Cabe todo

Jon Salaberría

 El coloquio-debate que ayer tarde se celebraba en Madrid, organizado por la Fundación Diario Madrid y la Asociación de Periodistas Europeos, con la presentación y moderación de un Miguel Ángel Aguilar curtido en mil batallas y Angels Barceló, una de las más dinámicas personalidades de la comunicación española, prometía de antemano con la presencia de dos Padres de la Constitución (a uno ellos, llamarle Padre de la Patria ofendería sensibilidades sin explicitar qué o cuál es la Patria): Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent. Buena entrada, público diverso en perfiles y edades. Expectación. Y no defraudaron. En plena vorágine de reacciones por el acuerdo solemnizado por CiU, ERC, Iniciativa y la CUP fijando fecha y enunciado (doble) de la consulta soberanista, el perfil peculiar de uno de los miembros más destacados del centro-derecha español de la etapa democrática, alejado desde hace años del Partido Popular y protagonista del apoyo al encaje constitucional del proyecto de Estado Libre Asociado de Juan José Ibarretxe en los tiempos finales del aznarismo y la filiación de uno de los más carismáticos dirigentes catalanistas de fines del siglo XX aportan una visión, a priori, más sosegada en un debate que Artur Mas ha llevado, en las últimas dos semanas, a un cuello de botella de difícil salida.

 Ambos protagonistas de nuestra Transición y artífices de nuestro proceso constituyente coinciden en ubicar la cuestión en un plano eminentemente político. Ambos mantienen con rotundidad que centrar el debate exclusivamente en los planos jurídico, jurisdiccional, técnico y económico es una estrategia errónea. Ante un desafío político que lleva al consiguiente conflicto de igual naturaleza, las soluciones sólo pueden estar en la política. Buscando el camino que lleva al pragmatismo y nos aleja del maximalismo. Coincidencia también en el diagnóstico del origen de la cuestión (que evitaron denominar proceso independentista), que ubicaron en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Estatut catalán (2006) por el Partido Popular y el correspondiente fallo del Tribunal Constitucional, momentos álgidos de un desencuentro progresivo aderezado de innumerables incidentes. Canto emocionado de Miquel Roca al espíritu de diálogo de la Transición y a la osadía política de aquellos líderes que no temieron ir contracorriente (citando en España a Adolfo Suárez y a Felipe González), lo que valió para que Miguel Herrero hiciera el gran titular de la noche: “En la Constitución cabe todo lo que se quiera sensatamente que quepa”. El carácter eminentemente transaccional de un texto como la Constitución permite, según Miguel Herrero, que aunque no se den las circunstancias objetivas para la reforma del texto, en un momento político en el que la mayoría absoluta del Partido Popular cierra cualquier rendija posible al acuerdo, se pueda producir lo que él llama mutación de conceptos (en el sentido de interpretación) para dar encaje a una realidad no prevista en los momentos germinales del texto.

 Al final, cierto desconcierto en quienes esperaban de dos expertos constitucionalistas un respuesta técnico-jurídica, una sugerencia que indicase cierta vía de salida en una cuestión cada vez más embarrada, perspectiva de la que se alejaron. Pero apreciación de gran espíritu de bonhomía y llamada al diálogo durante los días de mayor tensión en esta dialéctica, en la que los posicionamientos se tornan extremos: los de la caverna político-mediática que clama por la suspensión de la autonomía catalana e incluso el uso de los medios de coerción del Estado para evitar la consulta, y la del ala dura soberanista, bien encarnada anoche en la entrevista televisiva de Artur Mas en TV3, en la que dijo no temer “ni la prisión ni la suspensión de la autonomía”. Un ala dura que no descarta, si el proceso propuesto en este acuerdo de cuatro descarrilla, una proclamación unilateral sobre la que ya advirtió Josep Antoni Durán i Lleida. Entre ambos, un Mariano Rajoy que, como en tantas memorables ocasiones anteriores, se instala en una pasividad que exaspera.

 Sin duda, este coloquio, del que servidor comparte fundamentalmente el espíritu y el llamamiento al diálogo, me hace volver la cara hacia la denominada tercera vía, tremendamente debilitada pero llena de sentido común. Una tercera vía política debilitada por los devaneos del PSC y su desintegración, para la que el nuevo consenso de posiciones con el PSOE tras las Conferencia Política de noviembre puede haber llegado tarde, y debilitada por la decisión de la otra fuerza política mayoritariamente federalista, IpC-V-EUiA. Una tercera vía que tiene pretexto en el acuerdo territorial entre las dos formaciones socialistas el pasado julio, cuando los de Pere Navarro todavía seguían en el debate del apoyo a la consulta sobre la base del derecho a decidir. Encuentro en Granada que, con los auspicios del trabajo de la Fundación Alfonso Perales, ponía sobre la mesa las bases de reconstrucción de relaciones entre PSOE y PSC (cuando buen parte de dirigentes territoriales comenzaban a pedir la reconstitución de la Federación Catalana del PSOE) y que aportaba como solución al desafío nacionalista y al neocentralismo un modelo federal para el que se reclama unas bases de consenso tan amplias y una disposición al trabajo como en tiempos de la Transición. Una reforma constitucional para la que tampoco se prevé predisposición general.  

 Apoyar la vía federal es un paso. Pero lo primordial es el respeto a la decisión democrática de la ciudadanía. Y en este escalón hacia la resolución del conflicto, lo realmente sensato es el respeto a la legalidad establecida como marco para todos los pasos que se quieran dar. Si en la Constitución cabe todo, y desde la radicalidad democrática debemos defenderlo, tenemos que partir de procedimientos totalmente legales para conseguirlo. Para la aplicación del artículo 92 de la Constitución (sometimiento de cuestiones de especial trascendencia a referéndum, regulado por Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero), se necesita la autorización del Congreso de los Diputados. La soberanía popular no puede ser fraccionada territorialmente. Son las fuerzas políticas del pacto CiU-ERC-Iniciativa-CUP las que deben conseguir esa autorización a través de la  negociación política. Pero es que, además, esa autorización sería insuficiente dado que el referéndum tiene la intención de modificar el artículo 2 (integrante del Título Preliminar). Ello lleva a la previa reforma, parcial o total, del Texto Constitucional, por la materia sobre la que gravitaría la reforma,  mediante el procedimiento que prevé el artículo 168, que se resume en: a) aprobación por mayoría de dos tercios de las Cámaras y disolución; b) elecciones anticipadas y debate de la reforma por las nuevas Cámaras; c) sometimiento de la reforma a referéndum.

 Ese es el referéndum con encaje y con plena viabilidad, no la consulta que han previsto las fuerzas nacionalistas para el 9 de noviembre de 2014. El procedimiento de reforma constitucional al que deberían ceñirse las pretensiones no debe ser interpretado, en ningún modo, como inmovilista o antidemocrático. Afirma el Profesor Pedro Moreno Brenes (ex concejal de IU en el Ayuntamiento de Málaga) que “la democracia se defiende respetando las formas porque así todos jugamos con las mismas reglas de juego”, y pone como ejemplo la intolerable situación en que estaríamos si una parte importante de la ciudadanía convenciera a una parte del Parlamento para suprimir la sanidad pública, reinstaurar la pena de muerte o suprimir las Comunidades Autónomas sin respetar este procedimiento de reforma. En definitiva, no caben los atajos, que lejos de llevarnos a una solución democrática de los conflictos, justificarán posteriores desmarques y pretensiones que pondrán en peligro la propia subsistencia del mismo. 

Posdata 1: César Calderón proponía días atrás someter la doble pregunta (susceptible de nulidad del voto, a consideración de ERC, si tras el “no” en la primera pregunta el votante contestase a la segunda) a la Paradoja de Epiménides. Risas aseguradas, afirma. 

Posdata 2: Releer Notas sobre el nacionalismo de George Orwell tras casi siete décadas de su publicación ayuda a esclarecer el mecanismo de razonamiento que permite este proceso-contraproceso en una etapa de emergencia social difícilmente soportable.