Aborto: el Consejo de Estado avala la reforma

Barañain

En el dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de “Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la  Interrupción Voluntaria del Embarazo”, es decir, de la reforma de la regulación legal del aborto voluntario promovida por el Gobierno hay al menos tres aspectos que me parece importante  destacar: uno, el más político, su valoración sobre la oportunidad de la iniciativa legislativa;  otro,  su criterio jurídico que en definitiva respalda la constitucionalidad de la misma, esto es, del sistema de plazos que se quiere instaurar; y el tercero, su propuesta relativa a la información a los padres, cuando la IVE afecta a una menor, propuesta cuya utilidad no acabo de ver y que por ello no comparto.

I

La derecha atacó desde un principio la iniciativa reformista del Gobierno (uno de sus compromisos electorales) considerándola innecesaria, la típica propuesta radical de Zapatero que, en realidad, no respondía a una demanda social. Ese ha sido un discurso habitual del PP para cuestionar la mayoría  de los proyectos legislativos del gobierno. Sobre la oportunidad de la iniciativa, sin embargo, es especialmente contundente el Consejo de Estado.

La experiencia demuestra que la aplicación de la ley de 1985 (que despenalizaba la IVE en determinados supuestos), ya sea por sus propios defectos o contradicciones, ya por la interpretación laxa de la misma, ya por la evolución social durante sus años de vigencia,  ha llevado a España a un incremento de abortos legales (el país de la Unión Europea donde más ha crecido) y a la persistencia de otros muchos que siguen practicándose en condiciones de grave riesgo sanitario para las mujeres.

Las cifras son concluyentes: en España hay 11.5 millones de mujeres en edad fértil, se producen en números redondos unos 600.000 partos cada año y se registran unos 100.000 abortos. El informe “Juventud en España 2008”  señala que los embarazos no deseados se concentran entre los 16 y los 21 años. Globalmente, según el Ministerio de Sanidad, la tasa de IVE  en 2007 fue de 11,49% de mujeres, lo que supone un incremento de más del 100% en los últimos diez años. El Consejo de Estado al resaltar la dimensión del problema y, por tanto, el fracaso de la normativa ahora vigente, llega a decir que esta norma “ha hecho de España un paraíso del turismo abortista”, aseveración un tanto efectista que no cuadra demasiado con la extendida valoración de tales datos que el mismo Consejo acoge en su dictamen  y que achaca el claro incremento de abortos en la última década al  fenómeno migratorio y a la “afirmación progresiva de una sexualidad temprana”.

 

La inseguridad reinante en la materia, la falta de garantías para la intimidad de la mujer,  la desigualdad en el acceso a la prestaciones sanitarias relacionadas con la salud reproductiva y la IVE (en 2007 el 98% de los abortos provocados se realizaron en centros privados), la problemática derivada de la no regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, etc… son otros tantos motivos que, en contra de lo que ha venido manteniendo la derecha, hacen no ya aconsejable sino necesario  modificar la regulación actual para ajustarla a la realidad. Porque, como dice el Consejo de Estado, “nada es más contrario a un Estado de derecho que el divorcio radical entre las normas y su aplicación”.

II

Ante esa necesaria actualización de la norma, se abrían dos posibles vías: una, profundizar en el sistema de indicaciones haciéndolo mas detallado y exigente y otra, la adopción del sistema de plazos, en el primero de los cuales la IVE queda a la libre determinación de la embarazada, sin perjuicio de que subsistan las “indicaciones” una vez superado el mismo. Pues bien, si la experiencia española desde 1985 muestra las limitaciones y problemas de la primera opción, el derecho comparado de los Estados vecinos hacen aconsejable el segundo, el sistema de plazos. De hecho, entre otras motivaciones de la norma, está la necesidad de alinear nuestro sistema jurídico en esta delicada materia con el de los países de nuestro entorno. En la Unión Europea, sólo Irlanda, Malta y los enclaves de Andorra, Mónaco y San Marino comparten el dudoso honor de penalizar  cualquier IVE; del resto de la Unión, salvo Polonia, Chipre y Luxemburgo, que siguen un sistema de indicaciones, los demás han optado por el sistema de plazos.

Junto a esa constatación el Consejo de Estado deja claro desde el principio que el “respeto a la intimidad  de la mujer –valor internacional y constitucionalmente reconocido- sirve también de fundamento a una opción que pretende poner en sus manos la decisión de continuar o interrumpir el embarazo durante los primeros meses del mismo”.

El Consejo de Estado considera –y esto es lo fundamental de su dictamen-, que el sistema de plazos no es incompatible con la interpretación que el Tribunal Constitucional dio al artículo 15 de la Constitución -el que de modo ambiguo declara que “todos” tienen derecho a la vida-, sobre todo en su sentencia 53/1985, de 11 de abril. No cree que deba reconocerse el carácter de derecho al aborto pero se propugna su despenalización porque “el nasciturus no es titular de un derecho a la vida” y su protección jurídica no tiene carácter absoluto, tal y como el mismo Tribunal Constitucional en sentencias posteriores a la de 1985 ha venido reiterando.

La derecha mediática y algunas plataformas extremistas (“Hazte Oír”, Foro de la Familia, Libertad Digital, etc…) han querido ver en esa precisión sobre la inexistencia del derecho al aborto una desautorización de la Ministra Aído. Pero ni el Gobierno ha pretendido tal reconocimiento –de hecho sigue proponiéndose penalizar la IVE en los supuestos no contemplados por la ley-,  ni tiene mucho interés enredarse en esa discusión conceptual. El propio Consejo de Estado es muy claro cuando concluye que, a efectos prácticos, “en un régimen general de libertad, la ausencia de una prohibición equivale a un ámbito de libertad de su ejercicio…no se trata de reconocer en la norma un derecho específico sino de un lícito hacer en el caso de la IVE como en el de cualquier otro aspecto de la conducta humana no prohibido por la Ley”.

III

El asunto más relevante en el que el Consejo de Estado se aparta de la intención del Gobierno es el relativo a la edad a partir del cual la mujer puede dar, por sí sola, el consentimiento para la realización de la IVE. El proyecto del ejecutivo prevé aplicar el mismo criterio que la legislación sanitaria (Ley de Autonomía del Paciente, promulgada en 2002) contempla para el resto de actuaciones terapéuticas, que a partir de 16 años no requieren de autorización paterna, siendo el paciente el  único que decide. De esa norma se excluyó el aborto, por razones ideológicas pues no hay criterio técnico alguno que avale tal exclusión ante una actuación clínica que es de muy bajo riesgo. Ahora se eliminaría esa excepción.

Javier Salmeán, ginecólogo y uno de los expertos de la Comisión que asesoró al Congreso, lo explicaba así: “Una mujer de 16 años que tiene la madurez para tener relaciones sexuales puede en ese contexto interrumpir su embarazo. Si se le supone madurez para continuar con el embarazo y sacar el niño adelante también se le debe presumir para interrumpirlo. Además, aunque podría ser excepcional, no parece razonable que un padre pueda negar la autorización para una interrupción del embarazo a una mujer de 17 años y la obligue a continuar hasta el nacimiento cuando ella será la responsable de sacar ese hijo adelante”.

En el caso de las menores de edad, con 16 años cumplidos, el Consejo de Estado propone que los padres sean informados y “oídos por el facultativo”, pero sin que tengan capacidad de decisión pues  en caso de desacuerdo entre padres e hija, prevalecerá siempre la voluntad de la mujer. Así mismo, si la menor considera –con “fundadas razones”, dice el Consejo de Estado-,  que el hecho de informar a sus padres puede desencadenar un grave conflicto, será suficiente su declaración.

En un asunto con la conflictividad y  los componentes emocionales que tiene la IVE en una adolescente, no entiendo en qué ayudaría esa previsión que sugiere el órgano consultivo. Decía Barreda, el presidente de Castilla La Mancha, que no concebía que no hubiera comunicación entre padres e hija en un asunto así. Pero eso es algo que la Ley ni puede ni debe plantearse solucionar. Si hay confianza en el seno de la familia, tal previsión de “información” sobra; si no la hay, y por ello se ve abocada la adolescente a decidir por sí sola, ¿qué se gana  introduciendo un elemento de tensión adicional que, a la postre, no será decisivo pues siempre ha de prevalecer la voluntad de la embarazada y no la de sus padres?

Yo creo que no tienen sentido que el legislador se entrometa a cuenta de la información a los padres en las relaciones paterno filiales. Y visto el asunto desde la perspectiva del profesional sanitario que lleva a cabo la IVE tampoco entiendo a qué viene inmiscuirle en esa relación familiar.