Callejones sin salida (Reconstituyentes II)

Jon Salaberría 

Llegados a casi finales de noviembre, con la vista puesta en un decisivo e seguramente histórico año 2015, los acontecimientos más recientes no son precisamente alentadores de cara a ese plazo fijo en el que nuestro país se va a jugar, todo por el todo, su futuro inmediato a todos los niveles. En estas fechas, servidor solía echar la vista atrás para rememorar aquellos días inolvidables de 1975 en los que el final biológico del dictador suponía el certificado de defunción de su régimen y un camino apasionante que forma parte determinante de la vida de cada uno/a de nosotros/as: la vida de al menos tres generaciones de españoles, los que la protagonizaron, los que la vivieron en segunda fila por motivos de edad, y la de quienes no conocieron los acontecimientos históricos pero son los herederos de un régimen democrático en el que han nacido y crecido. Como se dice de forma tópica, pero certera, el más amplio período de convivencia y de bienestar social que España ha conocido en su historia.

 La zozobra de aquel noviembre de 1975, aquella mezcla de temor, pero a la vez de esperanza y de ilusión, parece que casi cuarenta años después tiene su correlato en un país que se plantea, en nuestros días, considerar la llegada a un momento de inflexión. Es una sensación de final de ciclo histórico, sin lugar a dudas. Eso sí, Salvando las distancias y las circunstancias: hoy partimos de un bagaje, de una experiencia democrática, que entonces brillaba por su ausencia. Motivo por el cual me siento muy molesto cuando se habla de régimen de forma despectiva y con ánimo de asimilación entre ambos modelos políticos. Me parece una falta de respeto a todas las personas que dieron lo mejor de sí, entregando vida, libertad y hacienda, para la construcción de una casa de todos. Patrimonio que no puede caer en el olvido (sería poco inteligente) ni tampoco declararse material de derribo (sería irresponsable).

 Convenido en que el momento político indica la inminencia de un cambio que no será sólo de turno electoral, sino que implicará cambios de profundidad variable en el sistema de convivencia, mi impresión es que los posicionamientos que los diferentes agentes políticos escenifican en los últimos días no son alentadores de un clima propicio al diálogo, considerado como único método instrumental capaz de reconducir las tensiones en torno a las grandes cuestiones sobre las que gravitan todas las pretensiones cruzadas y todos los intereses contradictorios.

 No cabe duda de que el problema territorial, en su concreción catalana, sigue siendo, aún bordeado ya el escollo del 9-N, el que mantiene en vilo la atención pública y el que demanda una resolución que no encontrará acomodo en las posiciones más extremas. El enroque legalista del Gobierno central encuentra hoy expresión genuina en la intención de judicializar, en la vía penal, la actuación de la Generalitat de Catalunya. Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, se enfrenta a una crisis interna con pocos precedentes en su ámbito al ordenar al Ministerio Fiscal en Catalunya proceder contra Artur Mas y su Govern por motivo del uso de recursos públicos en el desarrollo de la atípica consulta contra el criterio de sus fiscales de sala en la Comunidad. Las declaraciones de la dirigente popular catalana, Alicia Sánchez-Camacho, junto a las del propio Mariano Rajoy, indican a las claras que el Partido Popular echa el cierre de forma definitiva al envite soberanista con este hasta aquí hemos llegado que, en la peor de las intenciones para con los promotores de la consulta y especialmente de la Generalitat, quedaría en esas inminentes acciones penales. Lejos quedan, afortunadamente, las pretensiones de mayor firmeza de una parte importante de la derecha y formaciones afines (UPyD o C’s), que no han ocultado su frustración por la ausencia de medidas coercitivas que impidiesen la apertura de colegios en esa jornada. Vamos a ese dormir las situaciones y esperar que caracteriza la gestión de problemas made in Rajoy, pero con la certeza general de que esta vez no vale.

 Pero si el Gobierno central yerra gravemente al desdeñar la vertiente política de una situación que hay que afrontar inevitablemente, yerra igualmente esa parte del nacionalismo que plantea el resultado de la peculiar jornada como un paso más, sin lenitivos ni medias tintas, en el proceso soberanista. La fuerza política más beneficiada a nivel demoscópico por el camino mesiánico iniciado por Artur Mas, ERC, no admite ya más posibilidades que las que consisten en la negociación de fecha y hora, bien para un referéndum vinculante que no contempla nuestro ordenamiento jurídico, bien para una declaración unilateral de independencia, que llevaría el conflicto a su cota más explosiva. Entre ambas, la convocatoria de elecciones plebiscitarias como forma de construir una legitimidad incuestionable. La ausencia de certeza sobre la misma identidad de los sujetos electorales (lista soberanista única, posicionamiento de Unió y PSC, papel de PP y C’s, irrupción de Podemos, etc.) llena de dudas ese horizonte deseado. Los últimos rumores sobre la opción de posibilista de sociovergencia para que Artur Mas acabe la legislatura con cierta normalidad aportan más dudas a esta laberíntica situación que enfrenta a quienes plantean puntos de no retorno, terceras vías o simplemente, pretenden ganar tiempo.

 El planteamiento de terceras vías se hace presente no sólo en esta complicada situación, sino igualmente en el debate surgido en torno a la pervivencia de nuestro sistema de convivencia. Era inevitable: el debate está planteado por la emergente estrella de Pablo Manuel Iglesias Turrión, recién elegido primer dirigente de una formación que, tras su génesis asamblearia, adquiere verticalidad y forma convencional al final de su proceso constitutivo. Iglesias plantea un órdago a la grande con la pretensión de abrir el candado de 1978 a través de un nuevo proceso constituyente. Una de sus dirigentes más cercanas, Carolina Bescansa, habla de final del régimen. Desde esta posición maximalista a la igualmente inmovilista del Partido Popular, llevado a una actitud sacralizadora de la Constitución que impide la posibilidad alguna de debate en torno a una puesta al día más que necesaria. Desde ambas instancias políticas siguen sin tener en cuenta que un proyecto de reforma constitucional, no ya un proceso constituyente ex novo, necesita de un consenso amplío para su subsistencia. La gran virtud del pacto de 1978 fue precisamente esa: por primera vez no se construía un marco político de una mitad contra otra mitad del país.

 Una importante oferta de tercera vía precisamente la planteaba este domingo, en ambos escenarios, el Consejo Político Federal del Partido Socialista, reunido en Zaragoza.  El equipo de dirigentes territoriales dirigido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón parte del reconocimiento del descrédito ciudadano respecto de la actividad política, provocado por los errores y negligencias (propios también, por supuesto) de quienes se han dedicado a la misma durante décadas; errores y negligencias que se hacen más patentes en una época en la que los derechos individuales y colectivos se encuentran en una situación de precariedad como consecuencia tanto de la crisis como de las políticas conservadoras desarrolladas para atajarla. Igualmente, parte de una doble crítica, en la cuestión catalana, tanto hacia Artur Mas (responsable de tensionar la legalidad constitucional, provocando una peligrosa fractura social con consecuencias impredecibles) como al Partido Popular, por su inflexibilidad en la negociación y por su irresponsable siembra de catalanofobia en los años precedentes con el único fin de obtener rentabilidad electoral. Pero sobre todo, y por encima de diagnósticos de situación, está la certeza de que desde el compromiso con el sistema constitucional puede lograrse un nuevo acuerdo ciudadano “que regenere la democracia, la dote de mayor legitimidad y la fortalezca para hacer de nuestro país un  proyecto atractivo y compartido”. Más allá de la intención retórica, una reforma constitucional que plantee:

 1 – Blindar los derechos y libertades en la Constitución: yendo más allá y dando estatus de derechos fundamentales a los derechos de segunda generación (sociales) al mismo nivel que las libertades individuales clásicas.

 2 – Modernizar el proceso democrático a través de una mejora de la representatividad, reducción de los aforamientos y e indultos políticos y, sobre todo, a través de la exigencia de transparencia de instituciones y partidos.

 3 – Transformar la letra moribunda del Título Octavo. La propuesta llevar el Estado Autonómico a la meta del Estado Federal a través de una nueva financiación territorial pactada, junto a los mecanismos de solidaridad y lealtad inseparables de la anterior; examen de las disfunciones tras tres décadas de experiencia autonómica y reconocimiento de las realidades singulares. Por supuesto, abordar desde ya una nueva regulación legal de las corporaciones locales, abordando principalmente su financiación.

 La solicitud socialista de llevar esta oferta a un doble foro (a la Comisión Constitucional del Congreso y a la convocatoria de una Conferencia de Presidentes) ya ha sido rechazada de plano por el Partido Popular. El dontancredismo de este ejecutivo hace imposible decisiones audaces para la reconducción de situaciones. Como en la etapa opositora de José Luis Rodríguez Zapatero, las ofertas de pacto y consenso se encuentran con el muro infranqueable de una mayoría absoluta inflexible en todos los ámbitos. 

Esta oferta, así como otras que se puedan plantear, deberá sustanciarse sin duda en una futura legislatura a la que llegaremos en un ambiente político deteriorado y viciado. Las perspectivas apuntan a que unas futuras Cortes Generales en 2015 presentarán una composición fraccionada y con incorporación de nuevos agentes políticos. Un parlamento que se encontrará en la necesidad no sólo de acordar una gestión de gobierno, sino una redefinición del marco de convivencia, una vez nos hemos visto abocados a demasiados callejones sin salida. Está por ver si en los próximos meses primará el posibilismo y la recuperación de la generosidad negociadora, o si nos veremos definitivamente ubicados en una situación de ingobernabilidad a la italiana agravada por los efectos de la fractura social que dejan la crisis y el conflicto territorial. El concepto clave: responsabilidad. Ojalá no tengamos que echarla en falta.