Un desvarío supremo

Barañain

 El disparate se ha consumado. El Tribunal Supremo no ha podido, no ha sabido o no ha querido sustraerse a la ofensiva antidemocrática desatada en este país y ha ilegalizado las candidaturas de Bildu y con ello ha privado de su derecho a presentarse  a las elecciones a partidos de intachable trayectoria democrática (Eusko Alkartasuna y un grupito escindido de IU, ambos con mayor pedigrí democrático del que puede exhibir el PP, por ejemplo) como son los que han acordado la constitución de una coalición electoral que da cobijo a independientes vinculados a la izquierda abertzale. Y al hacerlo ha agrandado el ya amplio sector de la ciudadanía vasca privado de su derecho a la representación política.

 Si ya fue un hueso duro de roer la ilegalización de Sortu, que provocó una insólita fractura en la sala especial del Supremo que resolvió la papeleta, la aplicación ahora del mismo criterio seguido entonces ha requerido retorcer al máximo una lógica que ya resultaba muy forzada tanto cuando presumía que “Sortu” primero y “Bildu” después no eran sino manifestaciones de un plan urdido por ETA para sortear la ley de partidos y asegurar su presencia institucional como cuando abusaba del “hallazgo” jurídico  de la supuesta “contaminación” que las personas integrantes de una lista electoral con un pasado “batasuno” producían en la candidatura. 

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