¿Señales?

José D. Roselló

Tras el reforzado poder autonómico que obtuvo el Partido Popular en las pasadas elecciones de mayo, es de suponer que las medidas tomdas por algunos de los gobiernos recién entrados presagian el signo que tomará la política económica del que, parece a estas alturas, será el nuevo gobierno llamado a gestionar tras las próximas elecciones de noviembre.

Los gobiernos autonómicos se encuentran en la situación conocida por todos. Brevemente, crisis económica, ingresos disminuidos, deudas elevadas y déficit disparados.  El recorte no se iba a hacer esperar y así se ha producido, casi de forma universal, como también sucedió, por cierto, con el gobierno convergente catalán hace un año.

No hace falta tener memoria muy larga ni muy precisa para recordar que, hasta el presente momento, ninguna Comunidad Autónoma era menos que la anterior a la hora de cantar sus excelencias en la extensión de los servicios públicos esenciales, muy cercanos al ciudadano, y que ninguna de ellas fue jamás cicatera o reticente a seguir la línea marcada por Cataluña (como casi siempre en estos casos) de solicitar la oportuna transferencia de gestión en su momento.

Hasta lugares con gobiernos populares veteranos como Madrid, Valencia, Castilla-León etc., encabezaban las declaraciones en defensa de los sistemas públicos educativo y sanitario -un poco contra natura- quizás sabiendo que con las cosas de comer es arriesgado dar mucho pase de ideología. Solo Esperanza Aguirre en Madrid, con esa capacidad camaleónica y esa carta blanca de la que goza con el electorado, se había atrevido a sacar el pie del tiesto en algún momento, eso sí, siempre compensando después mediante la apertura de cursos académicos en colegios públicos y sacando pecho por la construcción de no sé cuantos  hospitales.

Como parece que las dentaduras están ahora para otras huesuras, todos nos hemos despertado ahora austerísimos y sorprendidos, descubriendo superabundancias de coches oficiales, pantallas de plasma y liberados sindicales por doquier; hasta parecen mal las televisiones autonómicas. 

Lo serio, no obstante, no son estos ejercicios de recorte creativo, sean más o menos necesarios o más o menos cínicos -algo de todo hay-,  sino la carrera abierta y el levantamiento de la veda sobre dos partidas esenciales, Sanidad y Educación. 

No es nuevo, ni neutral tampoco, el debate que desde hace un tiempo viene desarrollándose a costa de la financiación y la extensión de estos servicios. Hijos de este debate son los conciertos -de los que en España somos los reyes-, los cheques, la gestión local, o nacional etc.

Sí es nuevo que, por primera vez, y medio lateralmente, se esté llevando a cabo un recorte de estos servicios. Recorte que ninguno de sus impulsores se atreve a denominar de tal manera, y que por eso no se explica si hay un modelo detrás, pensado para el futuro,  ni cuál es este, ni sus ulteriores consecuencias. ¿Hay compromiso de volver a niveles anteriores cuando la situación mejore? ¿Se prevén vías de financiación nuevas? ¿O es, como parece bastante probable, un paso más, el primero decidido, hacia un cambio de modelo con menos medios, y por tanto, de peor calidad?

No es la primera vez que en nuestro país debates de calado se han resuelto a golpe de circunstancia oportuna. Toda la construcción autonómica y local es hija de las oportunidades y en menor medida, pero similar, también lo es el entramado fiscal, del que solo se hablaba, prácticamente para rebajarlo, sin mucha reflexión.

Polvos que andando el tiempo, y cuando menos oportuno es, se transforman en lodos de los que resulta imposible salir.

La ecuación de moda en la economía mundial de los últimos años, consistente en menos estado y menos impuestos, aparentemente indolora, nos lleva, como si no pudiera evitarse, y nos lo creemos, hacia la pendiente de perder aquello que nos hace pertenecer a una sociedad más justa, humana y decente. Esto no merece ventilarse con dos decretos. Señales de un porvenir más feo.