¿Faisán o paloma?

El crítico constructivo

Alguno recordará la infame canción del ínclito Pablo Abraira, Gavilán o paloma, que traigo a colación a propósito del caso Faisán, destinado a ocupar un lugar en la historia igual de fugaz que el infausto hit del rubio de bote.

Es posible que los lectores de El País no sepan demasiado sobre el caso Faisán. Se lo resumo. La policía tenía controlado un bar en los aledaños de la frontera con Francia al que solía acudir un jerifalte del PNV acompañando a empresarios vascos que apoquinaban lo que ETA les había exigido. De tanto en tanto, el dueño del bar quedaba con un contacto de ETA para entregarle el dinero. En vísperas de una de esas entregas, que la policía esperaba para atrapar a los criminales con las manos en la masa, uno de los policías que tenía vigilado el bar entró en él y le dio un móvil al dueño del bar, que escuchó el consejo de no realizar la entrega para evitar la detención.

Eso fue el 4 de mayo de 2006. Cuatro días después, el comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia de la policía informó de lo sucedido al juez Grande-Marlaska de la Audiencia Nacional, que dirigía la operación contra el aparato de cobro del “impuesto revolucionario” de ETA en coordinación con la jueza antiterrorista francesa Le Vert. El juez inició una investigación de inmediato y, en paralelo, mantuvo la operación que el 20 de junio acabó por desarticular el entramado etarra con la detención de 12 implicados.

Recapitulemos. El 22 de marzo de ese año, ETA había declarado un “alto el fuego permanente”. El 4 de mayo el a la sazón Presidente del PNV, Josu Jon Imaz, visitaba Moncloa para expresar su apoyo al plan de Zapatero de abrir un diálogo con ETA, que éste formalizó con una declaración institucional en el Congreso, el 29 de junio, que abrió oficialmente el diálogo con ETA.

Grande-Marlaska no pudo proseguir con la investigación del “chivatazo” porque correspondía al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, al que Garzón regresó poco después tras su año sabático en Nueva York. Garzón prosiguió con las investigaciones y citó a declarar como imputados al Director General de la Policía Nacional y al Jefe Superior de la misma en el País Vasco. Asimismo, realizó una comisión rogatoria a la jueza Le Vert para que informara de por qué la policía francesa no había actuado contra el dueño del Faisán cuando, poco después del chivatazo, se desplazó a Francia. La Fiscalía no encontró indicios de delito en la actuación de los imputados. Garzón fue suspendido y reemplazado por el juez Ruz. El pasado mes de enero, la jueza Le Vert transmitió más de 600 folios de investigación sobre el asunto. El juez Ruz declaró secreto parte del sumario, incluidos, al parecer, documentos que obraban en poder del ex jefe de ETA “Thiery”, que atestiguarían que uno de los negociadores del Gobierno español habría asegurado que el aborto de la operación del Faisán habría sido a instancias del Gobierno.

Hasta ahí los hechos resumidos. Examinándolos en detalle resulta todavía más evidente que los mandos de la policía nacional interfirieron en una operación judicial para salvaguardar el entonces incipiente proceso de paz. Cabe estar a favor o en contra de la oportunidad de abrir dicho proceso de diálogo con la banda terrorista. Cabe también argüir que, pese a su carácter fallido a corto plazo, resultó determinante en la deslegitimación social de la banda.

Lo que no cabe en absoluto es considerar que “el chivatazo es como el GAL pero al revés”, como ha declarado recientemente el portavoz popular González Pons, “porque es un caso de guerra sucia contra la Policía”. Semejante dislate no es de extrañar a la vista de sus comentarios sobre la revuelta egipcia: “Lo que ha ocurrido en Egipto demuestra que el pueblo, cuando quiere, puede. En España el pueblo quiere un cambio porque está harto de un Gobierno que ha hecho reformas contra la crisis económica y el paro que no conducen a ningún sitio. Desde Egipto nos han recordado que nos queda mucho para que nuestra democracia sea de verdad”. Ciertamente, si se parte de que Zapatero es igual que Mubarak, el Faisán puede ser como el GAL pero al revés, o cualquier otra cosa que a uno le dé por pensar…

Ahora bien, si nos ceñimos a la realidad como resulta aconsejable, lo del Faisán no es sino una de tantas operaciones policiales en las que la policía administra los tiempos atendiendo a una pluralidad de factores que van mucho más allá de la mera capacidad de detener al presunto delincuente. En ocasiones, la policía consiente que el delincuente delinca para tener más pruebas. En otras, consiente que escape tras el delito para que les lleve a su guarida o hasta sus jefes. En otras más, en fin, la policía se ciñe a las órdenes recibidas –las compartan o no- de sus superiores, que tienen la responsabilidad de conjugar criterios puramente policiales con otros de carácter social y político.

No afirmo nada novedoso. Cuando un grupo de gente corta el tráfico de una carretera, en ocasiones la policía les desaloja por las malas inmediatamente mientras que en otras, en cambio, espera pacientemente sin actuar atendiendo a que los mandos consideran que es más aconsejable no hacerlo, por los motivos que sean: causa legítima de la protesta, número de manifestantes, probabilidad de enfrentamiento violento, etc.

El Gobierno de Zapatero se embarcó en un proceso de diálogo para acabar con la pesadilla de ETA y consiguió que el PNV abandonara su posición soberanista (¿recuerdan el Plan Ibarretxe?). En ese contexto, resulta absolutamente lógico que se abortara una operación que iba a resultar en la detención de un alto cargo del PNV por mediar en el cobro del “impuesto revolucionario”. Y también resulta completamente coherente que prefiriera postergar la operación contra el entramado etarra para darle una oportunidad al diálogo.

El bar Faisán venía siendo controlado por la policía desde hacía años. Seguro que en el pasado hubo mil oportunidades de actuar que fueron descartadas por motivos diferentes en cada ocasión. La postergación en mayo de 2006 tampoco implicó daño alguno para la lucha antiterrorista, como demuestra la desarticulación de la trama pocas semanas después.

Entiendo perfectamente que los que consideran que el proceso de diálogo con ETA fue un error desde el principio, consideren también que habría sido mejor evitar posponer la operación. De la misma manera que los críticos del proceso deberían aceptar que quien decide embarcarse en semejante proceso, con el respaldo de todas las fuerzas políticas parlamentarias excepto el PP, tenga el margen de maniobra necesario para tratar de conducirlo a buen puerto. En este sentido, a nadie se le ocurrió acusar de traición a los responsables del Gobierno Aznar y del PP que se reunieron con los emisarios etarras durante la tregua anterior, en vez de aprovechar la reunión para detenerlos.

Pero no, lo que vale para unos no parece valer para otros. Especialmente si, como en el caso Faisán, la cuestión puede servir para tratar de minar la reputación del candidato electoral in pectore del PSOE en las próximas elecciones generales. En el pasado, el PP ha caído en muchas ocasiones en la tentación de utilizar la lucha antiterrorista en beneficio propio, así que no es sorprendente que vuelva a hacerlo con el caso Faisán. Pero ello no le exime de culpa.

En todo caso, parece absolutamente aberrante que el juez Ruz haya apreciado indicios de colaboración terrorista (delito castigado con hasta 10 años de prisión) en la actuación de los tres mandos policiales imputados. Menos mal que al menos ha abandonado la pretensión anterior de llamar a declarar al Secretario de Estado de Seguridad al considerar que sus comunicaciones con los implicados antes y después del “chivatazo” son las propias de su relación jerárquica con ellos. Ni que decir tiene que esta decisión ha sido protestada y recurrida por la jauría que jalea la instrucción del caso.

Todo lo anterior no obsta para que también sea menester criticar al Gobierno por su manera de afrontar el caso. No es necesario siquiera explicar todo el trasfondo de la historia. Bastaría con contextualizar la operación y admitir que se dieron órdenes por razones de seguridad nacional, interpretada por quiénes tenían la responsabilidad de hacerlo en ese momento.

Lo que se hizo es perfectamente lógico y no tuvo consecuencias lesivas para nadie. No hay nada que ocultar y por tanto no tiene sentido actuar como si lo hubiera. Estoy absolutamente convencido de que todo el folletín habría quedado completamente desactivado si hace ya muchos meses Rubalcaba hubiera salido a la palestra y asumido toda la responsabilidad política del asunto. Van a por él, no contra los policías que se limitaron a cumplir órdenes. Y él no tiene nada que temer, ni en el ámbito penal ni en el político.

Si hace unos meses hubiera cogido el toro por los cuernos, con la coartada de los cientos de terroristas detenidos bajo su mando, la entrega de la comisión rogatoria de la jueza Le Vert no tendría ninguna relevancia política al limitarse a dar algunos detalles sobre lo ya solventado. En cambio, ahora estamos condenados a que el InMundo llene páginas y páginas elevando este episodio totalmente intrascendente a categoría de traición, y a que el PP lo utilice para conectar a Rubalcaba con la guerra sucia contra ETA. En fin, es extraño que alguien generalmente tan avezado en materia de comunicación se haya comportado en este caso como una torpe paloma. Quizás convendría recordar que más vale tarde que nunca.