A vueltas con la caja única de la Seguridad Social

Barañain 

El gobierno está a punto de asegurarse la continuidad y la tranquilidad en el difícil debate sobre los presupuestos para 2011. Aunque precisará aún de un voto más para garantizarse la mayoría (con toda probabilidad, el de Coalición Canaria), el paso dado ayer para conseguir la complicidad del PNV es fundamental. Al acordar con los nacionalistas vascos el traspaso a Euskadi de las políticas activas de empleo, Zapatero gana un socio y el PNV por su parte se apunta un tanto en Euskadi al conseguir ese acuerdo, en general bajo sus condiciones, pese a estar en la oposición.

Este pacto con  el PNV  evidencia una vez más la capacidad de acuerdo (la famosa “geometría variable”) y de supervivencia política que ha venido exhibiendo Zapatero a lo largo de esta legislatura incluso en los momentos en que más parecía acentuarse su soledad parlamentaria, pareja al desgaste político creciente.

Quizás por eso, la oposición ha encajado mal esta nueva jugada de la que se beneficia además un gobierno autónomo, el vasco -Euskadi dejará de ser la única comunidad autónoma sin las competencias de las políticas activas de empleo-, que han apoyado mediante un pacto singular.

A falta de mejores argumentos, se está recurriendo estos días a una advertencia sobre lo insolidario de la actuación del gobierno de Zapatero que “se pliega una vez más a una demanda nacionalista”, poniendo en riesgo los intereses generales. Esta vez,  tertulianos y portavoces de la oposición no anuncian que  “se rompe España”, pero sí que se romperá, o se pondrá en peligro,  “el principio de unidad de caja de la Seguridad Social”,  otro clásico dentro de las advertencias de género apocalíptico que de tarde en tarde a algunos les da por desempolvar. Sin llegar a  precisar nunca  en qué y por qué peligra se invoca ahora esa unidad de caja de la Seguridad Social con un tono entre solemne y misterioso, como si se estuviera hablando de alguna de  las leyes fundamentales de la termodinámica, en trance de quebrarse por los designios oportunistas de Zapatero.

Para el portavoz económico de la oposición, Cristóbal Montoro, con ese acuerdo el gobierno va a romper  la caja única de la Seguridad Social, porque incluye las bonificaciones (es decir, las deducciones a las empresas por determinadas contrataciones)  y eso “significa que en Euskadi se va a contratar, por ejemplo, a menores de 30 años con menor cotización a la Seguridad Social,…y es evidente que va contra la caja única”.  Le he oído estos días a Montoro insistir, queriendo resultar pedagógico, en que la famosa caja se compone de ingresos y de gastos y que con este acuerdo, al cederse a una parte, Euskadi, la competencia sobre las bonificaciones a empresarios se merman los ingresos que han de proceder de esa comunidad. De paso ha sugerido que se agravia al resto de comunidades pues el dinero que se transfiere a ellas va en función del número de parados mientras que en este caso es una cantidad superior calculada según el cupo vasco. Pero la pretendida sencillez del argumento de Montoro sobre las entradas y salidas de la caja única  sólo esconde la carencia argumental. El principio de caja única  no se refiere a eso.

El hecho de que las cotizaciones de empresarios y trabajadores y las prestaciones de la Seguridad Social entren y salgan de la misma “hucha” cualquiera que sea su origen y destino, y su gestión unificada permiten que exista un reparto “solidario” tanto en lo que se refiere a los distintos territorios en los que radican los cotizantes y beneficiarios del sistema, como  a las generaciones (los actuales ocupados cotizan para mantener a quienes trabajaron en el pasado) y sexos (las pensiones se calculan de idéntica forma para hombres y mujeres). En definitiva, resuelve las carencias, equilibra las cuentas y garantiza el mismo tratamiento en función del salario percibido.

El principio de caja única es, por ejemplo,  lo que salvó en 2007 y 2008 las pensiones en nueve comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Castilla y León, sobre todo). Comunidades con un notable déficit económico generado porque las necesidades económicas para afrontar el pago en protección (pensiones contributivas, no contributivas, bajas por enfermedad común, prestaciones por maternidad y paternidad, etc.) superaron a los ingresos (cotizaciones sociales, transferencias corrientes, aportaciones patrimoniales, etc.). El superávit contabilizado en el resto de las autonomías (en especial,  en Madrid, Cataluña, las Islas, C. Valenciana,…)   y la gestión del sistema como caja única salvó la situación. Que los gastos sean desiguales o que los ingresos no sigan pautas coincidentes no afecta al hecho de que el reparto del contenido de la caja se gestione con unidad de criterio y sin diferencias entre los beneficiarios en función del nivel de ingresos y/o gastos de su territorio. Por eso, el principio de caja única ha sido siempre defendido a capa y espada por la izquierda política y sindical. Es la solidaridad en el reparto lo que está en juego; nada que ver con  obsesiones neocentralistas.

Por otro lado, el acuerdo con el PNV se traduce en un importe económico que se hace por vía presupuestaria precisamente para no romper la caja única de la seguridad social. Que los cálculos económicos de cada partida concreta de la transferencia tomen como referencia el “cupo” tiene que ver con esta peculiar sistema de aportación económica del territorio vasco al estado español, derivado de su concierto económico, fórmula exclusiva de relación bilateral que el PP –como la mayoría del espectro político vasco y español- ha defendido con firmeza en las puntuales ocasiones en que se ha puesto en cuestión o han asomado tímidas críticas al mismo.

En cualquier caso, el modelo vasco servirá de guía para el resto de comunidades que previsiblemente reclamarán también el traspaso de las cuotas de las bonificaciones a la contratación. De hecho, algunas ya lo reclamaron tiempo atrás, el gobierno central se negó a ello y el Tribunal Constitucional avaló las pretensiones autonómicas.

Otra cuestión de la que ha hablado mucho es la del papel marginal que en este proceso negociador se ha asignado al gobierno vasco, obligado a contemplar desde fuera el desarrollo de una negociación en la que se apunta el tanto su oposición, el PNV, el mismo que impidió en épocas anteriores que se materializara ese traspaso; en las negociaciones reiniciadas por el gobierno de Patxi López en 2009 se frustraron por el veto del PNV, como condición para apoyar los presupuestos del Gobierno de Zapatero,  precisamente porque al no incluirse las cuotas de las bonificaciones a la contratación empresarial, la valoración económica de todo el paquete a traspasar era menor. Al final, los 472 millones en que, gracias a este acuerdo, se ha fijado la transferencia son más de los que anteriormente estuvo dispuesto a transferir el gobierno central (300) pero menos de los que en un principio exigía el PNV.

Durante la negociación desde el PSOE se aseguraba que el gobierno vasco tendría que dar su conformidad, pero cabían pocas dudas de que su respuesta ante un acuerdo como el alcanzado sólo podía ser “sí” o “sí”. Será la medalla para el PNV pero lo cierto –y lo que quedará, una vez apagado el humo de las velas de la celebración-, es una competencia que va a gestionar el actual gobierno vasco y con la que está plenamente de acuerdo. De ahí  que en el debate en pleno sobre política general  que se ha iniciado ayer en el Parlamento Vasco –coincidiendo con la noticia del traspaso-, el lehendakari Patxi López haya asegurado que el acuerdo “es una buena noticia para todos los vascos” y se haya felicitado por  el hecho de que, por fin, los nacionalistas “se impliquen en la gobernabilidad de España”.