Lope Agirre
El Plan del Gobierno Vasco para la paz y la convivencia, titulado últimamente «Plan para la convivencia democrática y deslegitimación del terrorismo», en fase de borrador aún, ha sido criticado por los partidos nacionalistas vascos presentes en la Cámara de Vitoria, que han pedido su retirada y, suponemos, reescritura. Hay quien piensa que la distancia tomada por los nacionalistas vascos pudiera responder a esa sensación incómoda, entre resentimiento y resquemor, que les alberga desde que perdieron Ajuaria Enea, y lloraron como Boabdil por ello, debido a que el plan actual reescribe y define de otra manera el Plan Vasco de Educación para la Paz y los derechos Humanos, elaborado por el gabinete del lehendakari Ibarretxe, y de alguna manera la interpreta y la critica.
Idoia Mendia, actual Consejera de Justicia en el gobierno de Patxi López, en su primera comparecencia pública como representante del gobierno, dejó claro que dicho plan iba a ser reformulado, para cumplir con los fines para los que fue inicialmente concebido. Pero también anunció cambios importantes: en primer lugar se contaría con las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, ausentes en la elaboración del plan anterior. Pero había alguna razón de mayor peso para la reformulación el plan. En el antiguo la noción de «violencia terrorista» quedaba prácticamente diluida y sepultada en un genérico apartado en el que se englobaban todas las violaciones a los derechos humanos, y la propia práctica terrorista se enmarcaba dentro de la existencia de un «conflicto», que lo había generado. Otro de los puntos discutibles en el anterior plan era que se recomendaba la no presencia de las víctimas en el aula, en contra de lo propuesto en su momento por la propia Directora de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa.