Diego Ojeda
De los informes que la PolicÃa y la Guardia Civil entregaron ayer al Juez Garzón se desprende que hay datos más que suficientes para impedir que los cómplices de ETA puedan presentarse a las próximas elecciones como si fueran ciudadanos demócratas. Se puede argumentar que la Ley de Partidos PolÃticos de 2002 es mala, inoportuna o poco democrática, por permitir la ilegalización de los partidos que propugnen o consientan la violencia para alcanzar sus fines polÃticos. Pero también cabe argumentar todo lo contrario: que era una ley necesaria para poner fin al prolongado abuso de la Democracia perpetrado por el entramado proetarra, y que supera el listón de calidad democrática de nuestro entorno, que es seguramente el más garantista del mundo.