¡Abajo los intelectuales!

Ignacio Sánchez-Cuenca 

 

La aparición del manifiesto de los intelectuales encabezados por Savater a favor de una lengua común ha levantado, como era de esperar, una fuerte polémica. No quiero realizar un análisis pormenorizado del texto, pues creo que no vale la pena. Se trata del típico producto que da mala fama al gremio de los intelectuales. Afirmaciones campanudas, exceso de ideología, y desprecio por los hechos. El dichoso manifiesto no se basa en estudio previo alguno; más bien, refleja prejuicios políticos muy arraigados y cae en exageraciones manifiestas, como reclamar una reforma constitucional.

 

Hay trayectorias políticas verdaderamente extraordinarias. Hace siete años, que no es tanto, algunos de los intelectuales firmantes consideraban anatema proponer cualquier reforma de la Constitución. La Constitución era la base de nuestra convivencia y quien se atreviera a cuestionarla estaba poniendo en peligro las libertades “que nos dimos” en 1978. Los mismos sarcasmos y el mismo matonismo verbal que emplean hoy para defender la reforma constitucional del sistema electoral, la recuperación por el Estado de ciertas políticas sociales, etc., ya lo empleaban entonces para estigmatizar a quien defendiera cualquier cambio de la Constitución. 

 

La cuestión principal es muy sencilla de plantear: ¿Es necesario salir en defensa del español, nuestra lengua común? ¿Tiene el español algún problema en España? ¿Se enfrenta el español a alguna amenaza especial? ¿Tenemos algún dato para afirmar que los jóvenes vascos o catalanes ya no saben hablar español? ¿O que están en proceso de perderlo?

 

Me extrañaría que alguien se atreviera a responder afirmativamente a estas preguntas. Es verdad, no obstante, que algunos catalanes jóvenes escriben un castellano cada vez más feo, pues dicen con frecuencia cosas como “han habido muchos problemas” y expresiones similares. También es verdad que los jóvenes del resto de España no escriben mucho mejor, pero eso es culpa de la LOGSE, como sabe hasta el más tonto.

 

No se trata por tanto de defender al español, que se defiende muy bien solito, pues no en vano es la tercera lengua mundial en cuanto a hablantes se refiere. Más bien, lo que hay que dilucidar es si las medidas que se utilizan para promocionar otras lenguas, como el catalán, el vasco o el gallego, son abusivas y suponen una merma de la libertad de las personas.

 

Aquí la lista de agravios es interminable. Los españolistas se quejan de la obligación de estudiar en catalán, de los requisitos de catalán que se exigen en los concursos públicos de las instituciones catalanes, o de la imposición de rotular en catalán en los comercios. Los catalanistas, por su parte, se quejan de que en el Congreso no se pueda utilizar libremente cualquier lengua española, que los trámites y papeles judiciales estén siempre en español, o que no haya películas dobladas al catalán.

 

Desde un punto de vista general, las administraciones de las comunidades autónomas con lengua propia llevan muchos años tratando de compensar la desventaja de partida de esas lenguas. Por un lado, dichas lenguas estuvieron marginadas y reprimidas durante la larga dictadura franquista. Por otro, se trata de lenguas minoritarias, que sin cierto apoyo institucional podrían caer en desuso y quedar como curiosidades etnológicas.

 

A mi juicio, es razonable que se proteja y promocione las lenguas minoritarias. Esas lenguas tienen que superar dificultades muy diversas. Frente al español, que tiene una posición clara de dominio en la esfera pública (televisión, radio, películas, libros, prensa, etc.), las lenguas minoritarias tienen como principal apoyo las administraciones autonómica y local. No es tanto. Además, puesto que catalanes, vascos y gallegos entienden perfectamente el español, los monolingües en aquellos territorios no tienen muchos incentivos para aprender la lengua local. De hecho, no es extraño encontrarse con personas que llevan muchos años en Cataluña y no hablan jamás catalán.

 

En el caso catalán, dada la proximidad de esta lengua con la española, no me parece un abuso que la enseñanza pública sea obligatoriamente en catalán. Es verdad que esta política causa un perjuicio a aquellas personas que están en Cataluña transitoriamente, pero se trata de un mal menor, todo sea dicho. Nadie deja de aprender español por aprender catalán. Y en cuanto a los niños, no me parece tan traumático que aprendan una lengua que hablan muchos millones de sus conciudadanos. Por lo demás, el aprendizaje de idiomas no es una actividad de suma cero: aprender el catalán no impide aprender también inglés. En cuanto a las personas que viven en Cataluña de forma permanente, sería una irresponsabilidad que sus hijos no aprendieran la lengua catalana, pues el día de mañana serán ciudadanos de segunda categoría salvo que decidan mudarse a otro territorio.

 

Tal y como lo veo, los conflictos pueden resolverse con sentido común y pragmatismo, evitando las consideraciones ideológicas que utilizan nacionalistas de uno y otro signo. Sé que se trata de una posición equidistante, de un término medio que puede enfurecer a todos. Pero creo que es fácil pensar en soluciones por encima de ideologías. La Generalitat no debería ser tan cicatera a la hora de reforzar la enseñanza del español. El Estado español debería dar pasos para que los ciudadanos puedan recurrir a la justicia en la lengua que prefieran. Las administraciones regionales no deberían exigir como requisito previo el uso de la lengua. Sería más aconsejable que tuvieran en cuenta otros méritos y que, una vez seleccionado el candidato, éste se comprometiera a aprender la lengua local en un plazo razonable de tiempo. Los nacionalistas no españoles deberían olvidarse de imposiciones, multas y prohibiciones, y los nacionalistas españoles deberían de dejar de atacar el sistema de enseñanza en catalán. Y así sucesivamente.

 

Quitando carga ideológica a estas cuestiones, no resulta imposible encontrar fórmulas razonables de acuerdo. El manifiesto de los intelectuales no avanza precisamente por esta vía.

102 pensamientos en “¡Abajo los intelectuales!

  1. Siguiendo con las citas, pero ahora sobre el otro asunto de estos días, la directiva de la vergüenza. Artículo de Jorge Volpi:

    http://www.elpais.com/articulo/opinion/Perder/papeles/elpepuopi/20080627elpepiopi_4/Tes

    Pego aquí los dos últimos párrafos: demoledores. Algunos deberían ponerse a reflexionar. Ya.

    En su artículo 13, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Uno tiene derecho a vivir y trabajar legalmente en cualquier parte: interpretar este precepto de otra forma significa acotar, impunemente, la igualdad entre los seres humanos. Duele oír que los socialistas españoles hablen de regular la “inmigración legal” y rechazar la “inmigración ilegal”, porque en esta última sólo cabrían quienes han sido arrancados de su país contra su voluntad y, aun en ese caso, la ilegalidad sólo afecta a los tratantes, no a las víctimas.

    Basta de hipocresías: la derecha ha ganado la partida desde el momento en que incluso la izquierda teme defender a seres humanos que sólo persiguen un mejor nivel de vida y cuyo único delito es no haber nacido en el lugar correcto. Hace unos meses viajé de México, donde ahora resido, a Barcelona, una ciudad tan importante en mi mundo imaginario como Salamanca. Por primera vez el guardia fronterizo me exigió mi boleto de regreso y me llenó de improperios al no poder mostrárselo. He vivido casi cinco años en España y no tengo dudas: también es mi país aunque no tenga -y quizás nunca vaya a tener- papeles para demostrarlo. De tenerlos, hubiese votado por los socialistas. Y ahora me sentiría doblemente dolido al constatar su olvido y su traición.

  2. Del Blog de Sade scopio y pego lo siguiente. Es de la época de debates electorales

    CONVIVENCIA LINGÜÍSTICA

    Rajoy: “En Catalunya se multa por rotular en castellano”
    MENTIRA

    “En Catalunya se ha multado a Fincas Nevot con 400 euros por rotular en castellano”, afirmó Rajoy, para atizar su argumento de que en Catalunya se vive una grave persecución del castellano. Esta afirmación es totalmente errónea. La ley de política lingüística (1/1998), aprobada durante el Gobierno de Jordi Pujol (CiU), establece en el artículo 31 que “las empresas (…) deben usar, al menos, el catalán en la rotulación”. Así pues, nunca se ha sancionado por rotular en castellano, sino por incumplir la ley al apartar el catalán de la relación con el consumidor. En este punto incide también el Estatut del Consumidor de 1993. El Gobierno catalán optó, desde la aprobación de su segunda ley de política lingüística (102 votos a favor, 25 en contra –PP y ERC, por distintos motivos– y una abstención), por una línea de normalización del catalán de carácter no coercitivo y no priorizó la actividad sancionadora, que está en manos de la Agència Catalana de Consum. Esta valora la presencia del catalán como un servicio más a los consumidores, y sanciona los incumplimientos respecto a la lengua como lo hace con otras infracciones en materia de consumo. El Govern ha preferido en todo momento facilitar a las empresas las herramientas y el asesoramiento necesario para cumplir con la ley mediante el pacto entre las partes. El fruto ha sido un acuerdo con las principales organizaciones empresariales y asociaciones de comerciantes, y la firma de un gran número de convenios con todo tipo de establecimientos y sociedades. La constatación: solo el 6,8% de expedientes llegó a la fase de sanción en el 2006, con un 1,8% de la cuantía total de sanciones. (1)

    Y me quedan en la memoria RAM (la variante del mítico tintero) toda una serie de anecdotas recogidas sobre la discriminación del catalán pa otro día. No me busque aquí tampoco este fin de semana. Dejo la ciudad y me voy “al territorio”. Intentaré conversar con él, le preguntaré por sus derechos. Todo sea que no me conteste en íbero, porque la habremos cagado.

    (1) http://jesade.blogspot.com/2008/03/verdades-y-mentiras-del-debate-el-libro.html

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