Acusadores y acosadores

Barañain

A cuenta del caso Noos y la posible presencia de la infanta Cristina ante un tribunal, anda el país especulando estos días sobre quién se saldrá con la suya, si el juez Castro o el fiscal Horrach, hasta ayer íntimamente unidos en la instrucción de numerosas causas -con la corrupción como elemento central-, y ahora duramente enfrentados en torno a la imputación de la hermana del Rey. En los medios, un tropel de expertos sobrevenidos pontifican sobre las razones de uno y otro y apuestan por la preminencia de la llamada “doctrina Botín” o de la “doctrina Atutxa” en la decisión que finalmente adopte la Audiencia de Palma: es decir, si se librará la Infanta porque la mera presencia  de la “acusación popular” es insuficiente para justificar la imputación o si, pese a ello, las características de alguno de los delitos que se juzgarán permitirán que continúe su particular calvario procesal. 

Como si del plató del programa Sálvame se tratara, la afición se divide en bandos apasionados. Tal como están las cosas, yo diría que son tres grupos, al menos, los que pueden identificarse en el graderío. Están los que dan por hecha la inocencia de Cristina de Borbón -al menos desde el punto de vista penal, que es de lo que se trata-,  y consideran carente de fundamento la actuación del juez Castro y están los que creen  evidente su implicación en los hechos que se juzgarán y confían en que, al menos, tenga que sentarse en el banquillo de los acusados. Y hay quizás un tercer y ruidoso grupo -producto del actual  momento político-, el de quienes dando por hecha su culpabilidad esperan que su des-imputación, cuando en la Audiencia prospere el criterio del fiscal, contribuya a una mayor deslegitimación ciudadana del sistema político, pues lo de menos es la causa penal en sí y lo interesante es la pedagogía política que se pueda desarrollar en torno al proceso.

Confieso que, pasado el impacto inicial, no he seguido al detalle las peripecias de la instrucción del caso Noos y no tengo un especial interés en uno u otro desenlace del caso. No obstante, cuando se produjo el primer y sonoro desencuentro entre juez y fiscal, dejé escrito en este blog que me parecía más razonable el criterio que entonces mantuvo Horrach cuando, ante la súbita imputación de la infanta Cristina, se preguntaba – en su recurso-  cuáles eran, en concreto,  los hechos, datos, indicios u otros  elementos incriminatorios que habían aparecido para justificar esa medida para la que él no veía motivos. Creo que, al menos en aquella fase, esa pregunta clave quedó sin contestación por parte del juez Castro, quien ya empezaba a ser vitoreado por la afición más justiciera (que no es sinónimo de justa), señalándole el camino del que no debía apartarse.

Aunque juez y fiscal habían ganado su merecido prestigio actuando al unísono en las causas contra la corrupción,  la mera discrepancia en este caso sirvió para que el fiscal Horrach, de la noche a la mañana,  se convirtiera  a ojos de los justicieros en un servil lacayo del Poder. Que la Agencia Tributaria  y la Abogacía del Estado, nada menos,  avalaran su criterio no servía de nada. Todo era una confabulación indecente al servicio de la Corona, que sólo la valiente perseverancia del juez podía derrotar. Por supuesto, nada de preguntarse cómo era posible que, en este caso y sólo en este caso, se pretendiera imputar a la esposa del corrupto investigado, algo que no ha ocurrido en ninguno de los otros muchísimos que hemos conocido en este país, pues nadie ha visto procesar a las mujeres de Bárcenas o de Correa o al marido de Mª Antonia Munar, por poner unos ejemplos, aunque se beneficiaron igualmente de los ingresos ilicitamente obtenidos por sus cónyuges (y es que una cosa es el reproche moral y otra la sanción penal). Este contraste tan llamativo sugiere que en este caso la condición de miembro de la familia real actúa como agravante para la acusación y no como un injustificado salvavidas para su exculpación. No es que a la infanta algunos la quieran librar por ser quien es, sino que otros la quieren  culpar precisamente por serlo.

Ahora, tras el decisión del juez Castro de imputar a la hermana del Rey -por los “sobrados indicios” que, dice, existen en su contra-, Horrach ha acusado al juez de sucumbir a la presión ambiental de los medios y sus “juicios paralelos”, pues ha actuado desde su previa “certeza absoluta” de la culpabilidad de la infanta, teniendo “el puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación”, y se ha dejado llevar por una “espiral inquisitiva, sin neutralidad, con falta de imparcialidad y objetividad, de mera especulación y pura ficción”. Al juez esto le ha parecido poco respetuoso y ha retado al fiscal a que, si tan seguro está de lo que dice,  se querelle contra él por prevaricación (que es como la versión judicial del “¡a ver si tienes huevos para decirme esto en la calle!”).   Para que no falte nada, en el Consejo del Poder Judicial una minoría ha presentado una inmediata protesta por la actuación del fiscal (en este macro-Sálvame, todos parecen estar de guardia, prestos a saltar a la yugular).

Ahora muchos se quejan porque el fiscal, dicen, ha actuado como si fuera el defensor. Acusación que tiene tanto peso como la que podría formularse contra el juez instructor por haber actuado como si fuera el acusador. Hay quien ve en este espectáculo un indicio más de la decadencia nacional: “El fiscal se hace cargo de la defensa, el juez Castro asume las tareas de la Fiscalía, y, para equilibrar el conjunto, el defensor de la Infanta es un miembro destacado del partido empeñado en la secesión de España, con el beneplácito de un gran periódico propiedad de un Grande de España” (Santiago González, en El Mundo).

Quizás lo que deberíamos preguntarnos es por qué sólo una oscura “acusación popular” -la del supuesto sindicato de funcionarios Manos Limpias dirigido por un ultraderechista, del que nadie conoce actuación o representación sindical alguna-, es la que sostenga la actuación del juez de instrucción. Y por qué tal cosa sólo es posible en España.  La acusación popular ha estado presente en nuestro país, en los últimos años, en numerosos y notorios procesos judiciales (Egunkaria, Gürtel, Garzón, Faisán, Fórum Filatélico y Afinsa y un largo etcétera) y esto es algo genuinamente español, una figura sin paralelo prácticamente en ningún otro sistema judicial (que donde más se emplee, al margen de nuestro país, sea precisamente en Italia -cuyo sistema judicial es aún más pesado, farragoso, lento e ineficiente – y por tanto, injusto- que el español, debería ser un motivo adicional de inquietud). Y allí donde existe, sólo puede ejercerse por entidades previamente reconocidas para ello, con transparencia absoluta sobre sus fines, integrantes, financiación, etc…y en una tarea meramente auxiliar a la del fiscal.

Si en un proceso penal, la presencia de una acusación “particular” – de cualquier persona diferente al Ministerio Fiscal que se sienta ofendida o dañada directa o indirectamente por el denunciado-, es habitual en los sistemas judiciales modernos y es una expresión del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución Española), es absolutamente atípica la coexistencia de una tercera acusación, la “popular” que puede ejercer cualquier ciudadano, aunque no sea afectado directamente por el delito en cuestión. Lamentablemente, en nuestro país, eso está también constitucionalmente reconocido (aunque con distinto rango, en el artículo 125 CE), para favorecer, se supone,   la “participación popular en la Justicia”. Pero, como dice Savater, “dado que al pueblo le pasa como a Dios, que está en todas partes y en ninguna en particular, no es fácil saber lo que quiere y lo que pide”. Tampoco deben saberlo en el resto del mundo que por eso confían la acusación a la fiscalía -como órgano público encrgado de velar por la legalidad- y a los particularmente afectados por el delito. Pero, ya se sabe, “Spain is (todavía) different”.

La presencia de la acusación popular, como es obvio,  no contribuye a la agilidad del proceso penal  pero, a cambio, puede favorecer cierta megalomanía. Que la posibilidad de esa acusación popular sea una excepción a nivel internacional ha contribuido  a que en España se centralizaran las causas contra supuestos “crímenes contra la humanidad” de todo el mundo, aunque, afortundamente  se esté ya reaccionado -algo por lo que felicitar al gobierno de Rajoy-, para poner fin al esperpéntico espectáculo de esta “justicia universal” made in Spain. No habrá esa suerte en la limitación de la  acusación popular, pero confío en que al menos se plantee la cuestión cuando al fin se aborde la necesaria reforma de la Constitución. No se trataría de promover ningún cambio revolucionario, sino simplemente de acabar con esta absurda excepción española, para que nuestro sistema judicial sea un poco más parecido a los de nuestro entorno.