Aprovechando la coyuntura propicia

Jon Salaberría 

Precisamente en coincidencia con el octogésimo octavo aniversario del fallecimiento en Madrid de Pablo Iglesias Posse, fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la histórica central sindical socialista, la Unión General de Trabajadores, parece que las circunstancias se han conjurado para que la efeméride coincida con el peor de los momentos de la organización en toda la etapa de la restauración democrática, superando incluso en gravedad a la “Crisis de la PSV”, aquella crisis financiera de la central, trufada de irregularidades en la gestión de la cooperativa de viviendas vinculada, la PSV, y que supuso, de facto, el fin del mandato de Nicolás Redondo Urbieta como secretario general confederal en 1994, y el ascenso de Cándido Méndez (Badajoz, 1952) a la dirección. Curiosamente, en una etapa en la que, al igual que en los días que vivimos, los escándalos de corrupción política del final de la etapa de Felipe González y sus paralelos en el ámbito empresarial y bancario conllevaron un descrédito de lo público en su vertiente política entre la ciudadanía. Descrédito que alcanzó, también, al papel de las centrales sindicales y que tuvo el anexo de una campaña cuidadosamente orquestada por las mismas terminales mediáticas que hoy se aprestan a hacer lo propio.

Sin duda, no podemos mirar al otro lado y obviar la realidad de los hechos y de los datos objetivos que justifican la actual crisis que envuelve a la histórica UGT y que han puesto en la picota el papel del sindicalismo moderno en el sistema de relaciones laborales español. Y ello con independencia de la más que discutible instrucción judicial de los sumarios que investigan la gestión de fondos públicos finalistas por parte de la central en Andalucía, origen de toda la tormenta que se ha llevado por delante, momentáneamente, al secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y a un numero todavía limitado de cargos provinciales (algunos de ellos imputados), y que ha ocasionado una primera reclamación de cantidad por parte de la Junta de Andalucía. Es obvio que ha existido un uso de esos fondos públicos muy alejado del destino que la ley les tenía asignado, incluso más allá del asunto escandaloso de los ERE fraudulentos. Ante las sospechas, cada vez más justificadas, una buena parte de la dirección confederal ha mirado hacia otro lado, mientras la mayoría de afiliados, delegados sindicales en empresas (en las que han desarrollado una ejemplar labor en la defensa de los derechos colectivos de los/as trabajadores/as) y cargos representativos intermedios de las diferentes Federaciones desconocían la magnitud cualitativa y cuantitativa de los hechos. Pero este desconocimiento no les exime de ser las primeras víctimas de la campaña de descrédito social y de la “caza de brujas” mediática. Además, la inmediatez de las redes sociales hace que una noticia falsa o una media verdad sea considerada en pocas horas como dogma de fe y verdad intangible, de modo que pasen a sufrir en sus carnes la misma consideración que la de tantos cargos políticos/as honrados/as que entran en el falso lote de los “400.000 políticos” presuntamente existentes y remunerados de forma suculenta.

Sin duda, las reacciones por parte de la dirección autonómica de UGT Andalucía y de la dirección confederal no han sido acertadas. Mi apreciación personal es la de que los máximos dirigentes del sindicato han optado por la españolísima estrategia del dontancredismo, esa que a un lado y a otro del espectro político han sabido desarrollar gentes tan dispares como los dirigentes de las direcciones políticas de IU y de PSOE en tiempos de tribulación, por un lado, y el gran maestro en la materia, nuestro insigne Presidente del Gobierno, tanto en sus responsabilidades al frente del Partido Popular en la oposición como en su ejecutoria al frente de la Administración del Estado, cuya responsabilidad ostenta. La dirección confederal de UGT ha aguantado con estoicismo los envites de la actualidad, los golpes de la judicatura y la sucesión de noticias en prensa esperando tiempos mejores en los que el final de las investigaciones trajesen como resultante total una serie de “efectos limitados”. Sólo con agua hirviendo se ha conseguido la salida de Fernández Sevilla, paralela a un cada vez mayor desafecto entre la masa trabajadora y, en particular, la afiliativa. La otra reacción, todavía peor que la del inmovilismo, ha sido la dirigida por el establishment del sindicato contra quienes se han atrevido a exponer una visión crítica de las circunstancias. Por ejemplo, las acusaciones de deslealtad contra quienes han pedido un relevo generacional inmediato dentro del sindicato y de sus cuadros de mando, especialmente de quienes han estado a cargo de la administración y gestión económica de las diferentes Federaciones. Es el caso de Ana Pérez Luna, ex secretaria autonómica de la Mujer de UGT Andalucía, una de las conciencias críticas más visibles.  

Como en el caso del descrédito de la clase política, aprovechado por quienes quieren poner en un brete nuestro proceso democrático, el descrédito de la función sindical también es aprovechado por quienes pretenden anularla en el ejercicio de su misión de defensa de los derechos de los/as trabajadores/as, directamente, o de quienes pretenden abrir el paso a opciones de representación colectiva más dóciles e inofensivas. En este sentido, Román Orozco alertaba hace muy pocas jornadas sobre la intención última que alienta el tratamiento mediático y político de tan lamentables hechos. Tras pedir a la dirección de UGT que no mire hacia otro lado, que “destape sus vergüenzas” antes de que lo hagan la jueza Mercedes Alaya o la Junta de Andalucía, exigir una catarsis interna que se hace inaplazable, y tras criticar sin paliativos las conductas de falseamiento de facturas y el posterior borrado de archivos informáticos, Román Orozco advierte del peligro: “Con la reforma laboral, la legislación sobre la huelga, la ley de seguridad ciudadana o la reforma de las tasas judiciales, el PP quita derechos a los trabajadores, entrega todo el poder al empresario, controla policialmente las calles y dificulta el acceso a la justicia. Meten miedo”.

Es evidente que sin la fortaleza de las centrales sindicales representativas y mayoritarias todo el acervo de conquistas laborales realizadas en décadas quedará indefenso ante el ataque de los intereses de los etéreos mercados. Y para ello, en mi opinión, debería iniciarse sin demora una triple tarea. En primer lugar, proceder a la catarsis interna inmediata de UGT que comentaba más arriba. Casi dos décadas de mandato es tiempo ya más que suficiente de ejecutoria, con más claros que oscuros, y Cándido Méndez debe dejar paso a un cambio generacional que se hace imprescindible por momentos. Cambio que debe afectar a la mayoría de Federaciones en circunstancias similares. En segundo lugar, es imperativo hacer desde ya un ejercicio de transparencia que otorgue, tanto al afiliado/a como al representado/a, confianza, y que reste a los halcones del antisindicalismo argumentos para la estrategia destructora. Por qué no, mirándose en este terreno en el espejo de la tercera vía sindical que les está “comiendo terreno”  fuera incluso del ámbito de la Administración Pública, el CSIF, que presentó hace pocas jornadas, de la mano de Miguel Borra, su presidente, sus cuentas con un año de antelación al plazo exigible por la nueva Ley de Transparencia. Por supuesto, es imprescindible aclarar públicamente el estado de las actividades (diversificadas) de la central sindical fuera del ámbito estrictamente laboral, convertidas en foco de sospecha, y en el medio plazo, un compromiso ineludible respecto del destino de los fondos procedentes de las Administraciones (menguantes) y de la autofinanciación, evitando así situaciones como las que nos ocupan. Y en tercer lugar, con una perspectiva más a largo plazo, el planteamiento de un proceso progresivo de unidad orgánica con la otra gran central sindical de clase, Comisiones Obreras. El veterano dirigente ugetista extremeño Miguel Ángel Rubio Ramos, con motivo de su reciente despedida, afirmaba que “existen pocas diferencias programáticas entre las dos centrales, manteniendo una excelente unidad de acción que sólo se torna en confrontación con motivo de las elecciones sindicales, en las que la unidad orgánica depararía mejores resultados frente a los sindicatos sectoriales”. El veterano López Bulla ha abogado por esta posibilidad desde diferentes foros, previniendo contra el “patriotismo de siglas”. La autonomía de las dos grandes centrales respecto de las originarias nodrizas políticas que fueron PSOE y PCE (IU), respectivamente, facilitaría el camino a un sindicalismo de clase unitario que se mira en el espejo del existente en diferentes países de nuestro entorno, o en la fusión de AFL-CIO, desde 1955 hasta 2005 (cuando algunas de sus más importantes federaciones recuperaron autonomía), la mayor central obrera unitaria de Estados Unidos y Canadá.

Estamos en una coyuntura muy propicia para intereses concretos, detrás de los que se encuentran los principales agentes responsables de la crisis. Para que se cobren una importante pieza y eliminen de su camino a un poderoso adversario, un contrapoder dentro del escenario socioeconómico. Un obstáculo a sus pretensiones, que son los de la precarización laboral, la jibarización de derechos sociales y la ausencia de garantías de los mismos. Un panorama en el que una inmensa masa laboral quedaría en inferioridad de condiciones en un “diálogo social” totalmente desnaturalizado. En el mejor de los casos, y en sectores profesionales muy concretos, quedará la vía del corporativismo, tan injusta como minoritaria. Por ello, el momento de la reacción es ahora. Una perspectiva interesada, sectaria o inmovilista por parte de los responsables de estas organizaciones de clase (y en concreto, de la Unión General de Trabajadores) será la antesala de una tragedia histórica que se está fraguando en estos días aciagos.