se escucha mucho en el contexto del contencioso por antonomasia, y es una derivación sofisticada de otro camelo más burdo (“todas las ideas son igual de respetables”), desmontado antes con éxito por algunos publicistas bienquistos de nuestro blog, como Javier Marías o el nunca suficientemente ponderado Fernando Savater.

 

Este camelo suele proyectarse en el doble plano del ser y del deber ser: por un lado, se supone que define la generosidad de nuestro sistema político, capaz de brindarle espacios incluso a quienes se afanan “democráticamente” por desarticularlo; por otro lado, se afirma como aspiración del sistema, connotando una valoración positiva de ese presunto grado de apertura.

 

Hay un fondo encomiable de buenas intenciones en la formulación de este camelo. En general, tenemos el oído bien predispuesto para cualquier frase que desprenda efluvios de inclusividad o igualdad entre los hombres y sus fabricaciones. Y no es infrecuente que enfoques de este tipo sean utilizados para distanciarse de lo que algunos llaman “lucha armada” (por cierto, otro descomunal camelo).

 

Sin embargo y a poco que se le dé un pensamiento, la falacia se hace evidente. Ni todos los proyectos políticos pueden ser defendidos por vías democráticas ni la democracia debe, en mi opinión, darles cancha.

 

En cuanto a la realidad jurídico-política española, la Ley de Partidos de 2002 excluye expresamente del sistema algunos “proyectos políticos”. Supuso, en opinión de cualificados participantes en este blog, un retroceso para nuestro régimen de libertades. Fue atacada como una criminalización de las ideologías y un obstáculo a la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos.

 

Según su exposición de motivos, se pretendió con ella garantizar que los partidos no fueran meros instrumentos de combate contra la democracia en manos de organizaciones delictivas. De ahí la redacción del artículo 9 de la ley, que suscitó agrias polémicas y ríos de tinta, en la medida en que relacionaba, con técnica jurídica discutible, los comportamientos (“las conductas realizadas de forma reiterada y grave”) susceptibles de desencadenar el procedimiento que puede eventualmente culminar en la  decisión judicial de proscribir un partido.

 

¿Fue demasiado lejos el legislador? ¿Ha deteriorado dicha Ley la calidad de nuestra democracia? Disponemos, creo, de una perspectiva suficiente para responder con un “no” a ambas preguntas. En España, no hay hoy en día ninguna aspiración política democrática que no pueda vehicularse a través de la creación de algún partido al amparo de la mencionada Ley. Quienes en su día expresaron reticencias a su respecto deberían, pienso, reconsiderarlas.

 

Es más: nuestro sistema continúa, en mi opinión, siendo en exceso abierto, puesto que da carta de naturaleza a formaciones muy discutibles. Hay, por ejemplo, toda una panoplia de partidos surgidos de nuestro pasado más tenebroso que operan abiertamente en España, dichosamente sin éxito significativo, y cuya actividad es tolerada en la medida en que no desborda hacia el ilícito penal. Para mí, sin embargo, la plétora de falanges y otros grupúsculos de corte fascista no es nada tranquilizadora.

 

Hay ideologías abominables, destructivas o insolidarias, que merecen, más que respeto, una condena sin paliativos. Lo mismo sucede con los proyectos políticos que se fundan sobre dichas ideologías. El hecho de que no se expresen de forma violenta no las hace más aceptables. No es respetable un planteamiento de, por ejemplo, supremacía sexual, étnica o religiosa que se traduzca en un programa de dominación.

 

Profundizando en la cuestión, uno cae en la cuenta de que muchos de los movimientos políticos y sociales con fuerza en España se fundan en ideas de este tipo. Por volver a una de mis preocupaciones favoritas, pondré el ejemplo de las religiones con mayor número de adictos en el país, que tienen como uno de sus ejes la subordinación estructural de la mujer. Esto es algo que apreciamos con claridad respecto al islamismo, pero que puede predicarse también del catolicismo. Por mucho que los teólogos y funcionarios de una y otra religión hagan contorsiones para intentar convencernos de lo contrario, lo cierto es que la mujer es objeto en ambas religiones de una clara discriminación que va más allá de su clamorosa ausencia de los puestos de mayor relevancia en las dos sectas. Por esa entre otras razones, a mí ni el islam ni el catolicismo me parecen respetables, sino rémoras de un pasado que confío en que vayamos dejando atrás. Y, en la medida en que los integrismos aspiren a que la religión salga de su ámbito privado y fragüe en el espacio público, los proyectos políticos sustentados en las creencias religiosas merecen como mínimo mi sospecha. Sé que a algunos les parecerá llevar las cosas demasiado lejos, pero la misma sospecha me suscitan los partidos que hacen de la fe nacionalista el centro de su mensaje.

 

Creo, en definitiva, que no todos los proyectos políticos son valiosos en sí, y en particular no lo son, a mi juicio, aquellos que pretenden algo tan inconsútil como traer a la tierra el reino de dios o reinstaurar la pureza étnica del paraíso primigenio. La legislación española es, incluso tras la revisión de 2002, muy generosa a la hora de habilitar espacios para cualquier ideología. Sin embargo, no todos los proyectos políticos pueden defenderse por vías democráticas. Afortunadamente.