Ante el chantaje

Jon Salaberría

Nuestro fin de semana ha estado caracterizado, sin duda, por el clima reivindicativo en nuestras calles. A pesar del aislamiento voluntario y de la “callada por respuesta” en los que nuestro Gobierno se aplica con esmero para huir de algo tan normal como debería ser en democracia la asunción de responsabilidades políticas y la rendición de explicaciones, la calle y el mundo de la cultura han hablado. Especialmente destacables las movilizaciones a favor de una solución rápida y justa de la cuestión de los desahucios, una de las más dolorosas resultantes de la crisis y que sigue dando a diario las noticias más impactantes para una sociedad de por sí muy sensibilizada ya sobre el tema desde hace meses; y, por supuesto, la “Marea Blanca”, en la que un sector tan plural y diverso en tendencias, adscripción, categorías profesionales e intereses como el sanitario, se mostró unido, compacto y masivo a favor de una sanidad pública universal y de calidad, contra los recortes presupuestarios que la asfixian y contra el modelo de la privatización en las principales ciudades españolas. En ambos casos se ha demostrado que existe un tejido social vivificado, sensible y movilizado que camina en un sentido de circulación diferente y que reclama, desde ya, alternativas. La anual Gala de los Premios de la Academia del Cine Español volvió a ser, como hace una década lo fue con motivo del conflicto bélico en Irak, altavoz de las demandas sociales. A pesar de las dificultades objetivas iniciales planteadas por el ente público RTVE y los cantos de sirena de ciertos puntales mediáticos que sugerían incluso la retransmisión “depurada” de la Gala en diferido, la voz de las gentes del cine español fue inequívoca en la denuncia de los recortes en servicios sociales básicos, se posicionó contra el desahucio de sus hogares de las víctimas de la crisis y contra la corrupción; ni siquiera el Ministro de Educación y Cultura, presente obligadamente en el evento, se libró de las menciones.

En estos casos, y muchos más que podemos citar, se refleja el descontento y el hastío de una calle harta de una gestión política que persevera en los “males del enfermo” y que sigue haciendo oídos sordos a las sugerencias de medidas alternativas que supongan un “tour de force”, un giro de noventa grados hacia políticas de estímulo que se piden a gritos desde todas las instancias. Pero también el reflejo de algo más profundo y más peligroso: el hastío respecto de la normalidad institucional y respecto de la política, concebida en términos generales y sin distinciones; hastío que deriva en indignación dirigida contra el sistema democrático. Cuando vamos a cumplir de nuevo el aniversario de la intentona involucionista de febrero de 1981, de la cual se salió con bien y con un proceso democrático reforzado, la perspectiva de nuestros días es la contraria: el sistema de convivencia peligra. No cabe duda de que la corrupción política y la ausencia de medidas (cuando no de voluntad) para atajarla y para dignificar el ejercicio de las responsabilidades públicas es la gota que ha colmado el vaso. Y no deja de ser una ironía del destino que precisamente la Corona, institución que justificó en aquellos acontecimientos de 1981 su rol constitucional, se encuentre hoy en el ojo del huracán, con un devenir (procesal) de los acontecimientos que es difícilmente previsible.

El diario “El Mundo” se ha hecho eco, tras la comparecencia en sede judicial de Diego Torres, de las noticias  que implican a la Casa Real, al más alto nivel, en los turbios enredos del “conseguidor” (como le bautizó Eduardo Inda), el yerno de SS.MM. El Rey, Iñaki Urdangarín. Si a estas horas seguimos sin comprender no ya que no se cite a la Infanta Cristina a declarar ante el Juez-Instructor, sino que no se la impute en los cargos, no podemos tampoco dejar de sentir estupefacción ante la presunta intervención de la amiga del monarca, Corinna Sayn-Wittgenstein, en las negociaciones para la obtención por parte del Instituto Nóos de adjudicaciones de contratos, en el intento de colocar al Duque en la Fundación Laureus y al patrocinio por parte de Zarzuela de las negociaciones para el Valencia Summit, evento por el que el Instituto Nóos obtuvo una serie de suculentos contratos con la Administración cuya adjudicación es objeto de la investigación judicial.  Negociaciones que se habrían llevado a cabo con las máximas autoridades municipal y autonómica valencianas en la mismísima residencia del Jefe del Estado, según se deduce de los correos entregados a la autoridad judicial por parte de Diego Torres.  Es el diario “El País” hoy el que, por su parte, trae a colación el papel del asesor de las Infantas, García Revenga, en la orientación de los contactos de Nóos y en el control de sus actividades, y revela dos datos más, presentes en los correos de Torres, demoledores: uno, que Urdangarín presumía, en sus negociaciones, del respaldo real a sus gestiones, habiendo mediado presuntamente el monarca a favor de su yerno ante las autoridades de Comunidad Valenciana y de Baleares a través de la influencia de amigos como el regatista Pedro Perelló; dos, gravísima acusación política, que presumía el Duque también de haber presionado a través del que fuese secretario de organización del PSOE y vicesecretario de la misma formación, José Blanco, para “desactivar” cualquier labor de investigación y de reclamación de información en sede parlamentaria por parte del PSPV en referencia a los contratos millonarios del Valencia Summit.

Enric Sopena indica de modo gráfico y descarnado la realidad de esta situación: “Nuestra democracia depende en parte de dos personajes abyectos que tienen a Rajoy y al Rey cogidos por los testículos”  (en referencia, también, a la enésima vuelta de tuerca del “Caso Bárcenas”). Y la posibilidad de que el fin normal del mandato de uno y del reinado del otro dependa de un posible “paso de página”, consistente en algún tipo de acuerdo judicial o extrajudicial con las partes, podría encender la mecha (definitiva) del conflicto social. Sin duda, estamos ya ante el final definitivo del “tabú” que ha protegido a la institución monárquica desde 1978, y depende de una reflexión serena de unos y otros que el posible relevo, tanto de la persona que encarna la institución como de la forma de Jefatura del Estado, se produzca de modo democrático, sereno y fructífero. Ya nos advierte, atinado pero sin dramatismos, José María Izquierdo, de que a algunos se les “ha aparecido Urdangarín”. Cita al inefable Federico Jiménez Losantos cuanto afirma, no sin razón (es impresión que compartimos muchos y muchas) aunque con motivaciones diferentes, que “lo único que España no puede permitirse hoy es la falta de ejemplaridad. Y es lo que ofrece la Corona”. Falta de ejemplaridad que se expande a todo lo público. Con Pablo Sebastián (Republica.es), “estamos ante uno de los acontecimientos más graves ocurridos en la transición, como lo sería la presunta implicación del Rey –en lo mediático e institucional, aunque no penal por su alta inmunidad- en un escándalo de fraude fiscal, de apropiación y malversación de fondos públicos y de tráfico de influencias, como se desprende de lo conocido hasta ahora. Y temerosos de la aparición de nuevos datos y mayores informaciones, así como del futuro espectáculo público del juicio en el que la imagen de la Monarquía, la Casa y la Familia Real sufrirán un deterioro mayor del que ahora soportan y de consecuencias hoy imprevisibles. El que ya explica y justifica el debate abierto en las últimas semanas en torno a la posible abdicación del Rey en favor del Príncipe Felipe”.

El pueblo español, ¿está preparado para la decisión que proceda? Dicho de otra forma, ¿estamos preparados y preparadas para asumir no ya el cambio en la persona que asumiría la Jefatura del Estado, sino para asumir el cambio de forma del mismo? ¿Es el momento de asumir sin tapujos el debate Monarquía-República de nuevo? En mi opinión personal, sin duda, sí. Ante el chantaje, hemos llegado a un punto de no retorno en el que no valen las decisiones cosméticas habituales. Y con una finalidad concreta: fortalecer el proceso democrático, que está en peligro, amenazado por las tentaciones del populismo, del mesianismo y de las soluciones oligárquicas que dejen el control de las instituciones a manos instancias de poder no político. Si ese envite es necesario debatir sobre la forma de Jefatura de Estado, no ha de tenerse miedo. En opinión de Enrique Guillén, “cuando entramos en el laberinto de la crisis económica se nos dijo que era profunda, pero coyuntural. Una vez que se empezó a discernir su complejidad y profundidad, se avisó de que era necesario modificar el modelo productivo, crear una nueva economía. Estos meses se ha visualizado que, si salimos de la crisis, será con otro tipo de relaciones laborales y con notables cambios sociales. Ahora que vamos interiorizando que este proceso trae consigo otras hegemonías y adquiere rango sistémico, hemos de preguntarnos si, tras esta dictadura de los mercados y de algunas instituciones internacionales, no se está gestando también otra sociedad y, quizá, otro entramado institucional”.

Estemos atentos ante los próximos acontecimientos. El comentado horizonte judicial de los casos que emponzoñan la realidad política determinará la adopción de decisiones, que deberán ser en firme, aunque hasta ahora los responsables de hacerlo sigan envueltos en una cortina de silencio. En la ciudadanía, temor e incertidumbre, como hace años no podíamos prever. Pero también madurez para afrontar lo que está por venir.