¿Qué podemos copiar (y qué no) de la reforma del sistema universitario de Finlandia?

Antesala

Cuando el sol comience a iluminar los campuses de las Universidades de Joensuu y de Kuopio el próximo 1 de enero, estará alumbrando la nueva Universidad de la Finlandia Oriental. Algún minuto más tarde, ese mismo sol podrá verse desde la recién creada Universidad de Aalto, formada por la fusión de tres universidades de Helsinki.

La consolidación de cinco centros universitarios fineses en dos es parte de una de las más ambiciosas reformas de un sistema universitario occidental en los últimos tiempos. Además de integrar diversas universidades para hacerlas más competitivas en el ámbito internacional, la reforma incrementa la autonomía de gestión de las universidades, que quedará desvinculada de la administración general del Estado a partir del 1 de enero próximo. Asimismo, la nueva legislación abre nuevas vías de financiación de la universidad, dando mayor cabida a la financiación privada, aunque la viabilidad de cada institución quedará garantizada por un fondo de capitalización pública, así como por una línea de financiación ordinaria estatal. Quizás, el elemento más notorio del nuevo sistema es que el profesorado dejará de formar parte del funcionariado finés.

A pesar de ser un país habitado por poco más de cinco millones de personas, Finlandia se ha convertido en uno de los centros de atención de la comunidad internacional, por aparecer en los primeros puestos de casi todos los rankings que califican el nivel educativo, investigador e innovador de un país. Por una parte, los estudiantes finlandeses han obtenido sistemáticamente las calificaciones más altas en los informe PISA. Por otra, la proporción que el gasto en I+D finés representa sobre el PIB del país duplica la media de la Unión Europea. Asimismo, el grado de imbricación de los centros de investigación en el tejido empresarial de Finlandia multiplica por varios enteros el de cualquier otro país de la OCDE.

Resulta particularmente llamativo que un país con tal grado de desarrollo en el ámbito del conocimiento haya emprendido una reforma de tal calado. Aunque quizás, una de las claves del éxito de Finlandia es, precisamente, su capacidad para reinventarse constantemente, adecuando sus estructuras a las exigencias del momento. Y, como suele ser el caso en ese país, la reforma se ha llevado a cabo integrando a todas las partes implicadas en un debate desideologizado, con la guía de un plan director con un objetivo claro y el respaldo de las opciones políticas mayoritarias.

No son pocas las voces que se han erigido en favor de una reforma del sistema universitario español en línea con la finesa. Sin embargo, es preciso tener presente que existen diferencias sustanciales entre las sociedades civiles, el sector público y las universidades española y finlandesa que hacen que no todas las medidas sean directamente importables.

Una de las condiciones para que España pueda mantener un ritmo de crecimiento que permita mantener el nivel de bienestar del que gozamos es incrementar los recursos destinados a la universidad, hasta aproximarse al nivel de los países de nuestro entorno. Potenciar la educación y la innovación es  esencial para impulsar un modelo de crecimiento basado en actividades de alto valor añadido que pueda ser viable en un contexto en el que las sociedades emergentes, donde los salarios son moderados, invierten cada vez más  en la capacitación de sus poblaciones.

No obstante, de poco serviría incrementar la financiación si no se acompañara de una mejora en la eficiencia en la asignación de recursos. En el estilo finés, en el que el Estado cubre los gastos de funcionamiento de las universidades, pero asigna una buena parte de los fondos de forma competitiva, es preciso contar con un sistema de financiación que premie la excelencia en la docencia y la investigación, fomentando la competencia por los fondos entre las universidades, así como la cooperación entre grupos investigadores.

Asimismo, sería deseable que las universidades gozaran de autonomía plena en la fijación de salarios del personal académico, lo que permitiría atraer a mejores investigadores y docentes, incluidos los de otros países, redundando en una mejora de la calidad de los centros dispuestos a competir en el ámbito internacional. En este sentido, una reforma como la finesa, según la cual la contratación del profesorado se realizará por la propia universidad, al margen del Estado, supondría una mejora cualitativa sobre la situación actual, dado que permitiría adecuar la contratación a las necesidades docentes e investigadoras de los centros, así como proveer los incentivos necesarios para el mejor desempeño de las actividades del profesorado.

Uno de los estandartes del sistema finés, intacto tras la reforma, es la gratuidad de la educación universitaria. Este aspecto, sin embargo, crearía serias disfunciones en el caso español. El subsidio público de la educación superior se justifica por las externalidades que genera, en particular sobre el crecimiento económico, aunque también porque debería facilitar el acceso a la educación universitaria a los ciudadanos de rentas menores. Sin embargo, en un contexto en el que los costes indirectos y el coste de oportunidad de la educación superior suponen una barrera de entrada a los estratos sociales más desfavorecidos, los beneficiarios netos del subsidio público son las clases medias, cuya educación es financiada por las clases bajas.

Un sistema que premie el mérito sobre el origen socioeconómico del alumno, y que pretenda potenciar la igualdad de oportunidades, precisa un incremento de las becas y de otras ayudas al estudio, en especial las destinadas a cubrir los costes indirectos y de oportunidad de estudiantes de rentas moderadas. En un entorno cada vez más competitivo, en el que previsiblemente se acrecentarían las diferencias entres universidades, las ayudas al estudio habrían de garantizar la movilidad, tanto social como espacial, de forma que los mejores alumnos puedan estudiar en los mejores centros, con independencia de su origen social o procedencia geográfica.  Pero el incremento de los recursos destinados a las ayudas al estudio debería acompañarse de una elevación de los precios públicos, con el objetivo de que los estudiantes de rentas más elevadas asuman una proporción de los costes directos que se aproxime a la tasa de beneficio privado de su  título universitario. Por otra parte, sería deseable que se incrementara la discrecionalidad de las universidades en la fijación de los precios, dentro de límites amplios, de forma que las universidades de mayor calidad puedan contribuir en mayor medida a la financiación propia por la vía de la aportación de los estudiantes.

Si España pretende subirse al tren de la sociedad del conocimiento, así como mejorar la igualdad de oportunidades, ha de ser capaz de abordar una reforma profunda de su sistema universitario. No obstante, el contexto actual no invita al optimismo. Es muy probable que cualquier propuesta de modificación sustancial del sistema se encuentre con la oposición de aquellos que se resisten a perder sus privilegios, así como de la de fuerzas políticas que pretendan rentabilizar electoralmente su oposición a una reforma que, si incidiera en todos los aspectos que se habrían de modificar, bien podría ser pasto de las llamas de la demagogia. Si algo deberíamos copiar de Finlandia es, precisamente, su capacidad para actuar en conjunto y reinventarse como sociedad en un entorno cada vez más cambiante.