Millán Gómez

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha determinado que existen indicios de una “cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y eta”. Con todas las reservas que se pueden tener sobre este tema, la noticia ha desatado un polvorín notable. Que un gobierno democrático ampare y colabore con una organización terrorista es un insulto a la inteligencia y una de las peores gestiones que puede realizar. Y mucho más cuando se produce entre dos países hispanos y teóricamente hermanos como son España y Venezuela. Hay que tener mano izquierda en este tema pues no podemos obviar la presunción de inocencia pero algo huele a podrido cuando el presunto cooperador con organizaciones terroristas, en este caso Venezuela, se cierra en banda y no quiere dar explicaciones. Si Caracas considera que estos indicios no tienen base alguna que lo argumente. Debe defenderse de estas acusaciones pero enrocarse en el victimismo no sirve para restaurar su reputación. Es más, hurga en la herida y aumentan las sospechas.

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