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Desafiando a los críticos de su pusilánime política exterior y a los escépticos que apostaban a que jamás se atrevería, la Unión Europea está adoptando estos días medidas sin precedentes contra Rusia por su política respecto a Ucrania. Las medidas suponen un paso cualitativo sustancial tras varios meses en los que la UE ha preferido apostar por la diplomacia mientras iba aprobando sanciones menos onerosas de forma gradual. En primer lugar, la prohibición de entrar en la Unión y congelación de sus activos bancarios en la UE para una lista creciente de ucranianos y rusos colaboracionistas con la anexión ilegal de Crimea y la desestabilización de Ucrania Este. Tras la última adición, la lista alcanza a un total de 95 personas y 23 entidades asociadas a las mismas (o confiscadas por Rusia en Crimea), incluidos varios “amiguetes” de Putin a los que se considera inductores y beneficiarios directos de su política. Además, la Unión ha decretado una prohibición de nuevas inversiones en infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía en Crimea, que impedirá que personas o empresas europeas sean cómplices de la anexión. En paralelo, la Unión va a actuar conjuntamente con sus socios del G7 en el seno del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) para suspender cualquier nuevo proyecto en Rusia.