¿Qué Estado queremos?

Javier Gómez de Agüero

Hace poco celebrábamos los 30 años de las primeras elecciones democráticas. El año que viene haremos lo propio con la Constitución y el arranque – entonces aún formal y meramente dispositivo  – del Estado de las Autonomías. Treinta años son bastantes – unos pensamos que demasiados, otros que no suficientes – para que podamos plantearnos sosegadamente las estructuras de funcionamiento de la cosa pública . En Francia y en Alemania han vivido o están viviendo procesos similares, con alcances políticos y normativos distintos. Evidentemente esta reflexión no sólo debería implicar reformas constitucionales (y no sólo en lo relativo al despliegue del Estado en el territorio).

En España se han empezado a ver propuestas en este sentido. El PSOE llevaba en su programa electoral una tímida reforma constitucional que al final no ha prosperado. El PP por su parte también ha empezado a moverse hacia un posible cambio constitucional siguiendo el ejemplo alemán (obviamente interpretándolo a su manera).

En ambos casos, me temo, falta reflexión y sobran prejuicios. No me parece sensato que una tarea de la magnitud que supone repensar o actualizar el funcionamiento del Estado se pueda resolver con expresiones como: entregar una competencia más es romper España, o cuanto más descentralizado mejor funciona el Estado. Creo que para poder abordar este asunto habría que hacerse tres preguntas: 

  1. ¿Qué le pedimos al Estado?.
  2. ¿Cómo puede hacerlo?
  3. ¿Quién debe hacerlo?

La primera pregunta parece, a priori, más fácil de responder que la segunda. Ningún partido político ni ideología mayoritaria en España obvia que la educación, la Sanidad, la protección del medio ambiente, el impulso de una economía abierta y competitiva, la protección de los consumidores, la seguridad ciudadana, la promoción exterior de España, la participación en la UE (obviamente hay muchas más), forman parte de los terrenos en los que debería actuar el Estado. Por ejemplo, la Sanidad. Hace un siglo lo más que se pedía al Estado era que actuase contra las epidemias. Nada de hospitales públicos. Ahora en España ningún partido mayoritario aboga por suprimir el derecho universal a la Sanidad en una abanico de actuaciones que van desde la prevención al tratamiento, pasando por la mejora en la calidad de la prestación del servicio.

La segunda cuestión ya es más difícil de acordar. Para unos la presencia del Estado en esos y otros terrenos debe ser como legislador, planificador y ejecutor. Para otros no tiene porqué estar presente en todo el proceso. Además se plantea en este punto si el coste debe soportarlo íntegramente el Estado o puede transferirse parte directamente al bolsillo de los ciudadanos. Así, y siguiendo con el ejemplo de la Sanidad, hay CC.AA. que prestan directamente la asistencia sanitaria, construyen sus propios hospitales y seleccionan a sus profesionales mientras que, otras, han comenzado a introducir a empresas en la construcción de hospitales (pagándoles luego a través de un canon), o en la prestación directa de los servicios, concertando la atención sanitaria en los centros sanitarios con aseguradoras privadas. Y también hay CC.AA. que han comenzado a plantearse la opción del copago en las consultas aunque más como forma de racionalizar la prestación del servicio que como fuente de financiación.

En este punto quisiera hacer un inciso. La primera y segunda cuestiones podrían confundir. ¿Sigue habiendo Estado cuando es el mercado el que presta el servicio? Comprendo la confusión pero parto de la idea de que no hay modelos absolutamente puros. Lo que sí está claro, siguiendo el ejemplo sanitario, es que sea con profesionales directamente seleccionados y “gestionados� por una Consejería, sea mediante concesión a una empresa, el Estado sigue estando detrás porque paga el servicio y lo hace posible. Este es un punto interesante a debatir.

Y en tercer lugar, ¿quién debe hacerlo?. Esta es la cuestión que – a mi juicio por desgracia – ha acabado acaparando el debate público. Y digo por desgracia porque se suele llegar a ella sin pensar en las anteriores y, nuevamente, cargados de prejuicios. Así, si se decide que una Comunidad Autónoma, junto con la Administración General del Estado, los Entes Locales y organizaciones empresariales gestionen un aeropuerto, habrá quien ponga el grito en el cielo (nunca mejor dicho) y diga que se quiebra la unidad de España y la igualdad entre sus ciudadanos. Por el contrario, cuando se transfiere a las CC.AA. la Sanidad no pasa nada. De modo que transferir la Sanidad, junto con la Educación el auténtico soporte del Estado del Bienestar y de la igualdad y cohesión de un país, es algo normal y positivo, pero transferir la gestión de un aeropuerto es alta traición.

¿Quién debe responsabilizarse de la asistencia sanitaria? ¿La Administración general, la autonómica, la local? ¿Una mezcla de las tres? ¿Una Agencia que las agrupe? Y además, ¿en qué grado? ¿El Parlamento legislando unos mínimos y supervisando mientras que las CC.AA. desarrollan cada una sus propios sistemas sanitarios?

Es una reflexión con múltiples matices y que puede deparar más de una sorpresa.

Finalmente, y a partir de la tercera cuestión habría que plantearse, además, ¿cuál debe ser la dimensión de las tres administraciones – general, autonómica y local – que conforman la estructura de prestación de servicios de nuestro Estado? El Ministro de Administraciones Públicas ya ha sugerido que en la próxima legislatura habrá que llevar a cabo una “reforma profunda de los ministerios� acorde a la situación real de las distintas políticas y su distribución entre administraciones.

Creo que estas preguntas y sus posibles respuestas deberían ocupar, y están empezando a hacerlo, parte del debate hacia las próximas elecciones generales. El PP parece ver en este ámbito una forma de presentar sus propuestas – al margen del ruido sobre la política antiterrorista – en línea con lo que sus correligionarios en Alemania y Francia están llevando a cabo. El PSOE, por su parte, no debería desdeñar el asunto. Le estaría dejando la iniciativa al PP en un asunto que podría ser un buen aglutinante de su oferta electoral. Amén de obviar un debate necesario