Barañain

 Cuando el gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de la “ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida” (título  cursi con el que se evita nombrar la “muerte digna” que es a lo que refería inicialmente este proyecto) es inevitable recordar la persecución y el calvario judicial a los que un desalmado consejero de sanidad de Esperanza Aguirre -Lamela se llamaba el tipo-, sometió al doctor Luis Montes, por haber sedado a enfermos terminales en el hospital de Leganés.

 Se criminalizó una actuación ejemplar y se sembró la sospecha y desconfianza entre la ciudadanía ante la una práctica clínica tan necesaria como insuficientemente aplicada en nuestro país. No sólo eso: la intimidación surtió efecto y aquel “caso Montes” supuso un retroceso en la aplicación de los cuidados paliativos: los médicos, a la defensiva, se abstuvieron de sedar ante el temor a la imputación. En España se sigue sufriendo innecesariamente en el tramo final de la vida.

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