28 años de Constitución

Jelloun

“España conmemora hoy el XXVIII aniversario de la Constitución de 1978 que, junto a la Constitución de 1931, representa la más alta plasmación en la historia del pueblo español de su voluntad de vivir en un régimen democrático�, ha declarado el PSOE con motivo de esta celebración. “No en vano –continúa su manifiesto-, tras la quiebra del régimen republicano y con él, de la legitimidad democrática, el vivido desde la promulgación de la Constitución de 1978 ha sido el único período constitucional de normalidad democrática y estabilidad política�.

Está claro que el éxito de la constitución de 1978 está en su perdurabilidad paralela a la estabilidad del sistema que la alumbró y cuyas reglas de juego define. Y ambas cosas han sido novedosas en la historia de España.

La vocación constitucionalista de este país nuestro viene de antiguo. Vocación recurrente, expresada contra viento y marea. No en vano la historia de España acumula ya, en sus doscientos últimos años, una decena de textos constitucionales, desde el primero de 1812 hasta el actual, incluyendo tanto las constituciones que han estado plenamente vigentes como las que no han pasado de meros proyectos pero que han tenido su importancia en el devenir político.

Y en esto no nos diferenciamos de otros países europeos. Porque, en contra de lo que a veces se dice, resaltando o exagerando nuestra supuesta singularidad, la vida política española ha estado mas tiempo regulada por la vigencia de textos constitucionales que por periodos en los que no existía la misma aunque en algunos casos la excepcionalidad se prolongara por largos decenios y la vigencia estuviera condicionada, por ejemplo, por las interminables guerras carlistas.

Pero constatar la longevidad de la constitución de 1978 no implica sacralizar este rasgo. Si ha durado tal cual se promulgó es porque ha sido funcional y ha servido para acompañar el proceso político vivido en este país. Un país que ha cambiado profundamente en estos 28 años. La cuestión ahora –desde hace unos años ya-, es si el traje constitucional se queda corto o estrecho para atender las necesidades actuales de la sociedad española. Seguramente hay varios aspectos en los que la Constitución se ha quedado atrás, no da respuesta o no se adecua a esas necesidades. Puede y debe abordarse el cambio necesario sin presuponer que ello vaya a implicar una crisis política de resultado incierto. Al igual que la alternancia política es lo que certifica el funcionamiento normal de la democracia (se ha dicho a menudo que la transición no concluyó en España hasta que no se produjo esa alternancia), abordar con naturalidad la reforma de la Constitución sería la prueba de su definitiva madurez, su “prueba del nueve�.

La derecha, que en los comienzos del régimen democrático –como AP-, se desentendía de la Constitución, fracasado su intento de hacerla abortar, pasó después, durante el “aznarato�, a sacralizarla como si con ello se garantizara una especie de seguro, un límite infranqueable a las exigencias autonómicas que se veían como amenaza a una cierta idea de España.

Es en esa época cuando se construyó el mito de la intangibilidad de la Constitución. Esta era intocable y sugerir siquiera la necesidad de su reforma pasaba a ser sospechoso de deslealtad o algo peor. La Constitución se utilizaba como arma arrojadiza para excluir, para marcar líneas fronterizas frente a determinadas minorías, olvidando que su carácter inclusivo es lo que le da su fuerza.

Es en esa época cuando fracasaron los intentos de abordar la imprescindible reforma del Senado para adecuarlo a las necesidades derivadas del carácter autonómico de nuestro Estado. Aznar se opuso. Curiosamente, cuando posteriormente se ha abierto –y era inevitable-, el frente de las reformas estatutarias muchos han echado de menos el que antes no se hubiera dibujado el marco general del proceso. ¿Cómo podría haberse hecho si ni siquiera fue posible convertir el absurdo Senado actual en lo que la propia Constitución dice que debe ser?

Los planes del Gobierno de Zapatero para resolver esa y otras disfunciones menores en el texto constitucional han chocado hasta ahora con el inmovilismo del PP y, sobre todo, con un ambiente de crispación alimentado tan artificial como interesadamente que parecía hacer imposible un acuerdo sin el cual la reforma constitucional es jurídica y políticamente inviable.

Hasta ahora, he dicho, porque las cosas parece que cambian en el PP. Al menos en el discurso. Y no es poco. Dejando atrás la contención y el inmovilismo respecto a la Constitución –la doctrina Aznar-, Mariano Rajoy nos sorprende ahora proponiendo nada menos que 14 reformas. Alguien lo interpreta como un adelanto de su programa electoral, es decir que su finalidad sería más bien propagandística de cara a la siguiente legislatura. Alguna de las propuestas –como la de derogar la disposición transitoria que posibilita la incorporación de Navarra a Euskadi-, servirán sólo como refuerzo argumental de la campaña electoral que piensan hacer en la Comunidad Foral, con el proceso de paz en su punto de mira.

Aun así, es bueno que se acabe con la monserga del texto intocable. Y sería bueno que el Gobierno asumiera el desafío. Que le tomara la palabra al PP. No para decir amén al contenido concreto de sus propuestas pero sí para iniciar el camino de la necesaria revisión de la Constitución, camino que inevitablemente debe ser compartido al menos por ambas fuerzas políticas. Es de esperar que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional favorable al estatuto catalán, cierre el periodo turbulento vivido en los últimos meses y propicie un nuevo clima más favorable a la negociación y el entendimiento.

Y que la Constitución una vez remozada siga durando y siga siendo tan funcional y acorde con la realidad política de este país que llegue un momento en que casi pase desapercibida. Como los buenos árbitros. Amén.

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