¿Por qué los hombres seguimos matando a las mujeres?

Andrés Gastey

Este año que concluye se cerrará en España con unas 70 muertes adscribibles a lo que hemos venido en llamar “violencia de género”. Traducido al román paladino que usábamos antes de que el prurito de la corrección política abotargase nuestro idioma, lo que quiere decir la frase anterior es que a lo largo de 2008 unas setenta mujeres habrán sido asesinadas a manos de sus maridos o novios. Compartir con esos asesinos mi condición de hombre es algo que me avergüenza profundamente.

 

No faltarán exegetas exquisitos que, utilizando toda una panoplia de series estadísticas y análisis comparativos, hagan interpretaciones favorables de las cifras de víctimas. Sin embargo, los hechos son tozudos. Como señalaba la Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona María Sanahuja en un artículo publicado por El País el pasado día 22, “mueren tantas mujeres como antes”. Las preguntas pertinentes serían: ¿por qué?; y, sobre todo, ¿qué podemos hacer para evitarlo?

 

En mi opinión,  la actitud correcta para enfocar el asunto es el reconocimiento de que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. Hay incluso quienes argumentan que algunas de las medidas adoptadas en la pasada legislatura han resultado contraproducentes.

 

Pero veamos dónde nos encontramos en este momento, cuatro años exactos después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

 

La Ley, conviene recordarlo, se adoptó por unanimidad en el Parlamento. Ha sido precursora de una arborescencia institucional notable. En el seno del ejecutivo, desde abril de este año existe un Ministerio dedicado a la Igualdad; una Delegación del Gobierno para la Violencia de Género dentro de la Secretaría General de Políticas de Igualdad (instancias distintas del clásico Instituto de la Mujer, que sigue existiendo); un Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer; y una pléyade adicional de instrumentos legislativos y orgánicos de los que se han dotado nuestras Comunidades Autónomas. En el ámbito judicial, una de las creaciones más polémicas de la Ley Orgánica 1/2004 fue la jurisdicción especializada sobre violencia de género, y uno de los instrumentos más populares surgidos a su amparo, la línea telefónica específica (número 016) dedicada a la información y al asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

 

Toda esta maquinaria ha permitido que se disponga de una información más completa sobre la magnitud del fenómeno. Como queda dicho, la violencia machista habrá provocado a finales de este año unas 70 muertes. Son aproximadamente las mismas que se vienen observando desde hace años, sin que las pequeñas oscilaciones al alza o a la baja permitan detectar tendencias significativas. Según demuestran las estadísticas, la víctima tipo de estos asesinatos es una mujer todavía casada con su maltratador, de 31 a 40 años de edad, que es agredida en el domicilio familiar con un arma blanca. Algunas de ellas habían denunciado antes a su asesino, y en un porcentaje significativo de los casos se había dictado una orden de alejamiento contra él que de nada sirvió. Víctimas y asesinos son mayoritariamente españoles, pero la incidencia porcentual entre la población de origen extranjero es mucho mayor: aproximadamente un 40 % de los implicados son extranjeros, cuando constituyen sólo un 10 % de la población general.

 

Los 70 asesinatos son sólo la cúspide a la vista de un iceberg terrible. Se trata de los casos de mayor dramatismo, pero no los más frecuentes. Grosso modo, un 7 % de las mujeres españolas afirma haber sido víctima de maltrato por parte de su pareja alguna vez en su vida. La incidencia es algo mayor entre las mujeres que se autoubican ideológicamente en la izquierda o el centro izquierda y entre las que se autodefinen como ateas. Si la muestra se limita a las separadas o divorciadas, el porcentaje aumenta hasta casi la mitad.

 

En 2006 se formalizaron más de 80.000 denuncias por violencia de género, unas 230 cada día. Las estimaciones sobre violencia no denunciada son difíciles de hacer, pero sí parece que uno de las consecuencias de la nueva regulación ha sido el que afloren casos que antes permanecían ocultos. Sea por ésta o por otras causas, desde 2002 las denuncias se han más que duplicado.

 

Otro buen índice de la gravedad del problema que afrontamos son las llamadas al 016. Cada mes, este teléfono atiende a alrededor de 6.000 usuarias en busca de información, consejo jurídico o auxilio de cualquier tipo. Conviene tener en cuenta que el 016 es, en realidad, un número de segunda instancia, porque ante una situación de riesgo cualquier mujer recurrirá antes al 112 o al entrañable y anticuado 091.

 

El estudio del uso del 016 proporciona algunos datos curiosos. Se recurre mucho más a él los lunes, y la frecuencia de las llamadas va cayendo hasta alcanzar su mínimo los domingos.

 

Este es, en tres brochazos gruesos, el panorama estadístico de la cuestión.

 

Ciminólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos sociales, pedagogos y demagogos de toda ralea tienen en él un campo amplio para librarse a sus especulaciones, explicarnos qué hay en la raíz de la violencia masculina contra las mujeres y hacernos propuestas para erradicarla.

 

Pero, volviendo a lo hecho hasta ahora, ¿dónde nos hemos equivocado?

 

El Presidente del Gobierno es un feminista confeso. Algunas de las decisiones que ha tomado, fundadas en el principio de la discriminación positiva (como forzar la paridad en la composición del gabinete o la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres), han sido muy discutidas. La estrategia que parece estar detrás de estas medidas es que las modificaciones introducidas desde la cúpula del sistema político marcarán la pauta y calarán poco a poco hasta lograr una verdadera transformación de la sociedad.

 

No estoy muy seguro de que sea una estrategia correcta. Sin negarle valor simbólico al hecho de que las mujeres tengan una visibilidad creciente en los puestos de mayor relevancia de nuestra sociedad, me parecería mucho más importante y perdurable que el cambio que se produzca “desde abajo”.

 

Yo sospecho que el de discriminación positiva (combinación horrible de palabras, como violencia legítima o santa intransigencia) es un concepto que va a ir cayendo en desuso. Cuando el Presidente electo Obama afirma que sus hijos no necesitan discriminación positiva, y que, por el contrario, sí requieren atención especial muchos hijos pobres de padres blancos, está, creo, indicando por dónde van a ir los tiros. Simone Veil ha desaconsejado a Sarkozy la reforma de la Constitución de Francia que se había planteado para incluir la diversidad como un valor a proteger porque, según argumento recogido por el propio Sarkozy “es la situación social de las personas lo que sintetiza todas las discriminaciones; es sobre la inclusión social sobre lo que hay que trabajar”.

 

En el terreno de la lucha contra el machismo, el enfoque de la discriminación positiva ha tenido alguna repercusión no buscada. Según la citada María Sanahuja (que, lo aclaro de antemano, pertenece a la asociación judicial progresista), la bien intencionada Ley Integral de Violencia sobre la Mujer no sólo ha sido ineficaz a la hora de reducir la cifra de víctimas del machismo, sino que ha tenido efectos perversos, al ser utilizada de manera espuria por muchas mujeres (miles) que, a través de denuncias falsas, explotan torticeramente los mecanismos previstos para la protección contra la violencia, y los desvirtúan con el fin de obtener por vía ilegítima ventajas en los procesos de separación, como la atribución de la custodia de menores o del uso de la vivienda familiar. De este modo, afirma, “hemos consentido la detención de miles de hombres que, luego, han resultado absueltos”. La Magistrada abundaba además en su artículo en el error que ha supuesto crear la jurisdicción específica sobre violencia, que ha generado distorsiones graves en el funcionamiento de todo el sistema judicial. Para colmo, además, dicha creación se ha producido sin dotar a los nuevos juzgados de medios.

 

Así que es hora, como reclama Sanahuja, de revisar la situación, evaluar los resultados y corregir el tiro.

 

Me temo, sin embargo, que no hay soluciones mágicas, ni nada que pueda llegar a sustituir al único método eficaz a largo plazo para cambiar de verdad las cosas: la educación. Sus carencias son, en mi opinión, la raíz última de casi todos los problemas que nuestra sociedad padece. Ahora bien; es más fácil hacer una ley sobre cualquier asunto que apostar a fondo por la educación, lo que exige recursos, consenso y un horizonte temporal no necesariamente acorde con las urgencias de cada legislatura.

 

Y no se trata tan sólo de lo que deba hacer la escuela (la necesidad de una enseñanza de valores para la ciudadanía en este terreno es evidente) sino, sobre todo, de la educación que se proporcione en las casas. Si cada progenitor se tomase en serio el inculcar a sus hijos el rechazo a la violencia e insistiese sobre la igual dignidad de todas las personas, independientemente de su sexo, el problema se resolvería en una generación. Tal vez no se pueda contar con la complicidad de todos los padres en esta tarea, pero sí deberían movilizarse al menos todas las madres.

 

Mi convicción es que, más allá de las grandes medidas legislativas, el día en que los niños (y no sólo las niñas) de España hagan sus camas, recojan su ropa, barran su cuarto y preparen alguna vez la comida de la familia, el país habrá cambiado definitivamente.