¿Gitanada?

H2S3

El título es obviamente provocador, recurriendo a un calificativo que es tan deleznable como común en el uso en nuestro país. Y por supuesto, viene a cuento del lamentable escándalo de la expulsión de gitanos desde Francia a Rumanía.

Aunque suene chocante, Sarkozy tiene la ley de su parte. La libre circulación de personas en la Unión admite algunas limitaciones, especialmente para los ciudadanos de los nuevos miembros como son Rumanía y Bulgaria. Todos tenemos derecho a movernos libremente por el territorio de los 27 estados de la Unión, pero no a permanecer en el territorio de uno de ellos por más de tres meses ininterrumpidos, desde luego no lo tienen los ciudadanos de los estados miembros más jóvenes, todavía afectados por cláusulas de salvaguarda temporales. Se estima que un trimestre es el tiempo máximo para hacer turismo o para encontrar trabajo, un régimen equiparable al que se aplica a los ciudadanos extracomunitarios para los que no se exige visado de entrada. Por tanto, la ley asiste a Francia para expulsar a todo ciudadano rumano o búlgaro que lleve más de tres meses en su territorio y no tenga un contrato de trabajo.

Pero una cosa es tener el derecho a hacer algo y otra bien distinta que hacerlo sea moralmente legítimo, especialmente si se desprecian las mínimas formas y se violentan los rigurosos procedimientos garantistas establecidos para la aplicación de las limitaciones a la libertad de circulación.  

Se comprende bien la indignación de la Comisaria de Justicia cuando dijo ayer que le horrorizaba que un país europeo estuviera expulsando a miembros de un grupo étnico desdeñando las enseñanzas aprendidas de la II Guerra Mundial. Para capear la condena del Parlamento Europeo de finales de la semana pasada, Francia había comunicado a Bruselas que las expulsiones formaban parte de un programa de “ayuda al retorno voluntario” que se aplicaba a todos los campamentos irregulares por igual. La falacia quedó demostrada cuando salió a la luz pública una orden a los prefectos pidiéndoles que procedan semanalmente al menos a un desmantelamiento de campamento irregular y, todavía más, cuando se descubrió que dicha orden indicaba que dieran prioridad a la expulsión de gitanos.

Sin embargo, el Gobierno Francés ha despreciado la admonición de la Comisión, como antes hiciera con la condena del Parlamento. Y no contento con ello, Sarkozy se ha atrevido a sugerir que Luxemburgo podía acoger a todos los que están siendo expulsados.

Nadie está exento completamente de culpa cuando se trata del pueblo gitano. Recuerdo cuando en España éramos todos blancos, todos católicos y todos españoles. En aquel tiempo, si veías un negro por la calle tenías la certeza de que era un turista de Chicago, como también de que el árabe que te encontrabas por Marbella era multimillonario, y por tanto no un moro. Por entonces, todo el mundo en España se declaraba no racista. Ahora bien, si señalabas la situación de marginalidad de los gitanos, la respuesta casi unánime era que eran ellos los que no querían integrarse.

Ahora que contamos con un 12% de población extranjera, admitimos tener muchos más prejuicios contra los diferentes. En una reciente encuesta de una institución pública española, el 34% de la sociedad declara tener sentimientos desfavorables sobre los judíos, el 35% sobre los protestantes y el 53% sobre los musulmanes. Entre tanto, la situación de los gitanos no ha variado: hasta la iglesia católica les ha dejado de lado y en consecuencia han abrazado la evangélica en masa. Como tampoco ha cambiado la argumentación de que en realidad son ellos los que se mantienen al margen: una cosa es que quieran mantener sus costumbres, su cultura, y otra que no quieran vivir en un piso antes que en una casa semi derruida. Como siempre, al rico sí se le acepta: valgan como ejemplo Quique Sanchez Flores y Reyes en el Atlético de Madrid, ambos ricos y sin apariencia de gitanos.

Ahora bien, ni en nuestros peores tiempos hemos recurrido a la persecución y hostigamiento colectivos, como ahora está haciendo Francia en el contexto de un supuesto plan de incentivación del retorno voluntario de ciudadanos europeos en situación irregular para el que, para más inri, se les exige a los prefectos que hagan lo posible para que sus operaciones tengan eco mediático.

Los gitanos rumanos son, antes que nada, personas, y merecen el mismo respeto y protección por parte de los poderes públicos, que cualquier otra. Al parecer, la ofensiva francesa responde a un grave incidente acaecido a principios de verano, cuando un gitano murió por disparos de la policía en un control de carretera. Su muerte fue vengada por una turba que trató de asaltar una comisaria y se despachó con todo tipo de actos vandálicos. Reaccionar contra todo el colectivo gitano es un castigo colectivo racista e injusto, intolerable para la ley europea, que no admite la discriminación en la aplicación de las limitaciones a la libre circulación de personas, como debiera serlo para la ley francesa, que no ha recogido apropiadamente las garantías que impone la directiva europea aplicable. Y sin embargo, ya son ocho mil los gitanos repatriados a Rumanía y Bulgaria, mil de ellos desde julio, periodo durante el que la Comisión Europea reflexionaba sobre si debía intervenir.

Claro que, en su descargo, Sarkozy puede argumentar que la Unión no hizo nada contra Italia en 2008, cuando Berlusconi ordenó la confección de un censo específico de los poblados gitanos que incluía su condición étnica y nacional y exigía huellas dactilares.

Hay que admitir que tampoco nosotros, la ciudadanía europea, reaccionamos apropiadamente entonces, como tampoco ahora, al menos la opinión pública francesa, que está mostrando una valoración cada vez más alta de Sarkozy desde que todo esto empezó a plantearse.

Además de inhumana e ilegal en la forma de aplicarse, la política de expulsión de Sarkozy es profundamente ineficaz porque todos los expulsados tienen el derecho a volver a Francia desde el momento en el que toman tierra en Rumanía: la limitación de la estancia en otro país a tres meses es sobre meses consecutivos, no acumulados.

Esto último refleja claramente que la ofensiva tiene como motivación principal la recuperación de la imagen social y popularidad de Sarkozy, muy tocada hasta que se despachó a gusto a principios de verano, estableciendo un vínculo entre inmigración y delincuencia, antesala de las expulsiones actuales.

¿Tiene algún sentido que en pleno Siglo XXI un gobierno europeo se lance a detener y expulsar a miles de personas, hombres, mujeres y niños sin distinción, basándose en su origen étnico? Valga como recordatorio a todos aquéllos que, en momentos de debilidad, se han dejado seducir por la hiper actividad del pequeño Napoleón que hoy gobierna Francia.