Mimo Titos

Uno piensa que vivimos en una Democracia Social y de Derecho como reza la Constitución. Y que las cosas funcionan razonablemente bien, incluidos los remedios que el ordenamiento jurídico arbitra para corregir los abusos del sistema y las violaciones de la ley. Pero no parece ser así o por lo menos no es así para todo el mundo.

Nuestra democracia es garantista, lo cual es muy razonable porque obliga a las autoridades a esmerarse a la hora de acusar a cualquier ciudadano de cualquier delito. Y brinda generosas posibilidades de defensa a cualquier presunto delincuente. No quiero poner nada de esto en duda.

Lo que sí quiero hacer es acusar a nuestra Democracia de negligencia por omisión y acusar a nuestra sociedad – yo incluido – de pasividad ante el terror. Y no estoy hablando del terrorismo de ETA, no.

Hace unos años, el secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco despertó a la narcotizada sociedad vasca y española frente al horror de ETA. La sociedad se plantó y dijo no a los violentos, a los terroristas y a sus cómplices, animando a los poderes públicos a imponer el imperio de la ley con mayor vigor y eficacia. Esa actitud ha sido determinante para que ETA se encuentre hoy en una situación de máxima debilidad, con una pobreza de medios materiales, económicos y humanos sin parangón en su demasiada larga historia. Sus apoyos sociales también han disminuido drásticamente, en parte por la ofensiva jurídica que ha privado del disfraz de legalidad bajo el que se escondían batasunos, askatasuneros, Erriko-taberneros y soplones que pasaban por periodistas. Se iba a acabar el mundo, nos decían los más temerosos; el Estado de Derecho quedará herido de muerte, añadían los más puristas.

Pero no, lo que hicimos fue poner nuestra democracia al nivel de la alemana, privando de legalidad a los anti sistema, a los que se beneficiaban de la democracia para acabar con ella y, por el camino, con unos cuantos demócratas.

A continuación, varios Gobiernos se vieron forzados a reforzar las medidas para hacer frente a la oleada de violencia doméstica, de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, incapaces de soportar sus decisiones independientes. La alarma social fue tal que en al menos una ocasión se reformó la ley antes de que la anterior reforma hubiera llegado a entrar en vigor. Y sí, la ley tal y como está hoy es discriminatoria contra el hombre. Y sí, se presta a abusos por parte de una mujer que quisiera hacer una denuncia malévola contra su cónyuge y esté dispuesta a autolesionarse para provocar su arresto inmediato. Pero la democracia no se ha tambaleado. Los crímenes domésticos siguen teniendo lugar pero al menos ahora hay juzgados y comisarías específicas que se ocupan de imponer y hacer respetar órdenes de alejamiento y otras medidas destinadas a proteger a las agredidas.

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