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Javier
Ahora que se ha conocido el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, según el cual la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el derecho internacional, conviene recordar los antecedentes inmediatos del asunto.
Tras la intervención militar para frenar la matanzas promovidas en primer lugar por el régimen serbio de Milosevic, y ya instaurado el control de Naciones Unidas en la zona (resolución 1244 del Consejo de Seguridad), en enero de 2007 el señor Ahtisaari, enviado especial de la ONU, hizo su primera propuesta para un estatus definitivo de Kosovo que no hablaba de independencia pero sí reconocía su derecho a vincularse directamente a organizaciones internacionales, a ciertos “símbolos nacionales” y a disponer de una fuerza propia de seguridad. Lejos de discutir políticamente una propuesta que los kosovares aceptaron, los serbios la rechazaron tajantemente con el apoyo de su aliada y protectora Rusia. EEUU, entre otros, apoyó aquella propuesta. Tres meses más tarde, el enviado de la ONU propuso una “independencia supervisada” de Kosovo por parte de la comunidad internacional con la finalidad de garantizar la protección de las minorías -serbios y otros-, en el interior de Kosovo, propuesta que nuevamente encontró el rechazo del gobierno de Belgrado y de su aliado ruso. Ante el bloqueo del proceso diplomático, al que el rechazo a las propuestas de Ahtisaari había llevado a un punto muerto, los líderes kosovares optaron por proclamar su independencia de forma unilateral el 17 de febrero de 2008. Para entonces, se había producido ya el traspaso de la misión que la ONU llevaba a cabo en la región kosovar a la Unión Europea. El reconocimiento de la nueva República de Kosovo fue inmediato por parte de EEUU, Reino Unido y Francia.
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Javier
Por si ustedes no se han enterado les contaré que el pasado día 29 de junio, coincidiendo con el segundo día de la huelga de los trabajadores de Metro de Madrid que acaparaba el interés informativo por su repercusión sobre la vida de varios millones de ciudadanos, en Euskadi se vivía una jornada más de huelga general convocada por los sindicatos abertzales para protestar contra las medidas de ajuste económico del gobierno de Zapatero y, de paso, mostrar su voluntad de diferenciarse respecto a la convocatoria de CCOO y UGT para el próximo 29 de setiembre, esa insólita huelga diferida.
El éxito de la huelga fué más que discretito pese a la apabullante sopa de letras de la convocatoria -a los sindicatos abertzales se sumó, en esta ocasión CCOO-, y su incidencia en determinados sectores fue determinada, como aquí es habitual, por el mayor o menor éxito de la intimidación violenta y el bloqueo de los medios de transporte. Nada nuevo. En la administración pública vasca apenas obtuvo un 5% de seguimiento. Que, por cierto, era lo que cabía esperar visto el nulo éxito -por no decir, estruendoso fracaso-, que había cosechado , en Euskadi como en el resto de España la convocatoria especificamente dirigida, días atrás, a los empleados públicos en contra del recorte de sus retribuciones. Tal vez los estrategas del sindicalismo vasco llegaron a imaginarse que si los empleados públicos no habían reaccionado con demasiado entusiasmo contra sus recortes salariales cambiarían de actitud al verse acompañados en esta ocasión por los combativos trabajadores de la empresa privada. Ni por esas. El seguimiento del paro en el sector privado osciló, según los territorios, entre un 19 y un 25%. Los sindicatos nacionalistas, los padres de la iniciativa, consideraron -con prudencia insólita en el uso de los calificativos -, que la experiencia había sido “satisfactoria”. Como es habitual dejaron las exageraciones para describir la “brutal” y “salvaje” actuación de la ertzaintza, que no les había dejado explayarse a sus anchas tanto como les hubiera gustado. Y es que en Euskadi el guión obliga a unir “actuación policial” con “salvaje” y “brutal”. No tiene mayor importancia, está ya en el folklore. De hecho, la huelga general contra el ajuste en Euskadi sólo fue noticia, muy fugaz, por los asuntos de orden público. Unos pocos contusionados y otros pocos energumenos detenidos. Veinticuatro horas despues de finalizada nadie ha vuelto a hablar del asunto. El folklore no da para más.
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Javier
Escribo esto días después de celebrada una reunión entre Zapatero y Revilla, el presidente del gobierno regional de Cantabria y líder de su Partido Regionalista (PRC) y sigue sin despejarse la incógnita del “drama ferroviario” con el que viene amenizándose la vida política en esta comunidad autónoma. En este encuentro, forzado por Revilla, Zapatero ha garantizado al presidente de Cantabria que antes de un mes le expondrá la decisión del Ejecutivo sobre la llegada del tren de alta velocidad a la comunidad autónoma y cuál será su trazado.
Revilla lleva semanas declarando que si no se modifican los planes de Fomento respecto al Tren de Alta Velocidad para Cantabria romperá el pacto de gobierno que mantiene con el PSOE. Pacto que ha venido siendo bastante provechoso para Cantabria y una de cuyas prioridades ha sido la llegada del AVE. El caso es que se apostó, además, la conexión con la meseta, con Madrid, vía Palencia. En el contexto del ajuste económico y el consiguiente recorte en las infraestructuras, el anuncio del ministro José Blanco de que no se llevaría a cabo esa obra -la conexión del AVE por Palencia-, desencadenó la crisis. Ahora, de un trazado ferroviario depende la estabilidad política de una comunidad autónoma.
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Barañain
“Destacados portavoces radicales han transmitido a algunos dirigentes políticos vascos la posibilidad de que la banda emita un comunicado -no se descarta que en las próximas semanas- en el que, sin anunciar su disolución definitiva, responda de forma positiva a los llamamientos expresados por sus bases y por los expertos internacionales que a finales de marzo le pidieron en Bruselas un «alto el fuego permanente y verificable» (El Correo, 23/05/10 www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100523/politica/espera-gesto-20100523.html )
El periódico El Correo en su edición de ayer llevaba a su portada los rumores y expectativas en el seno de la izquierda abertzale que, según se nos contaba con pelos y señales, estaría pendiente de un nuevo alto el fuego de ETA, más o menos inminente, con el que la organización terrorista vendría a admitir así lo que viene reclamándole -hasta ahora sin éxito-, esa izquierda abertzale, avalando su apuesta por las vías políticas. Y es que ese alto el fuego que podría anunciarse antes de agosto sería, o eso es lo que esperan en ese mundo, un “punto de no retorno” para la organización.
Parece evidente que lo que en el mundo abertzale se viene cociendo a fuego lento desde hace muchos meses, con sus tiras y aflojas -que en general apenas interesaban ya a otra gente que no fueran ellos mismos-, está adquiriendo ahora otra velocidad. A este cambio de ritmo contribuye, de manera primordial, la eficacia de la lucha antiterrorista. Los golpes que ETA recibe estimulan el pedaleo positivo de la izquierda abertzale.
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Barañaín
Nunca he sido muy partidario de esa típica apelación española al “chocolate del loro” con la que tendemos a desdeñar cualquier intento de ahorro o racionalización de costes en las empresas en general y particularmente en el sector público, sobre todo cuando el esfuerzo ahorrador se centra en lo que tenemos más próximo. Nos ponemos estupendos criticando la medida concreta que afecta a nuestro entorno laboral más inmediato mientras invocamos otras necesidades, supuestamente más imperiosas y a la vez, eso sí, más “lejanas” en el tiempo y en el espacio.
Por poner ejemplos cotidianos: ¿Que en cualquier dependencia pública se quiere limitar el uso a mansalva por todo quisque de las fotocopiadoras para imprimir documentos personales sin relación alguna con el trabajo? ¿Que se sugiere la conveniencia de apagar las luces al salir, por aquello del ahorro energético? ¿Que se pretende reducir la supermillonaria factura de teléfonos móviles en un hospital limitando su uso a quienes objetivamente tienen necesidad de disponer de los mismos y acotando su consumo? La respuesta defensiva ante cualquiera de esas humildes iniciativas de ahorro está asegurada de antemano: “¡eso no es más que el chocolate del loro!” dirán los aludidos derrochones, para, a continuación, advertir apuntando a niveles más altos que “¡mejor sería que se controlaran otras cosas más costosas!”.
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Barañain
En un artículo publicado en El País hace ahora algo más de tres años, Josep Ramoneda utilizaba la metáfora de una “sopa fría” para referirse a la imagen que proyectaba el Gobierno tripartito catalán, el “Govern d’Entesa”, sobre la ciudadanía. Contaba Ramoneda que en un encuentro que acababa de tener con el presidente Montilla la tardanza en empezar la cena había enfriado la sopa que les esperaba en la mesa. Eso le daba pie a reconocer que tras una etapa -la del primer gobierno de la izquierda catalana, presidido por Maragall-, de la que salieron todos un tanto escaldados, por la agitación vivida, “bien se agradecía una sopa fría”, aún advirtiendo de que tarde o temprano haría falta algo más caliente.
A punto de culminar la legislatura en esa Comunidad, una reflexión muy recurrente entre los socialistas catalanes ha sido la de achacar en parte la desafección ciudadana hacia la política, concretada en la abstención electoral, a un exceso de “política fría”. Retomando aquella metáfora de Ramoneda, el vicesecretario del PSC Miquel Iceta alertaba sobre aquellas causas que han alejado a gentes diversas de la participación política y sobre la necesidad de darles nuevos y suficientes motivos para la participación activa: “…para ello la sopa no sólo debe estar caliente sino que debe mejorar su sabor y adaptarse a nuevos gustos. Porque, en efecto, los problemas de las sopas no son sólo los relativos a la temperatura a la que se consumen. A veces les falta sal, en otras ocasiones les sobra. A veces echa uno de menos algunos tropezones, crujientes picatostes o el placer de degustar texturas distintas en lugar de consumir purés de sabor indeterminado.” Y es que, constataba Iceta, los partidos políticos tienden a veces al puré indeterminado. “Intentando gustar a todo el mundo, producen en algunos momentos mezclas insípidas y uniformes en las que es difícil encontrar el gusto de lo auténtico y lo diverso (…) Ese puré uniformador de la política hueca ha desorientado también a veces a la izquierda, pues cuando la izquierda se limita a una mera gestión administrativa, abandona la tarea de gobernar en el sentido profundo de la expresión y se aleja de la energía que la alimenta: utopía, debate y participación. Esos son los ingredientes de una política caliente”.
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Barañain
Se ha iniciado la tramitación parlamentaria de una nueva reforma del Código Penal – es decir, de nuevo endurecimiento del mismo, que es algo que periódicamente excita el celo de nuestros políticos -, y vuelve el PP a la carga con su propuesta de “cadena perpetua revisable”, una nueva pena específica para los delitos considerados más graves, como el asesinato terrorista y la muerte con agresión sexual. La revisión de la pena se llevaría a cabo transcurridos veinte años de su cumplimiento si se se constata la posibilidad de reinserción, el arrepentimiento del preso, que haya satisfecho sus responsabilidades civiles y que la gravedad de la culpa no exija el cumplimiento efectivo de la pena.
Apoyándose en el eco mediático exacerbado de crímenes como los de Marta del Castillo, Sandra Palo o la niña Mari Luz Cortés, los sectores mas radicales de la derecha política y judicial desempolvan periódicamente el debate de la cadena perpetua o, según la última versión de la recurrente propuesta, de la prisión permanente revisable. “Se basan en trágicos delitos, muy excepcionales y que conmueven intensamente. Detrás de ellos se observan errores de los órganos judiciales y unos medios de comunicación que expanden el sufrimiento a costa de primeras páginas que elevan sus ventas. Es el escenario perfecto para pedir el endurecimiento del código penal. Hace unos meses el debate se centró en que la edad penal debía de rebajarse a los doce años….. ahora toca el turno a la cadena perpetua…” (declaración de la plataforma “Otro derecho penal es posible”).
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Barañaín
Hace unas semanas hubo mucho revuelo por el intento del Ayuntamiento de Vic de impedir el empadronamiento de inmigrantes en situación irregular; no lo ha habido tanto, ni muchísimo menos, por el lamentable episodio ocurrido en la localidad de Cunit (Tarragona), pese a que ambos asuntos pueden considerarse, en cierto modo, como las dos caras de una misma moneda. O como dos enfoques, igualmente distorsionados y preocupantes, de los problemas derivados del impacto social de la inmigración sobre todo si los inmigrantes pertenecen a grupos étnicos como el magrebí, en los que el bajo nivel cultural y el fundamentalismo de su religión musulmana dificultan su integración social.
En Cunit, ha llegado a los tribunales la denuncia de Fatima Ghailan, marroquí y musulmana, que trabaja como “mediadora social” para su Ayuntamiento, por el acoso padecido por parte de algunos miembros de la comunidad islámica, entre ellos el imán y el presidente de la asociación islámica de la localidad. El acoso se inició nada más conseguir la víctima el empleo municipal. El hecho de estudiar un master, trabajar, hablar un castellano y un catalán perfectos, no cubrirse con pañuelo, conducir su propio vehículo, relacionarse con personas no musulmanas, etc. eran, a ojos de los fanáticos, rasgos tan intolerables de su pecaminoso estilo de vida occidental que intentaron no sólo intimidarla a ella sino conseguir tanto su despido por parte del ayuntamiento como su aislamiento social y el de su familia en el seno de la comunidad magrebí.
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Barañain
La secuencia de malos datos económicos de los últimos días, con un déficit público crecido hasta el 11,4% del PIB y una cifra de parados superior a los 4,3 millones – que condicionará totalmente la política social para los próximos años-, ha empujado al Gobierno de Zapatero a recortar el gasto.
En un claro intento de mostrar solvencia y credibilidad ante unos mercados desconfiados, el Gobierno ha querido enviar unas señales claras – plan de austeridad, reforma en el sistema de pensiones y cambios en el mercado laboral-, con las que además se marcan convenientes distancias, dicen, frente al ejemplo de la debacle griega, que amenaza con extenderse a otros países de la eurozona. Y eso pese a que, como bien dijo Zapatero días atrás en el foro de Davos, “España tiene un historial de país serio” en el que “la deuda está veinte puntos por debajo de la media de la eurozona”. Esa seriedad exige tomar medidas que pueden implicar un desgaste político ahora aunque sus beneficios se verifiquen en un futuro. En eso consiste, a veces, tomar la iniciativa política. (más…)
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Barañaín
Uno de los datos positivos de 2009 – en general annus horribilis -, es el descenso en un 40% del número de muertes por violencia machista respecto al año anterior. La cifra (55 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas) ha sido un 15% inferior a la media de los últimos cinco años. Los cinco años que acaba de cumplir la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que se aprobó el Día de los Inocentes de 2004. Me parece llamativo, sin embargo, que el dato no haya sido motivo de portadas de prensa o titulares en televisión ni se haya resaltado suficientemente su importancia. Ni siquiera por parte del gobierno. Tal vez sea por pudor o por un temor supersticioso a no echar antes de tiempo las campanas al vuelo. Y es llamativo porque cuando el dato era negativo bien que se especulaba con ello.
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