Una ley para el derecho al libre acceso a la información

Alberto Penadés

¿Se han preguntado alguna vez qué se gasta el dinero la SGAE? ¿O cuánto gasta en alquileres el ministerio de justicia? ¿O cuántos ciudadanos extranjeros han sido expulsados en un año? ¿O a cuántos jueces se les ha abierto expediente? ¿O qué terrenos del ministerio de defensa han sido sometidos a compraventa? ¿O cuánto cuestan las felicitaciones navideñas del Ayuntamiento de Madrid? 

No se lo pregunten, no se lo dirán. La Organización Info Access Europe hizo la prueba hace ahora un año de lanzar múltiples preguntas como estas a las administraciones. Los resultados fueron, en su inmensa mayoría, silencio o negativas: Los informes de la SGAE “no forman parte de un expediente”, el ministerio de defensa niega toda información por principio, el Ayuntamiento de Madrid ni siquiera abre las cartas, y así sucesivamente.

Sigue leyendo