¿Qué balanzas fiscales?

Antesala

Con motivo de la publicación de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con el Estado, no son pocas las voces que se han erigido desde alguna atalaya, blandiendo el documento de marras como argumento para una reforma en profundidad del sector público español. Sin ir más lejos, el ex-presidente de la Generalitat Jordi Pujol, realizaba unas manifestaciones el pasado día 29, en un artículo en La Vanguardia, en las que se quejaba del elevado déficit fiscal de Cataluña, al que culpaba también de un supuesto proceso de desafección paulatina de la sociedad catalana hacia España.

Los asuntos relativos a la estructura territorial del Estado monopolizaron la actividad política y mediática durante largos periodos de la pasada legislatura. Este hecho contribuyó decisivamente a que los debates sobre los flujos financieros entre territorios hayan ocupado la atención de las fuerzas políticas y de los medios de comunicación, culminando con la publicación de las balanzas fiscales.

Tras la publicación de éstas, los líderes políticos de las Comunidades Autónomas con saldos netos negativos se han lanzado a la carga contra el sistema, solicitando su modificación. Por el contrario, desde las Comunidades receptoras se argumenta que los indicadores ignoran aspectos relevantes para el análisis.

Probablemente ambos estén equivocados en buena parte de sus demandas, aunque seguramente tampoco lo ignoren. Las balanzas fiscales aportan la transparencia y el rigor necesarios para desapasionar los debates sobre la financiación autonómica y poder dar solución a los problemas estructurales que padecen algunas Comunidades. En particular, las del arco mediterráneo padecen un déficit de infraestructuras que no se corresponde con su potencial de crecimiento, ni con su aportación a la economía del país. Asimismo, Cataluña y Madrid precisan recursos financieros en consonancia con su población, que les permitan afrontar la provisión de los servicios públicos sobre los que tienen competencias, como la sanidad y la educación.

Pero no es menos cierto que las balanzas fiscales sobredimensionan el volumen de los saldos relevantes. Las balanzas reflejan la diferencia entre la contribución de los residentes de un territorio por vía impositiva y los beneficios que éstos obtienen por la acción de la administración pública. Si bien las balanzas recogen flujos -como la financiación de las administraciones autonómicas y locales- que responden claramente a la lógica del análisis territorial, otros caudales –como el pago de los subsidios de desempleo o de las pensiones- atienden a criterios estrictos de redistribución personal de la renta.

De esta forma, si la tasa de desempleo de corta duración en Extremadura es superior a la de Madrid, las transferencias a los parados contribuirán a incrementar el déficit fiscal relativo de Madrid. Asimismo, la emigración de pensionistas desde el cinturón metropolitano de Barcelona a Andalucía supondrá un incremento del déficit relativo de Cataluña, a pesar de que las contribuciones a la seguridad social se hayan hecho como trabajadores en la comunidad catalana. Estos conceptos, junto al resto de transferencias de carácter personal, representan casi tres cuartas partes de los saldos fiscales.

No obstante, existen partidas cuya naturaleza hace que afecten de una manera más o menos uniforme a los habitantes de un determinado territorio. En estos casos, el análisis territorial de los flujos cobra sentido y es en el análisis de éstos en los que las balanzas fiscales pueden resultar de gran ayuda. Tanto Cataluña como Madrid presentan saldos negativos respecto a estas partidas, pero también, aunque pueda parecer sorprendente, los presentan comunidades como Andalucía, Galicia o Murcia. De la misma forma que existen gastos cuya relevancia territorial es mínima, el déficit de estas comunidades por estos conceptos puede comprometer su capacidad para financiar gastos como la educación o la sanidad, con un enorme impacto potencial sobre las clases más desfavorecidas.

El problema de raíz es que a nadie parece importarle analizar las balanzas de forma sosegada, sino que éstas se blanden como argumentos en una contienda entre Comunidades Autónomas a la búsqueda de mayores recursos. Ninguna fuerza política ha solicitado la publicación de balanzas fiscales entre individuos según sus niveles de renta, con independencia del territorio del Estado donde tengan fijada su residencia.

Existen estudios que revelan que las transferencias de las Administraciones Públicas que reciben los individuos de las decilas de renta más pobres, tanto monetarias como en especie, es muy similar a la percibida por los más ricos; que el gasto en educación es tal que sus principales beneficiarios son los ciudadanos con niveles de renta más elevados; que en igualdad de oportunidades, medida sobre la base de diferentes indicadores, estamos a la cola de la Unión Europea, incluso por debajo de muchos de los nuevos miembros; que las ayudas en materia de vivienda, fundamentalmente por la vía de las desgravaciones fiscales, beneficia en términos netos sólo al tercio de familias con mayores recursos económicos; que el sistema fiscal español es estrictamente proporcional, a pesar del principio de progresividad manifestado en el artículo 31 de la Constitución española. Y que todos estos problemas, junto a otros de la misma naturaleza, afectan a los ciudadanos del Estado con independencia del territorio en el que residen.

En países como Holanda, Islandia o los escandinavos, se publican cada cierto tiempo informes sobre los flujos fiscales entre ciudadanos según sus niveles de renta. A éstos les acompañan análisis profundos sobre el impacto que las transferencias del Estado tienen, tanto sobre los incentivos a desarrollar actividades productivas, como en la mejora de las condiciones de vida y del acceso a oportunidades de los principales beneficiarios de las ayudas. Este debate contribuye a ordenar la construcción del Estado del bienestar y, previsiblemente, a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de estos países.

La ronda de contactos del pasado día 29 del Presidente del Gobierno con los líderes de las fuerzas con representación en las Cortes Generales ha constatado que los flujos financieros entre territorios se han impuesto en la agenda política. Todos los grupos con implantación regional han supeditado su apoyo a los presupuestos generales del Estado –o, previsiblemente, su oposición- al incremento de los recursos financieros hacia las Comunidades Autónomas por las que obtuvieron representación. Y todos han hecho uso de las balanzas fiscales recientemente publicadas para sostener los argumentos a favor de sus demandas. Que CiU o ERC se sirvieran de las balanzas fiscales para demandar un tratamiento diferenciado hacia Cataluña era esperable. Lo que resulta sorprendente, sin embargo, es el consenso que estos argumentos despiertan entre otras fuerzas políticas catalanas de izquierdas como el PSC o ICV-EUiA. Ni una sola palabra sobre el impacto de la desaceleración económica en los ciudadanos más vulnerables, si éstos no viven en el territorio de su influencia. Y el resto de fuerzas de izquierdas mirando hacia otra parte.