¡Estado de Derecho ya!

Mimo Titos

Como todo estudiante de leyes sabe, el Estado de Derecho es un concepto jurídico-político que alude a una sociedad que se gobierna por medio de un conjunto de leyes cuyo obligado cumplimiento para todos garantiza el Estado por medio de la administración, la judicatura y las fuerzas de seguridad.

Frente a una acepción primaria meramente formalista en la que las leyes a cumplir no tendrían que cumplir con ningún requisito de calidad (por ejemplo, tener una base democrática y que su contenido sea conforme con la Declaración Universal de Derechos Humanos), la doctrina moderna entiende que no cabe calificar a la Alemania nazi, por ejemplo, de Estado de Derecho por más que las leyes se cumplieran a rajatabla. En este sentido, la acepción material del Estado de Derecho exige que la confección de las leyes cumpla con unos mínimos democráticos y que su aplicación no sobrepase unos límites objetivos.

El Estado democrático, social y de derecho que estableció la Constitución de 1978 cumple de sobra con estas exigencias juridico-políticas, lo que no es de extrañar dado lo tardío de su aprobación comparado con otros textos fundamentales hoy todavía vigentes. Sin embargo, es cuando menos dudoso que podamos verdaderamente considerar que vivimos en un verdadero Estado de Derecho.

El problema no es que Ibarretxe sea un etnicista pertinaz, ETA perviva, sean muchos los obsesionados con rotular en lenguas vernáculas, el paro esté subiendo o el PP esté atravesando una crisis morrocotuda. Todos ellos son problemas serios pero no afectan a la raíz del sistema. Ni siquiera me refiero al hecho de que el órgano de gobierno del Poder Judicial, su Consejo General, lleve más de un año en funciones dada la incapacidad de los dos partidos mayoritarios de acordar su renovación. No, lo que verdaderamente pone en duda que España hoy sea un Estado de Derecho es la penosa situación en la que se encuentra la administración de justicia.

A resultas de la tragedia de Mari Luz, la Cadena Ser realizó un reportaje absolutamente demoledor sobre un juzgado cualquiera. Las opiniones de los funcionarios entrevistados eran aterradoras. La absoluta falta de medios fue confirmada gráficamente por un reportaje de El País pocos días después: montañas de papeles apiladas en mesas e incluso en medio de los pasillos, ordenadores antediluvianos, personal a todas luces insuficiente en número y en formación, etc. Poco después no se qué Juez que al parecer centraliza todos los casos de violencia doméstica en Madrid, denunció al Consejo General del Poder Judicial la manifiesta incapacidad de llevar a cabo su labor en condiciones, completando su testimonio en los medios de comunicación: “cuando oigo de un asesinato doméstico no duermo pensando si no será uno de los míos”.

Ayer la inspección del CGPJ publicó un informe absolutamente demoledor. Son casi 270.000 las sentencias pendientes de ejecución, de las cuales casi 190.000 son de carácter penal. Es terrible que haya 80.000 sentencias civiles, laborales, contencioso-administrativas, etc, sin ejecutar. Baste pensar en los 80.000 afectados que siguen sin poder cobrar la pensión que un juzgado les ha reconocido, sin poder reintegrarse al puesto de trabajo del que fueron injustamente despedidos, sin poder desahuciar al inquilino que lleva años sin pagarles, sin poder recuperar el dinero que les corresponde por resolución unilateral de un contrato, etc. Pero es todavía peor pensar que son casi 200.000 los casos en los que un juez ha apreciado no ya indicios sino prueba de criminalidad y que sin embargo nuestro Estado de Derecho no se impone: la sentencia queda pendiente de cumplimiento y el transgresor impune, al menos temporalmente.

A esta categoría deben pertenecer los casos recurrentes de personas que robaron algo de escaso valor hace más de una década y a los que la Justicia exige rendición de cuentas varios años más tarde ignorando su plena rehabilitación social en el interin. Nuestro sistema jurídico, repito, de una alta calidad jurídica-política, ha intentado resolver estas situaciones últimamente arbitrando para los delitos menos graves algunas penas más constructivas que la privación de libertad, entre las que destaca la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Esta reforma se realizó en paralelo a la introducción de los juicios rápidos para los delitos menores. El esquema es impecable: los delitos menores los juzgamos rápidamente y aplicamos penas que reviertan a favor de la sociedad y que no impliquen la marginalización del delincuente.

El problema es que el Gobierno, el de la pasada Legislatura y los de las anteriores, se olvidaron casi completamente de poner a disposición de la Justicia los medios necesarios para que el sistema pueda mantenerse a flote. La oleada de asesinatos domésticos que acompañó la llegada de Zapatero al Gobierno en 2004 propició que se reformara la ley en cuestión antes de que entrara en vigor la reforma anterior, endureciéndose hasta límites constitucionalmente dudosos pero quizás necesarios. Ahora bien, lo que era realmente indispensable era proveer a los juzgados y a la policía de los medios necesarios para poner coto a la sangría machista. ¿No es francamente absurdo que por las noches la ciudad de Madrid cuente con sólo 4 policías municipales dedicados a proteger a las mujeres en peligro? En realidad son 2 los que se desplazan en un coche cuando reciben un aviso mientras los otros 2 se quedan en la comisaría por si se recibe otro, en cuyo caso no tienen más remedio que dar aviso al único coche que patrulla por cada uno de los veintitantos distritos de la capital.

El mismo olvido parece haber afectado al legislador a propósito de la reciente reforma penal de la seguridad vial. Todos estamos de acuerdo en que las cifras de víctimas por accidentes viarios son completamente inaceptables pero en vez de acometer actuaciones de urgencia en los llamados puntos negros que concentran la mayor parte de los accidentes, se ha optado por endurecer las penas. Así, desde el 1 de mayo se considera delictivo conducir sin carné y/o sin seguro. Me parece muy bien pero dado que se sabe que son miles los conductores que delinquen de esta manera, habría sido todavía mejor reforzar los juzgados apropiadamente al menos en paralelo al endurecimiento de la legislación.

Dada la aglomeración de procesos por resolver y de sentencias por ejecutar, la adición de miles de procedimientos contra conductores ebrios y sin carné puede acabar de darle la puntilla a nuestro Estado de Derecho, que ni siquiera es capaz de generar suficientes plazas para que los delincuentes condenados puedan pagar sus penas con servicios a la comunidad. No será por falta de tetrapléjicos en los hospitales o ancianos en residencias necesitados de cuidados, o de “sin techos” que requieren asistencia. Ni tampoco por falta de medidas alternativas como por ejemplo la inmovilización del vehículo que seguramente habría sido más eficaz para poner fin a conductas tan indeseables.

Pero no, nuestro legislador hace un trabajo impecable, piensa, contempla opciones, las valora, quizás incluso las discute con la sociedad civil, y legisla un modelo de sociedad que es perfectible pero más que aceptable y que desde luego alcanza un estándar bastante alto en términos de calidad democrática-jurídica. Pero al mismo tiempo, nuestro legislador parece desentenderse de la práctica, de la realidad que subyace a la nueva legalidad creada como si le correspondiera exclusivamente a la Administración arbitrar los medios para que las leyes puedan ser efectivamente cumplidas. En este sentido nuestra separación de poderes es total aunque en realidad es competencia del legislador aprobar el Presupuesto por lo que cabe exigirle que antes de aprobar cualquier nueva medida legislativa examine de oficio el impacto práctico que es previsible que tenga y la acompañe de la provisión de medios necesarios.

Nos quejamos de la baja calidad de la educación, de las listas de espera en la sanidad pública y de tantas otras cosas que merecen atención y sin embargo parece que aceptamos sin rechistar que nuestra Justicia retroceda en calidad a pasos agigantados, sin darnos cuenta de que la capacidad de hacer valer nuestros derechos de forma efectiva, tanto ante las administraciones públicas como ante nuestros conciudadanos, es una condición esencial e indispensable de la democracia, del Estado de Derecho del que lamentablemente no se puede decir que disfrutemos en plenitud, y no por las razones que normalmente se aducen desde la caterva.