Acabarán dimitidos y algunos en la trena

Padre de familia

Y si no, tiempo al tiempo. Mucho se ha comentado – también aquí– sobre las elecciones europeas, la victoria (corta) del Partido Popular y sus implicaciones políticas. Las invitaciones a que el PP presente una moción de censura (Durán) y la sugerencia de que Zapatero presente una moción de confianza (PP) empiezan a decaer, sin embargo, ante la realidad de que el juego de fuerzas en el Parlamento de la nación permanece inalterado: un Gobierno de minoría que tiene más apoyos, o menos enemigos, que su alternativa potencial. Sin embargo, es posible que las europeas sean relevantes con una perspectiva más larga, pensando ya en las elecciones municipales y autonómicas de 2011 y en las generales de 2012.

 

Además de las dos elecciones citadas, la única cita electoral adicional serán las elecciones catalanas de… bueno, quién sabe cuándo, pero no más tarde del año que viene. En este sentido, supongo a Zapatero ocupado con Chaves en la finalización de las largas y complejas negociaciones para poner al día la financiación de la Generalitat catalana. Es en verdad una cuestión de vida o muerte para la Generalitat, lo cual no ha sido percibido en su plenitud por la opinión pública española debido a la insistencia del Tripartit en plantear las cosas desde la errónea perspectiva de que Cataluña contribuye más de lo que recibe. Eso es verdad también, como lo es para Madrid y para alguna otra Comunidad. Pero no es ese el problema. El problema es que, después del cálculo de ingresos generados y transferencias recibidas, Cataluña no tiene lo necesario para hacer frente a sus gastos “obligatorios”, es decir, para costear los servicios públicos a los que, por ley, tiene que hacer frente. 

 

Como ya hicieron hace unos meses Salgado y Chaves para finiquitar la denominada “deuda histórica” con Andalucía, Zapatero y Chaves tienen ahora que encontrar urgentemente una fórmula que satisfaga las necesidades mínimas de Cataluña sin por ello poner en peligro la sostenibilidad del sistema, incluida su dimensión redistributiva. Confío en que lo consigan y que ello permita soslayar otras exigencias menores como la pretendida bilateralidad de la Generalitat con el Estado: las negociaciones siempre han sido bilaterales pero su plasmación en ley no puede serlo. Si no lo consiguen, Montilla se verá obligado a rechazar de nuevo la oferta en un ejercicio calificable de hara-kiri compartido.

 

Pero lo conseguirán, no me cabe duda. Como tampoco sobre el hecho de que el Tribunal Constitucional será capaz finalmente de ultimar una sentencia sensata sobre el recurso de inconstitucionalidad del Estatut desde los puntos de vista jurídico, político y social. Un Tribunal como el TC, cuya labor es a medias jurisdiccional (es decir, puramente judicial) y política (clave de bóveda del sistema socio-político del que nos hemos dotado democráticamente), tiene el mandato de interpretar la ley, en este caso la Constitución y el Estatut, conforme no sólo a los tiempos que corren (como cualquier otro tribunal) sino también a las voluntades políticas de la ciudadanía y sus representantes. Incluso en el caso de que interprete que algún precepto del Estatut choca formalmente con algún principio o artículo constitucional, lo lógico dado su refrendo mayoritario en las Cortes catalanas, el Congreso y la ciudadanía catalana, será limitar su interpretación de tal manera que se aplique sin menoscabar el espíritu de la Constitución. Lo ilógico sería anular todo artículo del Estatut sobre cuya compatibilidad con la letra de la Constitución puedan caber dudas. Seguro que optará por la primera opción.

 

Ahora bien, si yo fuera Zapatero haría una llamada discreta a algún Magistrado del TC para ver cuál es el timing que tienen previsto. Porque es evidente que no es lo mismo que el TC estime parcialmente el recurso de inconstitucionalidad una vez resuelta la financiación catalana a satisfacción, siquiera parcial, de todas las partes, que hacerlo con ésta todavía pendiente después de plazos y más plazos incumplidos.

 

Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con las dimisiones y encarcelamientos que sugiere el título? Tranquilos, si siguen leyendo espero que al final vean la  conexión (es lo que tiene empezar por el título y lanzarse a escribir sin hoja de ruta).

 

La cuestión es que si Montilla y el TC cooperan, la Cataluña que se abstuvo por encima de la media en las europeas bien podría revalidar el triunfo autonómico de la izquierda y mantener así su condición de caladero privilegiado del PSOE también para las próximas elecciones generales, pieza esencial para revalidar la mayoría socialista. Es a mi juicio evidente que, en caso de no resolver la cuestión de la financiación, el electorado catalán castigará duramente al PSC en las próximas autonómicas, y seguramente también a Zapatero en las generales de 2012: tanto él como Montilla habrían demostrado su incapacidad para satisfacer los intereses generales de Cataluña.

 

No tengo ni espacio ni conocimientos para abordar el gradual declive socialista en Andalucía y, francamente, creo que es prematuro aventurar juicios sobre la influencia del factor Griñán. Como también es impredecible valorar si el PSOE será capaz o no de recortar diferencias en Valencia y Madrid, territorios en los que lo único que me atrevería a aventurar es que el PSOE ha tocado fondo. Y finalmente, desconfío de cualquiera que crea saber cuál va a ser la evolución de los “brotes verdes”, que haberlos haylos pero que pueden fructificar lo mismo que ser barridos por una segunda ola de pérdidas financieras proveniente del otro lado del Atlántico (por ejemplo, la credit card bubble).

 

Son, sin duda, factores que tendrán una influencia crucial en lo que la ciudadanía decida votar mayoritariamente en 2012, como también la posibilidad de que Zapatero, el vilipendiado Zapatero, decida dar un paso al costado y permitir que otra persona encabece la lista del PSOE (¡virgencita, que nos quedemos como estamos!).

 

En todo caso, sí hay un factor que es cierto, tan cierto como esas certidumbres que tanto ansiaba Rajoy a propósito de la lucha antiterrorista y que nunca percibió haber obtenido por más que los etarras siguieran trocando su antigua capacidad de atentar por el ingreso acelerado en prisión. Ese factor no es otro que el doble juicio que tienen que afrontar nuestros representantes políticos cuando son sospechosos de cohecho y otros comportamientos corruptos. De una parte está el escándalo, la sanción social y el escarnio. Este es un juicio casi inmediato a partir del momento en que salta la noticia y en el que la ciudadanía se decanta en función de las acusaciones, las explicaciones y otros factores gestuales y dramáticos (de teatro). Y zas, algunas carreras políticas llegan a su fin sorpresivamente y otras, en cambio, prosiguen como si tal cosa pese a la gravedad de las acusaciones y lo numeroso de los indicios.

 

Pero no nos olvidemos de la responsabilidad legal, la que dirimen los jueces de instrucción y los fiscales y, en su caso, los tribunales. La justicia va mucho más despacio y muchos políticos y las estructuras que les sostienen tratan de ganar tiempo capeando como pueden el juicio social con la esperanza de que la dificultad de obtener pruebas obligue a la justicia a archivar el caso. Pero hete aquí que no parece que vaya a ser el caso, valga la redundancia, con el caso Gurtel y todas sus ramificaciones, que son varias.

 

Como se preveía desde la semana pasada, ayer el Tribunal Superior de Madrid le pasó el caso Gurtel al Supremo en vista de los indicios de que el tesorero y senador del PP y un miembro de la dirección del grupo parlamentario, están implicados junto a un eurodiputado en funciones. No sé si el tesorero, el asistente de Soraya y el clon físico de Ansar (¿han visto a Galeote y su bigote?) son culpables o no, pero sí sé que lo parecen, no a mí sino a los encargados de investigar su patrimonio y sus tratos con Correa y cia. Y en tal caso tendrán que “dimitir”. Para cuando lleguen las elecciones generales es muy posible que nadie recuerde sus nombres, especialmente si aún no han sido condenados. Pero al menos en el caso de la persona que ha venido ejerciendo como tesorero del PP durante prácticamente dos décadas, no se entiende que todavía no haya sido invitado a dejar el cargo. ¿Será porque en realidad no se embolsó el dinero irregular sino que lo puso al servicio del partido? Si esta hipótesis fuera cierta, ¿aceptará comerse el marrón él solito?

 

Claro que de momento parece más plausible la hipótesis contraria: aceptó dinero irregular de Correa y se lo gastó en inmuebles particulares. En tal caso, dimisión y al anonimato, sin consecuencias negativas para el PP dado que apenas nadie conocía su nombre en cualquier caso.

 

Pero difícilmente ese será el resultado de las investigaciones contra Esperanza y Camps. La primera va a verse sometida a una fuerte presión a cuenta de Fundescam, la fundación que utilizó para financiar irregularmente la campaña que la llevó a la Presidencia de la Comunidad, con donaciones de empresarios que luego han sido sus adjudicatarios y encargando servicios directamente a las empresas de Correa. En esta ocasión le va a resultar muy difícil explicar – no a la opinión pública sino al juez – que la responsabilidad recae sobre colaboradores suyos. Al tiempo.

 

Lo mismo ocurre con Camps. Los 24.000 euros en trajes son una nadería de la que, en efecto, ha sido socialmente absuelto. Lo malo son los alrededor de 8 millones de euros adjudicados por sus consejerías a las empresas de los que le regalaron los trajes. Puede que sea difícil demostrar que hay una relación causa-efecto entre el regalo y las adjudicaciones. Pero entonces ¿por qué no ha admitido simplemente el error de haber aceptado unos regalos de personas a las que erróneamente juzgó como amigos? La estrategia de negar que haya recibido ningún regalo – pagué en cash, señoría – sólo se explica si cabe la posibilidad de que vía escuchas, vía testimonio de miembros de la red o vía documentos de la Generalitat, pueda deducirse trato de favor a Correa y cia.

 

Es posible que todo quede en nada también en el plano judicial. Posible, pero no probable. Las dimisiones seguirán sucediéndose, también a cuenta de los espionajes internos en la Comunidad de Madrid, y ascendiendo hasta quizás forzar las de los líderes regionales en los dos bastiones electorales del PP. No olvidemos que aunque la justicia sea lenta, queda mucho tiempo hasta marzo de 2012, cita en la que es perfectamente posible que el electorado tenga elementos de juicio objetivos para juzgar con mucha más severidad a un partido cuyos líderes – no todos pero muchos – se hayan visto forzados a dimitir e incluso hayan ingresado en prisión.