Lluis Camprubí
Fruto de la escasez de vacunas y de la urgencia con la que se necesitan, van surgiendo en el debate público ideas y propuestas sobre cómo solucionarlo. En una reciente columna planteaba la necesidad de acelerar y aumentar la producción de vacunas y, para ello, explicaba que se necesitaba que el ámbito público, de distintas maneras, promoviera, colaborara, coordinara y orientara (con) el sector privado -de forma negociada- este necesario aumento de la capacidad productiva. Otras voces, sin embargo, desde algunos movimientos sociales y algunas posiciones de izquierda, plantean la necesidad de suspender patentes o medidas equivalentes. Este es un debate importante ya que ambas vías no son compatibles a la vez. O se busca una cooperación exigente (con una condicionalidad ambiciosa) con la industria o se sigue una senda de conflicto. Por supuesto debido a la urgencia y magnitud del reto no debería descartarse a priori ninguna idea, y deberían poder valorarse y explorarse profundamente todas las propuestas. Es casi una obligación ética cuestionárselo todo para encontrar la mejor respuesta.
Lo primero que hay que señalar es que el problema objetivo es de capacidad insuficiente de producción, no se trata de prácticas especulativas o de acaparar o retener producción o de voluntad de tener capacidades ociosas. No hay motivo ahora para que las patentes sean limitantes para ampliar y acelerar producción. No se sabe de fabricantes genéricos preparados ya para la tarea, ni ha habido países que lancen licencias obligatorias a fabricantes propios. Las industrias y laboratorios con vacunas autorizadas tienen toda la predisposición a ampliar producción, y más cuando saben que no les faltará demanda y que hay voces que plantean incluso que, si hace falta, se las riegue con dinero (teniendo en cuenta los costes económicos que supone que no haya una disponibilidad masiva y global de las vacunas). En este caso su búsqueda de beneficio está alineada con el imperativo global de aumentar la producción. Sigue leyendo