A Cospedal no le salen las cuentas

Barañaín

 Lo característico de una democracia madura es que la alternancia en el gobierno se produce de forma nada traumática y los protagonistas del cambio lo asumen con normalidad, de acuerdo con unas reglas del juego pacíficamente preestablecidas. Eso implica  entre otras cosas, y es habitual recordarlo, que quienes compiten por el poder se reconocen mutuamente como “adversarios” y no como “enemigos”.

 El traspaso de poderes entre gobierno y oposición es una rutina cuya naturalidad nunca debiera perderse, ni siquiera cuando la alternancia se ha hecho esperar demasiado, por comprensibles que sean la ansiedad y hasta un cierto deseo de revancha. Lo de “conquistar el poder” suena engañoso porque no cabe que el nuevo gobierno, por el hecho de serlo, pretenda algo así como inventar el mundo. Y es bueno que así sea. Consolidada la democracia y su sistema institucional, quien alcanza el  gobierno asume la gestión de una administración pública con un funcionamiento ya muy engrasado en el que ni cabe esperar sorpresas notables ni es aceptable utilizar la nueva posición conquistada como una plataforma desde la que perseguir al derrotado, haciendo leño  del árbol caído.

 Es signo de inmadurez democrática perseguir a la oposición desde el poder. Los electores ya han emitido el juicio político que cabe esperar en la democracia y lo que se pretende del nuevo gobernante es que empiece a ejercer su responsabilidad cuanto antes,  sin perder demasiado tiempo con el retrovisor o fiscalizando lo realizado por sus antecesores. Lo que es válido en campaña electoral no es aconsejable como pauta de gobierno.

 Ustedes me perdonen este arranque como de homilía, pero el hecho de que estemos en medio de una crisis excepcional no debiera hacernos olvidar cosas tan elementales. Con las cosas de comer no se juega. Que las cuentas de las administraciones autonómicas  sean terreno propicio para el ajuste necesario, no debería implicar que quien asume la responsabilidad de gobierno en época de vacas flacas se cure en salud responsabilizando a la mala gestión del gobernante saliente de las decisiones que cree que debe adoptar, porque  las adivina impopulares.

 Que desde el nuevo gobierno de Castilla La Mancha se pretenda nada menos que la “inhabilitación” del presidente saliente -¡que es el nuevo líder de la oposición! –, cuya gestión ya ha sido  sancionada políticamente por los electores,  es un error propio de quien ve al adversario como alguien al que destruir. Algo especialmente rechazable si además quien incurre en ese exceso no es un elemento marginal o poco significativo sino la secretaria general del partido que aspira a gobernar la nación.

 Ya empezó mal la cosa cuando previamente al traspaso del poder, un dirigente del PP regional anunció que, en la situación de ruina que recibían, no iban a tener “ni para pagar las nóminas de los empleados públicos el primer mes”,  disparate del que –como era de prever-,  no se ha vuelto a hablar. Ahora, el gobierno de Cospedal se estrena con un extraño informe sobre las cuentas públicas de la región del que se desprende un déficit muy superior al anunciado por Barreda.

No seré yo quien ponga la mano en el fuego por Barreda en cuanto a su gestión económica (ni en otras cosas). Ni tengo elementos de juicio para ello ni puedo desconocer las tentaciones populistas que han acechado en esa comunidad. Admito por tanto una sobredosis de  prevención al respecto. Pero también soy consciente de que acometer una política de recortes del sector público no suele anunciarse como una opción consciente –cuestión de prioridades políticas-,  sino como algo que uno hace a su pesar, obligado por el estado de la tesorería y el mal hacer de los predecesores. Nada mejor para ello que inflar el déficit existente.

 De entrada,  ha sonado más que raro que tal informe –de formato extraño, con cuatro diferentes cifras de déficit en sus conclusiones y modificada su primera versión apenas cuatro días después de su presentación en sociedad -,  se publicite sin que ninguna persona concreta se responsabilice de su contenido (no lleva firma alguna) y cuando aún no ha sido designado el nuevo Interventor General en el departamento de hacienda de esa Comunidad, tras el cese del anterior.

 Del informe sobre el déficit castellano-manchego se ha denunciado ya el uso profuso y confuso de conceptos variados –algunos insólitos, otros contradictorios entre sí-, y sin respeto a los criterios existentes sobre contabilización del déficit. Criterios, conviene recordar, que no son caprichosos ni parciales  sino acordados entre la administración central y todas las comunidades autónomas.

 Presentar como gastos pendientes pagos ya contabilizados en períodos anteriores –aunque no se hayan hecho efectivos todavía -, acumular en el primer trimestre gastos previstos para todo el año -algo doblemente engañoso porque no se hace lo mismo con la previsión de ingresos, cuyo ritmo a lo largo del ejercicio no sigue un curso lineal, sobre todo en lo que concierne a las transferencias desde el estado- o, en fin, incluir  “albaranes” como “facturas pendientes de registro” son otros tantos trucos groseros,  impropios de cualquier contabilidad que se precie. 

Todo esto sugiere, como mínimo,  una prisa y una falta de rigor que parecen incompatibles con esa seriedad que se invoca como requisito imprescindible para recuperar la confianza perdida, dentro y fuera de nuestro país. Y un flaco favor a la pedagogía democrática en estos tiempos de desconexión entre políticos y ciudadanos.