¿Cui prodest?

Aitor Riveiro

De unas semanas para acá uno tiene la sensación de que no merece la pena leerse el periódico. Entiéndanme, no estoy haciendo un llamamiento al absentismo mediático, pero uno compra su diario favorito y, cuando lo termina, se da cuenta de que la información que contiene se ha quedado, cuando menos, anticuada.

Es tal la sucesión de noticias que versan sobre las mil y una tramas de corrupción y espionaje que asolan al partido con más afiliados de España, que mientras estamos aprendiéndonos los nombres de los últimos implicados, nuevos protagonistas y ‘contra tramas’ vienen a visitarnos gracias a este maravilloso invento que es Internet.

Resulta descorazonador ver cómo los líderes del PP acuden prestos a los medios de comunicación a desmentir la ponzoña que les toca mientras con la otra mano entregan dossieres e informaciones nuevas que arrojar contra sus rivales. Rivales que, por supuesto, viajan en su mismo barco.

De todo este embrollo, que nos va a dar grandes momentos para el recuerdo, me quedo con tres palabras: “ya lo sabía”. Según parece, los únicos que aparentan sorprenderse con la cascada de dimisiones, corruptelas y comisionistas son los periodistas y los ciudadanos. Y ni siquiera.

Entre la población española ha calado el mensaje de que todos los políticos “son iguales”, una de las grandes falacias de las democracias contemporáneas, por lo que nadie acierta a decir poco más que un famélico “¡Pffffff!” mientras pide otra cerveza. Sobre el gremio periodístico, pues que decir: aspavientos. En todas y cada una de las redacciones de este país corrían desde hace años dossieres mil que daban cumplida cuenta de los tejemanejes de los subordinados de Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, Mariano Rajoy e incluso el gran mártir por la causa, José María Aznar, tal y como se aprestan a reconocer a los cuatro vientos directivos y plumillas de todo pelaje.

La colección de titulares de las últimas semanas no deja lugar a dudas: el sistema político español tolera, camufla y propicia la corrupción. Si hacemos caso a lo publicado hoy mismo en El País (redivivo de unas cenizas en las que nunca creo que estuviera) todo el mundo en el PP nacional sabía que en los municipios del norte de Madrid gobernados por el partido corrían los maletines como si les persiguiera un inspector de hacienda.

El propio Mariano Rajoy, por ejemplo, dio orden de no contratar a ninguna de las empresas vinculadas a Francisco Correa, un señor que tan pronto te firma de testigo en la boda de tu hija como te monta un sarao de varios cientos de miles de euros para homenajear a las víctimas del 11M. Su autoridad dentro del partido es tal que (y me van a permitir parafrasear al protagonista) no le hizo caso ni el Tato. Su más firme defensor en el congreso extraordinario que le ratificó en la presidencia del partido tras perder las elecciones de marzo del año pasado, el mismo que menospreció a quienes dudaran de la ascendencia del pontevedrés entre sus filas, ha cancelado esta misma semana algunos contratos pendientes con las empresas vinculadas al tal Correa. Por mi parte, Camps tiene excusa: si Fabra sigue donde está, ¡a ver cómo explica el presidente de la Generalitat valenciana que el ‘coleguita’ del yerno de Aznar se queda sin su parte!

Pero al final, el escándalo ha estallado. Y en qué momento. Puestos a sospechar, diremos que Garzón ha elegido el momento adecuado para sacar todo esto a la luz: a tres semanas de los comicios que marcarán el futuro electoral del país hasta 2012. De tan evidente, debería descartarse, aunque De Cospedal y González Pons no lo hagan, para escarnio generalizado.

Más bien, tal y como hemos podido leer en algún medio, el chorreo de filtraciones y el runrún que corría por la Villa y Corte obligaron a la Policía Nacional a pedir al propio juez que adelantara una operación que estaba prevista para mayo. Parece ser que Correa tenía la maleta en la puerta y el juez campeador no deja escapar una presa tan jugosa así como así.

Al final, la conclusión que cualquiera saca es que todos son iguales (sic). Si en el seno del PP sabían desde hace lustros de los contratos ilícitos de sus administraciones, ¿por qué no hicieron nada? Si Rajoy sospechaba de Correa, ¿por qué no le denunció? Si Aguirre desconfiaba de Guillermo Ortega, ¿por qué le nombró gerente del Mercado Puerta de Toledo, a 90.000 euros por año?

Pero voy más allá. Si el PSOE también lo sabía, ¿cómo no puso toda su maquinaria al servicio de limpiar Madrid? ¿Por qué dejó que fueran unos simples concejales los que emprendieran unas acciones legales que a todas luces iban a terminar en la nada?

¿Recuerdan ustedes Filesa? ¿Naseiro? ¿Casinos de Cataluña?