¿Cadena perpetua? ¿Más aun?

Barañain 

Se ha iniciado la tramitación parlamentaria de una nueva reforma del Código Penal – es decir, de nuevo endurecimiento del mismo, que es algo que periódicamente excita el celo de nuestros políticos -, y vuelve el PP a la carga con su propuesta de “cadena perpetua revisable”, una  nueva pena específica para los delitos considerados más graves, como el asesinato terrorista y la muerte con agresión sexual. La revisión de la pena se llevaría a cabo transcurridos veinte años de su cumplimiento si se  se constata la posibilidad de  reinserción,  el arrepentimiento del preso, que haya satisfecho sus responsabilidades civiles y que la gravedad de la culpa no exija el cumplimiento efectivo de la pena.

Apoyándose en el eco mediático exacerbado de crímenes como los de Marta del Castillo, Sandra Palo o la niña Mari Luz Cortés, los sectores mas radicales de la derecha política y judicial desempolvan periódicamente  el debate de la cadena perpetua o, según la última versión de la recurrente propuesta, de la prisión permanente revisable.  “Se basan en trágicos delitos, muy excepcionales y que conmueven intensamente. Detrás de ellos se observan errores de los órganos judiciales y unos medios de comunicación que expanden el sufrimiento a costa de primeras páginas que elevan sus ventas. Es el escenario perfecto para pedir el endurecimiento del código penal. Hace unos meses el debate se centró en que la edad penal debía de rebajarse a los doce años….. ahora toca el turno a la cadena perpetua…” (declaración de la plataforma “Otro derecho penal es posible”).

Eso sí, cuando se reivindica en la vía pública la cadena perpetua ante un auditorio emocionalmente sensible a ello, nunca se plantea abiertamente la necesaria reforma constitucional que ello exige ni se discuten los datos objetivos de la criminalidad existente en España ni las consecuencias de la respuesta penal.  Todo lo más, se invoca un supuesto “clamor nacional” que exigiría ese endurecimiento. Es lo que hizo Mariano Rajoy cuando anunció la intención del PP de llevar el asunto al Congreso con motivo de la nueva reforma del Código Penal, iniciativa en la que ha sido  secundado por la UPD de Rosa Díez.

Desde el principal partido de la oposición, fue Javier Arenas quien hace unos meses abrió el fuego, siendo pronto respaldado por Esperanza Aguirre: “En los casos en los que se sabe que no hay ningún tipo de arrepentimiento ni posibilidad de reinserción en la sociedad, creo que, aceptando la revisión (de condena) cada X años, no hay por qué descartar la cadena perpetua”. Si ese tipo de pena  existe ya  en otros países europeos, decía Aguirre,   ¿por qué no puede haberlo en España? 

El porqué es bien sabido:   la Constitución Española (artículo 25.2) proclama que  “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Si una persona queda recluida de por vida en una cárcel, se le está negando el derecho a la reinserción, ya que no podrá volver a vivir en sociedad. De ahí que sea difícil encontrar un experto que no considere inconstitucional esa medida. 

Durante milenios, “justicia” fue sinónimo de “venganza”. Este sentimiento,  por supuesto,  sigue estando muy vigente y en muchos países (con EEUU a la cabeza) no sólo es una opción muy popular sino que sigue inspirando su sistema penal. Sin embargo, otras sociedades renunciaron hace tiempo a la venganza como motivación de las penas. Los representantes del pueblo español, en un momento histórico especialmente lúcido como fue el de la aprobación de la Constitución de 1978, consensuaron limitar las motivaciones de las penas privativas de libertad al objetivo de la reeducación y reinserción social. El poder constituyente consideró en ese momento  que ninguna pena privativa de libertad debía tener como objetivo la venganza de las víctimas, sino la reinserción social del delincuente.

La Constitución además prohíbe las penas y tratos crueles e inhumanos, calificativos que sin duda pueden aplicarse a la cadena perpetua.  De hecho, aunque en un sentido estricto con lo de “perpetua” se alude a la pena que dura toda la vida del condenado, por extensión también se suele aplicar a aquellas penas de más de 20 años de prisión por considerarse que un periodo tal privado de libertad produce graves secuelas psicológicas y físicas, inaceptables desde un punto de vista humanitario. Una declaración aprobada por la Abogacía Española el pasado mes de enero habla de efectos físicos y psíquicos “irreversibles” causados por las condenas de larga duración. Algunos estudios psicológicos indican que el periodo de internamiento no debería superar los 15 años porque, a partir de ahí, el deterioro que produce la cárcel hace prácticamente imposible la rehabilitación.

Pero, aparte de eso, lo que debemos  preguntarnos  es  si sirve para algo ese tipo de medidas que son propias de lo que algunos especialistas  denominan el “populismo punitivo”, que se ha extendido por Europa.  Porque frente al argumento de que la cadena perpetua  sería la única respuesta a la «inseguridad y la impunidad reinantes», los datos disponibles revelan que nuestros índices de delitos con violencia se encuentran entre los más bajos de Europa y que las condenas, en cambio, suelen ser especialmente severas, como mínimo desde la reforma del Código Penal de 1995. Lo que  explica que nuestra población penal sea de las más altas de Europa.

Los datos hablan por sí solos: La tasa actual de criminalidad en España es de 47 delitos por cada mil habitantes, muy inferior a la media europea (70,4), sólo por encima de Grecia, Portugal e Irlanda, y lejos de Francia (57,5), Alemania (76,3) o Gran Bretaña (101,6). Las  87 cárceles españolas albergan hoy a 76.000 internos frente a los 33.000 de 1990: un incremento del 130% en los últimos 20 años, cuando el aumento de la población española ha sido en ese período del 20%. Si en España hay 165 presos por cada cien mil habitantes, en Italia -con más de 59 millones de habitantes- hay 92, en Francia -más de 62 millones de población- 96 y en Alemania -82 millones- sólo 89.

En Europa existen países, como Italia, Alemania y Francia, en los que la cadena perpetua se utiliza en los delitos más graves. ¿Es por ello  el Código Penal español más suave que el de esos países? De ninguna manera. Lo que los demagogos evitan explicar a los que airadamente reclaman la cadena perpetua es que de hecho, España ya tiene uno de los códigos más severos para determinados tipos de delitos. En nuestro país, hay delincuentes que no puedan acceder al régimen de libertad condicional sin haber cumplido más de 30 años de cárcel.  Según datos de Instituciones Penitenciarias en las cárceles españolas viven 345 personas que cumplen condenas superiores al límite de 30 años, la mayor de 110 años.

En la mayoría de los países en los que se aplica  la denominada cadena perpetua, estos delincuentes podrían acceder a la revisión de la condena en un plazo que varía de un país a otro – 26 años en Italia, 20/25 años en Gran Bretaña, 20 años en Grecia, 15 años en Francia, Alemania, Austria y Suiza, 12 años en Dinamarca y 7 años en Irlanda-, pero en cualquier caso  mucho antes que en el caso español. Un ejemplo llamativo: en un país con cadena perpetua como Francia,  Philippe Bidart, fundador del grupo terrorista vasco-francés Iparretarrak fue condenado a  dos cadenas perpetuas y 20 años de prisión por varios asesinatos, y sólo estuvo 19 años en la cárcel, algo impensable en nuestro país.

¿Cómo se ha llegado a esta situación paradógica? El Código Penal de 1973 contemplaba un periodo máximo de prisión de 20 a 30 años, lo que en media Europa equivale a una cadena perpetua, aunque existía la posibilidad de redención de condena por motivos varios (por tiempo cumplido, por trabajar, etc.) que permitía acortar la condena final. El Código Penal del año 1995 alargó definitivamente el periodo máximo de prisión hasta los 30 años y eliminó la mayoría de fórmulas para redimir condena. En 2003, en el contexto del máximo consenso antiterrorista,  se acometió otra reforma del Código Penal que instauró lo que bien puede calificarse como una “cadena perpetua encubierta” al  aumentarse el límite máximo de prisión a 40 años e introducir el “cumplimiento íntegro” para las penas por terrorismo. No sólo eso: se endurecieron las penas, se tipificaron  nuevos delitos, se suprimieron las redenciones de condena, se limitó  el acceso a beneficios penitenciarios, al tercer grado y a la libertad condicional.  En 2006, el Tribunal Supremo estableció la llamada “doctrina Parot”: las redenciones de pena se aplican no al tiempo máximo de cumplimiento efectivo, sino a cada una de las condenas individualmente, lo que significa que, extinguida una, comienza a cumplirse la siguiente hasta llegar a los 30 o 40 años.

Ahora, con las cárceles cada vez más llenas entre otras cosas por la tipificación de nuevos delitos (tráfico, violencia de género,…) se vuelve a plantear una nueva vuelta de tuerca, hablándose de penas más duras aún, de la imprescriptibilidad de los crímenes de terrorismo y libertad vigilada de hasta 10 años para ciertos delincuentes aún después de haber cumplido integramente su condena. Y vuelve a invocarse la cadena perpetua, como si esa no fuera ya una realidad en nuestro país. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Acaso plantear, “sin prejuicios”, la conveniencia de reinstaurar la pena de muerte?