Intolerancia total con los intolerantes

Mimo Titos

Uno piensa que vivimos en una Democracia Social y de Derecho como reza la Constitución. Y que las cosas funcionan razonablemente bien, incluidos los remedios que el ordenamiento jurídico arbitra para corregir los abusos del sistema y las violaciones de la ley. Pero no parece ser así o por lo menos no es así para todo el mundo.

Nuestra democracia es garantista, lo cual es muy razonable porque obliga a las autoridades a esmerarse a la hora de acusar a cualquier ciudadano de cualquier delito. Y brinda generosas posibilidades de defensa a cualquier presunto delincuente. No quiero poner nada de esto en duda.

Lo que sí quiero hacer es acusar a nuestra Democracia de negligencia por omisión y acusar a nuestra sociedad – yo incluido – de pasividad ante el terror. Y no estoy hablando del terrorismo de ETA, no.

Hace unos años, el secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco despertó a la narcotizada sociedad vasca y española frente al horror de ETA. La sociedad se plantó y dijo no a los violentos, a los terroristas y a sus cómplices, animando a los poderes públicos a imponer el imperio de la ley con mayor vigor y eficacia. Esa actitud ha sido determinante para que ETA se encuentre hoy en una situación de máxima debilidad, con una pobreza de medios materiales, económicos y humanos sin parangón en su demasiada larga historia. Sus apoyos sociales también han disminuido drásticamente, en parte por la ofensiva jurídica que ha privado del disfraz de legalidad bajo el que se escondían batasunos, askatasuneros, Erriko-taberneros y soplones que pasaban por periodistas. Se iba a acabar el mundo, nos decían los más temerosos; el Estado de Derecho quedará herido de muerte, añadían los más puristas.

Pero no, lo que hicimos fue poner nuestra democracia al nivel de la alemana, privando de legalidad a los anti sistema, a los que se beneficiaban de la democracia para acabar con ella y, por el camino, con unos cuantos demócratas.

A continuación, varios Gobiernos se vieron forzados a reforzar las medidas para hacer frente a la oleada de violencia doméstica, de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, incapaces de soportar sus decisiones independientes. La alarma social fue tal que en al menos una ocasión se reformó la ley antes de que la anterior reforma hubiera llegado a entrar en vigor. Y sí, la ley tal y como está hoy es discriminatoria contra el hombre. Y sí, se presta a abusos por parte de una mujer que quisiera hacer una denuncia malévola contra su cónyuge y esté dispuesta a autolesionarse para provocar su arresto inmediato. Pero la democracia no se ha tambaleado. Los crímenes domésticos siguen teniendo lugar pero al menos ahora hay juzgados y comisarías específicas que se ocupan de imponer y hacer respetar órdenes de alejamiento y otras medidas destinadas a proteger a las agredidas.

Pues bien, la concatenación de episodios xenófobos de las últimas semanas hace necesario dar una nueva vuelta de tuerca contra la intolerancia. Ayer ingresó en prisión el agresor de Miwa Buene Monake, economista congoleño que lleva ocho meses tetrapléjico. Pese a la gravedad de las lesiones (estuvo 17 días en coma) y a haber sido agredido sin mediar provocación a decir de los testigos, el juez de Alcalá de Henares que se ocupa del caso tardó siete meses y dos semanas en tomar declaración a la víctima. Y un par de semanas más en enchironar al racista que acabó con los sueños de Miwa Buene Monake por la simple razón de ser negro.

Hace pocas semanas todos nos indignamos por la agresión a la ecuatoriana en el metro de Barcelona. Más indignante aún fue que el juez tramitara el asunto sin presencia de la fiscal, que estaba ocupada con un asunto de narcotráfico, por lo que el agresor se fue de rositas a tomar cañas mientras charlaba animadamente con la prensa. Sí, las lesiones físicas fueron leves. Pero el terror infundido a la pobre ecuatoriana no lo fue.

Como tampoco lo fue la paliza a un colombiano hace pocos días en Las Rozas mientras caminaba con su esposa de vuelta de una cena. Topó con una pandilla de fascistas que le rompió el brazo. Ni siquiera se molestó en denunciar la agresión a la policía porque, como declaró después, viendo la paupérrima reacción legal ante el caso anterior ¿qué podía esperar él, morenito de piel, cuya agresión ni siquiera había sido grabada en video?

Según SOS Racismo, hasta el mes de septiembre se habían registrado hasta 56 casos de discriminación xenófoba en la Comunidad de Madrid, en su mayor parte por agresiones de vigilantes de seguridad de diversos establecimientos, discotecas o medios de transporte. Como la brutal paliza que en marzo sufrió un tal T.A. de Sierra Leona a manos de dos vigilantes de la Estación de Atocha, que todavía no han sido juzgados pese a haberle lesionado el oído de gravedad. ¡Desde marzo!

No, lo de la ecuatoriana no fue un caso aislado. Estoy seguro de que son muchos más los negros, mulatos, moros y latinos que han sido víctimas de agresiones por toda la piel de toro en el último año a manos de vigilantes jurados extralimitados y neonazis juveniles con ganas de marchita.

Uno de estos aprendices de fascista acabó el sábado pasado a navajazos con la corta vida – 16 años – de Carlos Javier P. en una estación de metro de Madrid, dejando malherido a su amigo Alejandro Jonatan M.M., de 19 años. A diferencia de los demás premiados en la tómbola de la xenofobia española, Carlos y Alejandro eran blancos, españoles de pura cepa. Pero eran rojos, skin reds, punk rojos, como quieran llamarlos, y encima se dirigían a contra manifestarse frente a los xenófobos de Democracia Nacional, que habían convocado una manifestación en el madrileño barrio de Usera bajo el lema “Contra el racismo español, contra la inmigración”.

¿Cómo puede nuestra democracia admitir una manifestación con ese lema? ¿Aceptaríamos una manifestación contra los putos calvos? ¿O contra el nazismo del PP? No deberíamos pero no estoy seguro. Especialmente después de que el Tribunal Superior de Madrid, CON EL APOYO DE LA FISCALÍA, haya autorizado la manifestación que la Falange quiere celebrar el próximo fin de semana en memoria de “Jose Antonio, asesinado por los socialistas en 1936”. El subdelegado del Gobierno la había prohibido pero Falange recurrió aduciendo que no había ningún dato que indicara que el lema fuera a serlo también de la manifestación. Y bueno, si aceptan que lo de asesinado por los socialistas no encabece la manifa pos vale: el Tribunal le dio la razón a Falange y ya no cabe recurso. ¿Estamos en un mundo de locos?

El asesinato en el metro ha impulsado a la Delegación del Gobierno en Madrid a buscar recursos legales para prohibir las demás manifestaciones ultraderechistas que quieren celebrar en Madrid el próximo fin de semana coincidiendo con el 20-N. ¿Y en el resto de España?

Basta con ir al Bernabeu cualquier domingo para verificar de primera mano la libertad con la que se mueven y organizan auténticas hordas de neonazis, con sus banderas y símbolos no ya preconstitucionales sino perseguibles de oficio en media Europa. Un entrenador de futbol holandés, Guus Hidink, mandó a parar un partido en Valencia hace ya muchos años hasta que la policía no retirara una esvástica portada con orgullo por los ultras de su propio equipo. No fue un brindis al sol pero se quedó en un caso aislado. Como el incidente “provocado” por Samuel Etoo el año pasado cuando harto de los insultos racistas intentó retirarse de un partido. Gran debate deportivo durante escasos cuatro días y punto.

¡No! La policía sabe dónde están, cuántos son, donde quedan, donde se emborrachan, los foros de Internet a través de los que se comunican y los cuándo organizan un concierto nazi punk a mayor gloria del Reich. Como también sabía de las redes de islamistas que antes del 11-S encontraban abrigo en España para reunirse, conspirar y promover la Yihad cibernética. Por algo Mohamed Atta vino a España a ultimar los detalles del ataque. Y fue sólo después del 11-S que el ínclito Garzón y la policía se decidieron a tomar en serio la amenaza.

Hasta Zaplana declaró ayer que creía que la Fiscalía debía hacer todo lo necesario para impedir la manifa de Falange. Y el Consejero autonómico de seguridad de Madrid, Alfredo Prada, se mostró a favor de ilegalizar a aquellos partidos que en la práctica vulneren la Constitución, añadiendo que no se deberían equiparar los brotes de racismo y xenofobia con la inmigración y la delincuencia porque es injusto y falso. Otrosí, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, manifestó su preocupación ante la implicación de la juventud en movimientos violentos.

Nadie podrá convencerme de tener confianza en la integridad de Zaplana. Y las palabras de Prada suenan pelín huecas sabiendo de su pasado en Fuerza Nueva (http://www.elpais.com/articulo/madrid/RUIZ-GALLARDON/_ALBERTO/PRADA/_ALFREDO_/PP/_GRUPO_PP_-_SENADO/PEDROCHE/_JESUS/ESPAnA/MADRID__/COMUNIDAD_AUTONOMA/FUERZA_NUEVA/elpepuespmad/19950705elpmad_16/Tes). Por no hablar del Señor Canalda, que al menos hasta mediados de los ochenta no dejó de acudir cada 20-N a la Plaza de Oriente con su camisa azul.

Pero afortunadamente no dependemos de ellos. El PSOE está en el Gobierno y seguramente revalidará su mandato electoral el próximo marzo. Una de las tareas más importantes de la próxima Legislatura será sin duda articular medidas para favorecer la integración acelerada de los más de 4 millones de nuevos ciudadanos que han llegado a contribuir a nuestro crecimiento económico y enriquecimiento cultural en los últimos años. Pero a corto plazo lo que hace falta es aplicar la ley con su máximo rigor contra todo movimiento o comportamiento xenófobo. Y a ultra corto plazo evitar el esperpento de que los intolerantes puedan atentar libremente contra la democracia el próximo fin de semana.