Activarse o morir – o de estado, empresa y desempleo

(Debate Callejero ha decidido, a pesar del terrible atentado de ayer, publicar el artículo que estaba previsto para hoy. No quiere darle a la banda terrorista Eta el protagonismo que tan desesperadamente busca. Esto no implica, por supuesto, que el debate de hoy no se refiera a ese hecho).

 

Frans van den Broek

 

La cuestión de hasta qué punto el estado, o algo que funja como tal, deba inmiscuirse en la vida de los individuos es quizá tan vieja como la humanidad. Puedo imaginarme sin demasiado esfuerzo a un consejo de ancianos deliberando sobre el castigo que merecerían los disolutos jovenzuelos de su día por atreverse a cazar más mamúts que los permitidos por las ancianas costumbres de la tribu, como puedo imaginar a los jóvenes de entonces justificando sus lanzas de más en la necesidad de adaptarse a los glaciares en retirada, poniendo en entredicho la testaruda intromisión de los ancianos (esto me recuerda que uno de los escritos más antiguos, una tablillas sumerias, se quejaban en términos notablemente modernos de la falta de respeto de los jóvenes rebeldes. Al parecer, ciertos temas son, de hecho, intemporales y universales). Como sabe cualquier sociólogo, historiador o politólogo –en verdad, cualquier ciudadano informado- la cuestión está lejos de haberse dirimido con claridad y es casi imposible que lo sea a gusto de todos, y las respuestas a este espinoso y tan humano problema sirven a menudo para clasificar las posturas políticas de partidos y personas. Una menor incidencia del estado en la vida del individuo es postura que suele asociarse con una visión conservadora en política, mientras que una ingerencia mayor del estado para asegurar la prevalencia de una mayor igualdad social es opinión de quienes suelen estar asociados a la izquierda. Pero esta clasificación es tosca, y admite todo tipo de refinamientos y matices, cuando no sorpresas y hasta entuertos. Mal haría el que escribe en intentar desbrozar lo que generaciones de expertos no han podido sino enramar más todavía, por simple ignorancia y discreción, pero quisiera compartir con el lector un ejemplo modesto, que extraigo de mi propia experiencia profesional –felizmente ya pasada-, en el que me parece que la falta de comprensión de este dilema está en operación, y en el que la confusión entre ideología y realidad obnubila el más simple sentido común.

 

En Holanda, como se sabe, nadie se muere de hambre, salvo que uno sea anoréxico o bulímico, o se padezca de cualquier otra seria enfermedad mental o física. La razón es simple y se llama sistema del bienestar. Toda persona, aunque no trabaje o no haya trabajado nunca, tiene derecho a recibir una ayuda del estado que le permita pagar las necesidades básicas de casa, comida y vestido y, si es ahorrativo, hasta necesidades menos básicas, como los porros del fin de semana o el polvito del medio año. Esta generosidad estatal, para cuya existencia –no su extensión- existe un consenso interpartidario desde antaño, implica ciertos deberes por parte del recipiendiario, como es natural. El desempleado está obligado, en la medida de sus posibilidades, a buscar trabajo cuanto antes, o a aceptar ayuda del estado para su reintegración al mercado de trabajo. Dado el retroceso del sistema del bienestar, ciertos cambios han ido ocurriendo a lo largo de los años. Hasta hace no mucho tiempo, uno estaba obligado a buscar trabajo que se adecuara a la experiencia y educación del buscador; luego, se cambió la descripción de trabajo adecuado por la de cualquier trabajo ‘socialmente aceptado’. Esto es, si un ingeniero recibe ahora una oferta de trabajo como selector de flores en Alkmaar, sede de uno de los mercados de flores más grandes del mundo, tiene que aceptarla, o perder sus beneficios sociales. De igual modo, si un empleado del servicio social decide que lo mejor para la reintegración al trabajo de alguien es seguir un curso de ‘disciplinamiento’ (traducción literal y bastante fea) cortando cercos en algún jardín público, también tiene que aceptarlo. Estos ejemplos no son una exageración, y son, hasta cierto punto, comprensibles, bajo la premisa de que el estado espera un esfuerzo de las personas a las que ayuda y de que el público ha aceptado, con su voto, aplicar reglas más estrictas de control de las ayudas sociales. Hasta la Unión Europea está de acuerdo, subsidiando masivamente proyectos que promueven, en principio, la reintegración.

 

Ahora bien, si la cosa quedara allí, no habría mayor problema, puesto que esta exigencia es parte del trato que siempre ha habido entre el estado y los individuos. Pero el estado del bienestar holandés ha decidido, desde hace ya algún tiempo, mantener políticas de servicio social al mismo tiempo que se modernizan sus métodos siguiendo el modelo del mercado e involucrando a la empresa privada. Por consiguiente, actividades que antes se dejaba al individuo, como buscarse trabajo, o a los mismos servicios estatales, como organizar cursos de entrenamiento o de capacitación, se han delegado ahora a empresas privadas que hacen fortunas a expensas del dinero del contribuyente (holandés y europeo) sin que, en más de diez años de actividad, ninguna investigación del gobierno o sus encomendados haya demostrado su utilidad de modo satisfactorio. Estas empresas, lo sé por experiencia propia, se dedican no pocas veces a humillar y amenazar al desempleado –a quien todos llaman clientes, tanto el estado como el empresario-, pues de su consecución de trabajo depende el que se les pague un emolumento que puede ascender a más de cinco mil euros por persona colocada. Los empleados privados están bajo presión, pues a más clientes colocados, más chances de renovar su contrato y hasta de conseguir un aumento. Si son pocos los clientes colocados, el despido es seguro e inmisericorde. En no pocas ocasiones, sin embargo, el destino ahorra al cliente la necesidad de someterse a un trayecto humillante y no pocas veces inútil, y al empleado la necesidad de esforzarse buscando vacantes y presionando al cliente, pues el primero encuentra trabajo por sus propios medios en el período que inevitablemente se extiende –son miles y miles de desempleados, después de todo- entre la inscripción del cliente en la empresa y el momento de empezar su trayecto de reintegración. Dado que el cliente ya ha sido inscrito en la empresa, la empresa se lleva el dinero de todas formas, como si hubiera hecho algo de verdad. Cliente y empleado se ahorran así la humillación y el esfuerzo, pero el contribuyente sigue pagando, como se ve.

 

En otros casos, el gobierno manda a los clientes a estas empresas no para que sigan un trayecto de reintegración necesariamente, sino para que éstas hagan un diagnóstico de su situación, algo que bien podrían hacer los nada mal pagados burócratas del servicio social, diagnóstico por el que cobran un dinero que no depende del ulterior destino del cliente. Sólo el recordar que cada cierto tiempo se abría un período de entrevistas de este tipo que duraba semanas me produce un agotamiento que me cuesta distinguir de la neurastenia: durante aquellas semanas debía entrevistar a catorce personas por día, a media hora por cliente, y quinientos euros por reportaje enviado, reportajes que tenía que completar en un tiempo que desafiaba las más elementales leyes de la mecánica y la biología. Quien no pudiera escribir al menos seis reportes por día se hacía candidato de preferencia para el próximo despido.

 

El lector podrá pensar en este punto que, a fin de cuentas, estas empresas tendrán a empleados mejor cualificados y mejor pagados que los burócratas estatales, por la sencilla razón de que tienen que competir en el mercado. Me temo que tendré que desilusionarlo, pues lo contrario es el caso. El mercado sólo opera durante las rondas anuales de selección de empresas contratadas, selección que, todo el mundo lo sabe, se hace entre empresas todas casi iguales y más por razones de contactos y lobbys que por su supuesta eficiencia comercial. Dado que no tienen que competir con nadie por el resto del año, pueden darse el lujo de hacer lo que les venga en gana, y pagan sueldos rácanos a empleados que no son muchas veces más que recientes graduados en casi cualquier cosa, muchachas o muchachos con poca o nula experiencia en la vida o el mercado. Asistentes jurídico-sociales son alineados codo a codo con ex-guías turísticos o especialistas en geografía humana, sin que falte el psicólogo, filósofo o literato despistado, y en mis años como empleado de estas empresas no he encontrado jamás a alguien que pudiera llamarse especialista en el mercado de trabajo y en la asistencia a desempleados. El trabajo lo aprenden sobre la marcha, mientras piensan en el próximo destino laboral. Como anécdota, traigo a colación aquí a la capacitadora que le tocó al señor Mohammed Bouyeri, el futuro asesino del cineasta Theo van Gogh –al que también tuve oportunidad de entrevistar, aunque con más soltura que en la ronda de producción en serie-, una muchachita de apenas veintiún años cumplidos, de origen marroquí y sin siquiera haber terminado su carrera media como trabajadora social. Aparte de por haber sido un enajenado, no es de extrañarse que el señor Bouyeri se sentara tan sólo media hora durante la primera clase de entrenamiento en asertividad social y orientación laboral y se marchara sin decir palabra. En realidad, yo me hubiera sentido tentado a hacer exactamente lo mismo. La muchachita aquella fue más tarde despedida sin honores de la empresa por haberse puesto a hablar con otro colega marroquí, bastante mayor que ella, casado y con ganas de una aventura de oficina, usando el móvil de la empresa, mientras ella vacacionaba en su patria. ¿Podía esta pobre chica tratar con problemas tan complejos como los que suelen tener los desempleados de toda laya?

 

Pero sobre todo, ¿qué les da derecho a estos empleados en tránsito a tratar a esta gente como si fueran criminales a los que hay que amenazar para conseguir dinero? He visto casos dramáticos, como los de personas a las que la más somera examinación por alguien razonable, diplomado o no, hubiera convencido de su completa inadecuación para el mercado de trabajo. Una mujer turca, por ejemplo, bastante mayor, la que pensé se moriría delante de mí, por el espectro admirable de enfermedades que tenía, desde diabetes hasta insuficiencia hormonal, con un corazón débil incluido. O el de otra señora, de origen surinameño, quien a todas luces estaba al borde de la psicosis, que entró en trance enfrente mío, al parecer poseída por un espíritu o varios, no lo sé, a la que sólo el conserje, también surinameño, pudo recuperar para la realidad, después de obrar ciertos sortilegios sobre ella. No tengo nada en contra de las creencias sobrenaturales, pero de seguro que la diversidad cultural tiene sus límites. ¿Qué derecho tiene el estado a mandar a estas personas a estos lugares y en nombre de qué ideas y principios?

 

Ahora bien, todo lo anterior concierne a la necesidad de reintegrar a personas en el mercado laboral. Pero de pronto al gobierno se le ocurrió la noble idea de querer impulsar a todas las personas a hacer algo, incluidas las que, en principio, no podían trabajar. La motivación subyacente a esta acción masiva es la de querer mejorar la calidad de vida de los habitantes del reino de la naranja. Quedarse en casa no puede ser bueno, y produce todo tipo de males físicos y psíquicos, se piensa, no sin razón. Por ello, cientos de miles de desempleados son ahora mismo objeto de uno de los tantos experimentos sociales del gobierno, que implica el mandarlos, de nuevo, a empresas privadas de reintegración para que los diagnostiquen y sugieran cursos de acción posibles. Por qué esta tarea no puede ser hecha por los mismos empleados de los servicios sociales es, como en el caso del mercado laboral, un misterio. Me imagino que el gobierno supone también que la magia y dinamismo de las empresas privadas van a obtener mejores resultados que la indolencia del sector público. Estas ideas, claro está, no están del todo desencaminadas: es verdad que la actividad contribuye a la salud e integración social, y que el sector público tiende a la desidia. Pero la suposición contraria –que el sector privado va a producir milagros- es una fantasía, sobre todo dadas las condiciones limitadas de la competencia en este sector.

 

El gobierno municipal, además, contagiado por el espíritu de empresa, tiene que mostrar una capacidad de producción que justifique las inversiones y los subsidios, y que satisfaga a las políticos de turno. Los términos usados traicionan ya su origen ideológico: ‘producción’ de mayor o menor ‘desembocadura’ (sic, en holandés) en el mercado o en la actividad de carácter social, como si de una correa de transmisión se tratara. El gobierno municipal tiene que proponerse ‘targets’ y conseguir ciertas cifras. Todo esto es una invitación irresistible a las mentes categorizantes y calculadoras, por lo que acciones y grupos de difícil clasificación son, sin embargo, definidos según criterios que me gustaría llamar surrealistas, sino fuera que tienen una ingerencia nociva en la realidad y nada del atractivo lúdico o creativo de lo que se conoce por este nombre. Los clientes, en consecuencia, son divididos en escalones de 1a 5, según su grado de actividad social o de cercanía al mercado de trabajo. El escalón 1 corresponde a quienes están inhabilitados para toda actividad, salvo la de sobrevivir o tomar sus medicinas. El 2 a quienes realizan o pueden realizar alguna actividad de tipo social, pero aún no pueden acceder a algún trayecto de reintegración al trabajo. El 3 a quienes ya pueden acceder a actividades de integración, pero deben todavía seguir un trayecto más o menos largo de preparación que puede incluir estudios de tipo práctico. El 4 a quienes, con un trayecto de reintegración, estarían en capacidad de conseguir trabajo. Y el 5 a quienes están listos para el mercado de trabajo, y sólo necesitan guía o penalización. Pero esto no es todo. En el escalón 2, el de los activos sociales, por ejemplo, se reconocen diferentes tipos de actividad social, cada cual con su nombre. La actividad de grado más bajo se llama ‘activación social’. La de un grado un poco mayor se denomina ‘activación comunitaria’ (aquí debo recurrir a una traducción forzada, pues los términos originales en holandés significan, en español, exactamente lo mismo, ‘social’). Hay todavía un grado mayor, que se llama ‘activación participativa’, el de quienes rondan el límite con el escalón tres. Cada uno de estos grados y escalones son servidos por su correspondiente retahíla de empresas de reintegración, y son registrados como tales en el sistema informático del servicio correspondiente, lo que da lugar a autoritarias tablas y gráficos, y lo que estimula aún más la postulación de ‘targets’ y objetivos determinados, medidos por la burocracia y analizados por las ciencias respectivas o, más bien, por las empresas que dicen servirse de las mismas para elaborar sus nada baratos reportes.

 

Alguien puede pensar que todo esto es inevitable si se quiere dar cuenta de la realidad, pero la realidad, como suele suceder, tiene hábitos diferentes a las ideas más fulgurantes. Las ideas que sostienen esta clasificación no son, sin embargo, muy fulgurantes. Un ejemplo servirá para demostrarlo. Una ‘activación social’ puede constituirla el servir café a los visitantes de una casa comunal. Una ‘activación comunitaria’ es trabajar en tiempos fijos como voluntario sirviendo y preparando el mismo café. Y una ‘activación participativa’ es hacer lo mismo, pero con más regularidad y limpiando la casa comunal de paso. El cliente, para todo esto, es siempre mandado a una empresa a que se le haga un diagnóstico, a fin de escoger alguno de estos cursos de acción, y luego queda en manos de una empresa (que puede ser la misma) que lo ‘guía’ durante su trayecto y monitora su desarrollo (si lo hay) y sugiere mejoras u otros trayectos. Llegado el momento, el cliente puede hasta pasar a manos de otras empresas, que lo diagnosticarán de nuevo, y lo mandarán a otras empresas para que se eduque y reintegre, todo pagado por el contribuyente. No es difícil imaginarse la presión a la que son sometidos los clientes por estas empresas en busca de ganancia fácil. A todo esto se le llama, no obstante, trabajo ‘voluntario’, el que se espera que el cliente debe ofrecer a la comunidad por la generosidad de mantenerlo en vida. Además, el gobierno ha empezado a contratar las actividades de otras organizaciones sociales y empresas menores, que siempre existieron, por otra parte, para que las actividades ‘voluntarias’ del cliente sean controladas mejor. Con esto, actividades que antes no entraban en las cifras porque eran buscadas libremente por los desempleados para hacer algo útil –tomar clases de yoga, digamos, o irse a nadar-, ahora figuran en las cifras y tablas, y pueden ser presentadas como productos. Los políticos pueden regodearse entonces en el éxito que supone haber llamado a las actividades de otro modo para que sean consideradas resultados de su actividad visionaria. A mayor cantidad de trayectos de todo tipo, mayores subsidios del gobierno central y de Europa.

 

A este respecto, los empleados de los servicios sociales tienen que producir trayectos como quien produce churros, pues esta es la medida de su eficiencia laboral, y esta presión lleva a situaciones no menos surrealistas, como la de inscribir un trayecto en el sistema de registro como ‘trayecto de un cliente en busca de trayecto’ o ‘trayecto de estar bajo mi cuidado para buscar un trayecto’. No me hubiera extrañado encontrar trayectos del tipo ‘piensa, luego tiene un trayecto’, aunque no los vi personalmente. Y todo esto, repito, a costa del contribuyente y de los desempleados. Una de las sugerencias más inmorales que pude oír durante mi paso por este sistema del bienestar enfebrecido, fue la de analizar la situación de clientes que ya hacían trabajo voluntario durante muchos años, a veces décadas, pero en lugares que no figuran bajo contrato con los servicios sociales, y a los que se sugeriría –el verbo no es, por supuesto, adecuado- que dejaran esta actividad que ha dado quizá sentido a una existencia no pocas veces marrada por enfermedades o desgracias para que emprendieran otra en algún lugar que sí figura en las listas de actividades contratadas, para mejorar las cifras. No sé si esta sugerencia se llevará finalmente a cabo –hecho que no me sorprendería-, pero no es difícil tampoco imaginarse el efecto que tendría en los individuos que serían sus víctimas. Y esto que no he mencionado a los muchos desempleados a los que se hace trabajar, en el verdadero sentido de la palabra, para diferentes empresas, manteniendo su ayuda social, convirtiéndolos, efectivamente, en mano de obra barata, con la excusa de que de esta manera están haciendo experiencia y preparándose para el mercado laboral. De más está decir que estas empresas jamás les ofrecen un contrato real cuando termina su trayecto, sino que piden otro desempleado que les siga siendo gratis.

 

Podría escribir mucho más al respecto, pero sólo he querido mostrar una de las tantas maneras en que el estado, guiado por ideas en apariencia racionales, pero en realidad absurdas, puede inmiscuirse de manera deletérea en la vida de los individuos, con la mejor de las intenciones en principio. Y mostrar además cómo una concepción deficiente de lo que es un mercado y de lo que son sus efectos puede contribuir a empeorar este panorama hasta el delirio. Estos ejemplos son casi insignificantes, claro está, si los comparamos con el estalinismo u otras de las muchas locuras colectivas que han asolado la tierra, pero muestran la vesania a la que la infantilización del individuo por los poderes al uso puede llevar. Es muy probable que el balance correcto entre estado e individuo sea siempre fluctuante, pero no ayuda el considerar al ciudadano un niño en necesidad de ayuda o de castigo, ni el suponer que es sólo un ser racional capaz de hacerlo todo por sí mismo. El ser humano, en cualquier sociedad, puede ser un genio o un imbécil, y en no pocas ocasiones, ambas cosas a la vez, de acuerdo a las circunstancias y los momentos. Cualquier examen honesto de nuestras acciones tiene que llegar a esta melancólica conclusión. Pero las ideas que emergen de sistemas de creencias inflexibles tienden a aplanar los promontorios y a rellenar los baches, sin reparar en lo que despanzurran o entierran en su camino. Cuando es el estado el que esgrime estas ideas e intenta llevarlas a la práctica, el riesgo es, por supuesto, mucho mayor. Y el individuo tiene que poder defenderse, para lo que existe la democracia. Pero a menudo el individuo está indefenso, incluso en las democracias, porque éstas han devenido indiferentes o animosas, y es menester recordarlo. Este pequeño ejemplo ha tenido esta intención.