Auditorías: ¿coartada para la inacción?

 Barañain 

Bajo el lema de “compromiso con España: empleo, austeridad y transparencia”, el Partido Popular  ha presentado lo que pretende ser una estrategia coordinada de reformas para salir de la crisis económica, mejorando la cohesión social y territorial, reformas que dicen inspiradas en principios de austeridad, transparencia, regeneración y reformismo.

 En el documento presentado, sostiene el PP con razón que “nunca antes un partido político había tenido en su mano la posibilidad de coordinar desde las administraciones territoriales una agenda de reformas tan ambiciosa” a lo que añaden que ello “nunca antes había sido tan urgente y necesario”.

 Sin embargo, la fijación del techo de gasto para las administraciones autonómicas, la austeridad en sus estructuras administrativas o la limitación de sus gastos corrientes no suponen una gran novedad y nacen con el escepticismo derivado de su contradicción con lo que ha venido aplicando el PP en los territorios que ya gobierna. Propuestas como la disminución de las consejerías, la de los altos cargos y entidades públicas o la reducción de los gastos de representación y publicidad, por poner algunos ejemplos, serían más creíbles si vinieran refrendadas por una práctica consecuente en ese sentido en comunidades como Valencia o Madrid.

Quizá por eso ha llamado más la atención el anuncio de su intención de llevar a cabo un ejercicio de actualización y control de las cuentas públicas (estimación de ingresos, situación de las tesorerías, etc.) para conocer el estado real de las finanzas públicas en las comunidades a cuyo gobierno accede ahora el PP.  Las famosas auditorías que tanto se prestan a los titulares de prensa (ABC: “Habrá auditorías de infarto”). La primera pregunta era inevitable: ¿y por qué no lo hacen también en las comunidades que gobiernan?

Es cuestionable este empeño de utilizar la auditoría de las cuentas públicas, cuando se hace sólo tras los cambios de color político del gobierno y de manera generalizada, porque introduce un factor de desconfianza en la función pública y parece responder más a una pretensión de ajuste de cuentas político que a una decidida voluntad de controlar el gasto y asegurar su transparencia.

El gasto público está ya sometido al control  ordinario por parte de los departamentos de “intervención” de las respectivas haciendas, además de los propios  de cada consejería y de los externos a cargo de los Tribunales de Cuentas. Existe además el control político que se supone –o eso es lo que se espera-, de los grupos parlamentarios. Circunstancias excepcionales como el surgimiento de fundadas sospechas de irregularidad en algún gasto en concreto pueden hacer inevitable recurrir a auditorías externas, pero anunciarlo como método generalizado de control sobre la actuación del rival derrotado no parece la forma más seria de iniciar un mandato.

Esta iniciativa se produce además cuando está pendiente el ajuste a nivel autonómico una vez que el gobierno central ha hecho ya sus deberes. Esto se presta a dos interpretaciones. Una la explicitó de inmediato la ministra Elena Salgado: no es buena idea sembrar la duda ante los ojos europeos escrutadores de nuestras finanzas y así sólo se conseguirá que se resienta la confianza de los mercados.

Más preocupante me parece la hipótesis de que al anunciar la realización de esas auditorías lo que hace Rajoy es ganar tiempo, demorando la práctica de los ajustes precisos en las comunidades. La excusa, la necesidad de disponer de datos fiables. El objetivo real, evitar aparecer ante la opinión pública durante el tiempo que resta hasta las elecciones generales como el malo de la película que se responsabiliza de los recortes imprescindibles, papel que ha venido desempeñando en exclusiva el gobierno de Zapatero.

Hay un dato llamativo que alimenta esa sospecha. El citado documento del PP que más allá de las generalidades sobre el control del gasto público dedica todo un apartado a su “apuesta por  la educación”, con varias medidas concretas, no menciona, ni siquiera de pasada, la trascendental cuestión de la sostenibilidad del sistema sanitario, tratándose de la partida más importante, con mucho, del gasto público –en términos de empleo, de recursos económicos invertidos, de beneficiarios, etc.…-, y siendo uno de los problemas que, inexcusablemente, deben ser abordados sin más demora por las administraciones autonómicas.

No puede tratarse de un olvido casual. La última de las propuestas del PP,  la de convocar con urgencia una conferencia de presidentes autonómicos para abordar las “reformas económicas para la creación de empleo” y las “reformas educativas”,  incluye una enigmática llamada a abordar también en esa cita la “garantía de los servicios públicos”, sin más explicaciones.

En lo referido a la sanidad, hay una realidad a la que nadie puede escapar y que se resume en dos datos tan precisos como significativos: 1) El gasto sanitario público total ha crecido a un ritmo medio anual del 9,5% entre 2002 y 2008 y, de continuar creciendo al mismo ritmo, superaría los 90 mil millones de euros en 2013, y 2) los presupuestos sanitarios han acumulado hasta ahora una bolsa de deuda de más diez mil millones de euros (según la versión más optimista) que se traduce, entre otras cosas, en que los plazos de pago a los proveedores pueden alargarse hasta los 400 días.

Sobre este asunto ya escribí en este Debate Callejero el pasado 11 de marzo   (http://www.debatecallejero.com/?p=3350). Planteaba entonces que todas las administraciones autonómicas, de uno u otro signo, posponían para después de la cita electoral el impopular recorte que debían afrontar. No había más margen. Llegado este momento, puede que verse al frente de la mayoría de tales administraciones y por tanto con la responsabilidad máxima al respecto, haya provocado un vértigo insuperable en Rajoy. Para no aparecer enarbolando tijeras ante los electores (o exhibiendo un “programa oculto”, con el consiguiente coste electoral en 2012) nada mejor que hacer como que se espera al resultado de las auditorías.  Otra cosa es que el sistema aguante esta nueva demora.