¿Quién quiere terminar con Garzón?

Aitor Riveiro

La carrera del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón vive uno de sus momentos más delicados cuando la situación de España y la suya propia menos invita a ello. El magistrado que puso sobre la mesa los crímenes de estado, la financiación ilegal de partidos políticos, que ‘metió mano’ por primera vez y de forma contundente a los clanes gallegos de la droga, que dio el salto a la política para luego volver a la Audiencia, que encausó a Pinochet y a otros dictadores latinoamericanos, que puso cerco a HB y a lo que se denominó en su día “entorno de ETA”… En resumen, una persona que ha golpeado siempre a diestra y siniestra sin, como recordaba un editorial al respecto publicado por ‘Los Ángeles Times’ el pasado día 15, tener en cuenta la ideología.

¿Por qué ahora? La respuesta parece clara: porque ahora pueden. ¿Y por qué ahora pueden? Porque es un muñeco usado y manoseado por todos que ha cumplido sobradamente las distintas misiones que le han ido encomendando desde mediados de los 80. Un muñeco que sobra y que ya nada puede aportar a los intereses a los que, consciente y/o inconscientemente, ha servido.

La cuestión, no obstante, sobra. O, por lo menos, resulta intrascendente. Garzón ha rozado, cuando no rebasado, los límites en multitud de ocasiones, ha estrujado la ley, reinterpretado la norma a su antojo o servicio; probablemente con buenas intenciones (quizá no siempre), pero al fin y al cabo actuando como un déspota ilustrado que parecía saber en cada momento qué necesitaba el país y cómo podía él proveerlo, aunque fuera mediante mecanismos contrarios a derecho, muchos de los cuales hubieran sido cortados de raíz de no ser porque los momentos históricos y políticos influyen, por desgracia, en la Justicia.

Garzón, que siempre se salvó de sus propias maniobras, no ha tenido la misma suerte ahora y todos los enemigos que ha acumulado desde que entró en la Audiencia Nacional, conocedores de sus métodos porque un día los compartieron y jalearon, los utilizan ahora contra él. El juez estrella, el ‘Príncipe’ como le llamaba una de esas personas que son la prueba de lo que aquí se cuenta, tiene una defensa complicada y, hoy por hoy, está más fuera que dentro.

En mi opinión, el por qué y el cómo resultan evidentes y, por tanto, irrelevantes. Mucho más interesante y, sobre todo, importante es saber quién quiere terminar con el juez Garzón.

La primera causa contra el magistrado que estudia el Tribunal Supremo (aunque todavía ninguna ha pasado de la fase inicial de instrucción) versa sobre quién y por qué sufragó los gastos de Garzón cuando este acudió a dar unos cursos a Nueva York; la documentación aportada por los denunciantes (abogados) trata de probar que el juez recibió dinero de Emilio Botín a quien luego absolvió en un caso que, como suele ocurrir, ha pasado bastante desapercibido para la opinión pública. Un proceso que fue cerrado y que el CGPJ decidió archivar en un primer momento y que sólo la animadversión personal de determinados actores ha permitido que se reabra.

El caso ‘Nueva York’ fue el más utilizado desde las páginas de El Mundo para atacar al juez. Como si de 1993 se tratara, el argumentario del PP fue durante un tiempo fue una réplica de las páginas del diario de Pedro J., el otrora amigo íntimo y colaborador necesario del propio Garzón.

¿Qué se le había perdido al PP en este asunto? El juez instruía por entonces y en secreto un caso muy importante, capaz de destruir al principal partido de la oposición y de acabar con dos gobiernos muy proclives al logroñés (que no al revés), el de Madrid y el de Valencia. Es, por supuesto, el ‘caso Gürtel’, que no necesita presentación.

Otro de los frentes abiertos se refiere al denominado ‘caso Faisán’ y que investiga el chivatazo que avisó al aparato de extorsión de ETA de una operación policial inminente y que, a la larga, la única consecuencia real que tuvo fue su dilación en el tiempo pues todas las personas que integraban la red están hoy entre rejas. La instrucción del caso es secreta y recayó en su día sobre el propio Garzón, al que hace pocas horas la Audiencia Nacional, con la oposición de la Fiscalía, ha dado un toque para que investigue los hechos “hasta las últimas consecuencias”.

Aquí ha vuelto el PP a hacer bandera, con los editoriales y columnas de El Mundo como guión, de su renovada posición anti Garzón (¡quién lo hubiera imaginado hace apenas diez años!). En realidad el juez no es más que un instrumento (una vez más) en manos de Génova que busca, a través de él, presas mayores: Rubalcaba y Zapatero. Es preciso recordar que el chivatazo se produjo en un momento muy determinado (pos negociación con ETA) y que afecta de alguna u otra manera a importantes personajes de la escena política vasca.

Finalmente, la joya de la corona, el caso que realmente puede terminar con la carrera de Garzón y que ha soliviantado a juristas y periodistas de medio mundo que miran atónitos lo que ocurre en España sin entender nada.

Porque la misma España que preconizó hace no tantos meses la jurisdicción universal para sus tribunales en casos de crímenes especialmente horrendos; la misma España que jaleaba a Guatemala, El Salvador, Argentina o Chile para que enjuiciaran a los responsables de los desmanes cometidos durante las dictaduras militares que habían padecido; la misma España que promulgaba la Ley de la Memoria Histórica ha hecho todo lo posible no sólo para que los que perpetraron las mismas atrocidades aquí mismo queden impunes, sino para que las familias de las víctimas de la dictadura franquista no puedan recuperar los restos mortales de sus seres queridos.

Contra esta causa se ha movilizado, como no podía ser de otra manera, la derechona más rancia que, precisamente porque son herederos directos del franquismo, se niegan a que el pasado reciente sea investigado. Hablamos de organizaciones como Falange Española, el autodenominado sindicato Manos Limpias y de la fundación Defensa de la Nación Española (cuyo patrono de honor es, precisamente, el magistrado del Supremo sobre el que recaerá el dudoso honor de enjuiciar a Garzón y que se ha pronunciado públicamente contra la mencionada Ley de la Memoria Histórica).

Pero, además, hablamos de dos personas muy concretas. Margarita Robles y Luciano Varela. La primera es una jueza muy conocida que formó parte del equipo del ‘super ministro’ Belloch (Justicia e Interior) como secretaria de Estado bajo la presidencia de Felipe González. Un doble ministerio para el que el propio Garzón parecía (y creía) estar llamado o que, al menos, le fue prometido para apartarlo de la Audiencia Nacional y de la investigación de los crímenes del GAL. El juez fue destinado a un cargo menor y, lleno de rencor, renegó de la política para volver a su tribunal  (“como un Miura”, dijeron en su día) a terminar el trabajo que había dejado a medias: se llevó por delante un gobierno y ganó a cambio enemigos acérrimos entre los que supuestamente son los suyos, al menos ideológicamente.

Robles abandonó también la política, al menos la activa, y volvió a la judicatura para, con el tiempo, ser vocal del CGPJ en representación de la asociación Jueces para la Democracia. Su entonces compañera de secretaría de Estado es hoy vicepresidenta primera del Gobierno. Y ambas son íntimas de Luciano Varela, juez del Tribunal Supremo.

La semana pasada, merced a un auto del propio Varela que anticipaba el veredicto aunque pasaba la pelota a la jefatura del alto tribunal (lo que se llama tirar la piedra y esconder la mano), Robles instaba al CGPJ a que suspendiera de manera prematura a Garzón, pues no está todavía imputado en ninguna causa.

Lo curioso del asunto es que el auto (¡vaya auto!) versaba sobre la instrucción abierta por Garzón sobre los crímenes del franquismo, por lo que Varela y Robles, dos jueces progresistas que simpatizan y han trabajado en gobiernos del mismo signo que el que promovió la Memoria Histórica y una de cuyas mejores amigas es vicepresidenta de dicho Ejecutivo, han puesto en tela de juicio una de las principales reivindicaciones de la izquierda de este país, que es el suyo.

Que quede claro. Son ellos, Varela y Robles, quienes realmente han puesto a Garzón en la picota, aunque para ello hayan tenido que terminar con la ilusión de miles de represaliados del franquismo y de sus descendientes.